Inversión y comercio electrónico global: ¿Cómo afectará la nueva regulación a importaciones?
El comercio electrónico ha crecido de manera significativa en los últimos años, y los dos Laredos no son la excepción. Es importante voltear la vista a proyectos como PORT-LAREDO, que está trabajando en esta región fronteriza para atender las necesidades de sectores clave como la agroindustria y la industria automotriz y otras.
Desde mayo pasado, se encuentra en revisión en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) un anteproyecto que modifica el Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite las Reglas y Criterios en materia de Comercio Exterior. Este documento ha generado un intenso debate, recibiendo comentarios a favor y en contra por parte de distintos actores económicos.
El anteproyecto establece una nueva obligación para las plataformas de comercio electrónico: deberán recabar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o la Clave Única de Registro de Población (CURP) de los destinatarios o consignatarios, así como el domicilio de entrega. Esto aplica a las pequeñas importaciones que no excedan los $2,500 dólares estadounidenses por mes calendario y que realicen los mexicanos a través de empresas de mensajería y paquetería.
La regulación busca sujetar estas operaciones al cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) cuando los importadores no proporcionen dicha información a las empresas de transporte y entrega de productos. Por un lado, esto podría aumentar la seguridad y la transparencia de las transacciones, ofreciendo mayor protección a los consumidores que realizan importaciones. Sin embargo, por otro lado, podría convertirse en una barrera administrativa que afecte a las empresas de comercio exterior y maquiladoras que dependen de este tipo de operaciones para abastecer sus líneas de producción, especialmente en casos de importaciones urgentes.
El comercio electrónico, o e-commerce, se ha incrementado notablemente y su principal medio de transporte son las empresas de mensajería o “courier”, que manejan entregas rápidas de mercancías. Actualmente, muchas de estas operaciones se realizan a través de pedimentos simplificados, lo cual las exime de ciertas obligaciones, incluso si son importadas a través del Servicio Postal Mexicano
Las Reglas Generales de Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) establecen procedimientos simplificados para operadores logísticos, así como los requisitos para acceder a ellos. Un ejemplo es la aplicación de tasas globales preferenciales para las personas físicas que tributen bajo el Título IV, Capítulo II, Sección IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), quienes pueden optar por importar o exportar mercancías cuyo valor no exceda los $3,000 dólares mediante pedimento simplificado. En este esquema, la determinación de contribuciones se calcula aplicando al valor comercial de las mercancías una tasa global del 19%.
Sin embargo, establecer regulaciones como la propuesta actual, en la que “se cuidan los centavos y se descuidan los millones”, podría resultar contraproducente. Esto contrasta con lo señalado por Claudia Sheinbaum durante su primer discurso como Presidenta, cuando delineó su plan de gobierno en temas económicos, mencionando que se priorizará la inversión y la reducción de trabas administrativas para los sectores productivos y de comercio.
México, como parte del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), se comprometió a impulsar el desarrollo del comercio digital a través de un marco legal que promueva las transacciones electrónicas y garantice la seguridad de los usuarios. Esto incluye la protección de datos personales y la promoción de operaciones comerciales electrónicas seguras que prevengan la vulneración de bases de datos nacionales e internacionales, así como la comisión de delitos como el robo de identidad.
Es fundamental revisar este anteproyecto bajo la perspectiva de la inversión en nuevas tecnologías para alcanzar estándares internacionales máximos. Además, se debe transitar hacia un verdadero gobierno electrónico que facilite el acceso a servicios públicos gubernamentales a través de Internet. Esto no solo mejoraría la eficiencia de la recaudación fiscal y aduanera, sino que también permitiría un mayor crecimiento económico alineado con las tendencias actuales de ciencia, tecnología y energías limpias.
Por lo tanto, es esencial que las autoridades consideren las opiniones de los inversionistas y agentes económicos en la toma de decisiones que impactan el comercio exterior de México, especialmente frente a la próxima renegociación del T-MEC programada para 2026. Se deben reforzar las cadenas de suministro y la producción en la región de América del Norte para impulsar la competitividad global.
Proyectos como PORT-LAREDO son un ejemplo de cómo se puede trabajar en la región de los dos Laredos, en combinación con las necesidades específicas de los sectores de agroindustria y automotriz, para promover el desarrollo regional y mejorar la competitividad de esta zona estratégica.