Afectados por el cierre de Madeira Invest Club piden que se investigue por financiación ilegal al partido de Alvise
La Asociación Nacional para la Defensa del Consumo Español de Servicios considera que la confesión de Álvaro Romillo encaja en los presuntos delitos de blanqueo y financiación ilegal de partidos políticos
Afectados por el cierre de Madeira Invest Club exigen que Alvise devuelva los 100.000 euros
Una asociación de consumidores que representa a varios afectados por el hundimiento y cierre de Madeira Invest Club ha pedido a la Audiencia Nacional (AN) que amplíe su investigación a un presunto delito de financiación ilegal de partidos políticos en relación con la entrega a Alvise Pérez, líder de Se Acabó la Fiesta, de 100.000 euros en metálico.
La Asociación Nacional para la Defensa del Consumo Español de Servicios (Ances) sostiene en un escrito de ampliación de denuncia dirigido al Juzgado Central de Instrucción número 4 de la AN, al que ha tenido acceso elDiario.es, que la declaración de Álvaro Romillo confirmando que el eurodiputado ultra Alvise Pérez recibió en mano 100.000 euros en metálico del chiringuito financiero constituye un “reconocimiento de hechos delictivos” que encajan en los presuntos delitos de blanqueo de capitales y de financiación ilegal de los partidos políticos.
Así, la asociación solicita que se amplíe su denuncia inicial a los delitos de blanqueo y de financiación ilegal de partidos políticos, cometidos supuestamente por Álvaro Romillo, administrador de Madeira Investigados Club, en su modalidad activa.
El escrito reitera la petición de que se cite Alvise Pérez (aforado por su condición de eurodiputado) como testigo y de que el ultraderechista ingrese ante el juzgado los 100.000 euros que recibió “y cuánto dinero o bienes haya podido recibir” de Madeira Invest Club, todo ello “en beneficio” de los afectados a los que representa Ances.
El artículo 304 bis del Código Penal al que alude el escrito, relativo a los delitos de financiación ilegal de los partido político, impone una pena de multa al que reciba “donaciones o aportaciones” destinadas a una formación que infrinjan la ley orgánica sobre financiación de partidos políticos. Las penas de prisión (de seis meses a cuatro años) previstas están vinculadas a donaciones que superen el importe de 100.000 euros.
El Juzgado Central de Instrucción número 4 de la AN abrió diligencias previas el pasado 26 de septiembre por la posible comisión de delitos contra la mercantil Madeira Invest Club tras una denuncia inicial de Ances, una asociación con unos 200 asociados y personada en otros pufos financieros investigados por los tribunales tales como el caso Ninmbus, Herrero Brigantina o Juicy Fields.
A la misma denuncia se sumaron la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas (AAIC) y distintos despachos de abogados, que buscan posibles afectados por la causa y que podrían ser varios miles.
El fundador de Madeira Invest Club, la oficina de inversión apadrinada por el agitador de extrema derecha, entregó el pasado 19 de septiembre un escrito en la Fiscalía General del Estado (FGE) en el que aseguraba que había entregado 100.000 euros en metálico en plena campaña de las europeas al entonces candidato y ahora eurodiputado, según reveló elDiario.es. La confesión iba acompañada conversaciones en las que participa Alvise y que el empresario cripto aportó junto a un informe pericial que acredita su veracidad.
Según la documentación aportada por Álvaro Romillo al Ministerio Público, los 100.000 euros fueron recibidos en mano en Madrid por Alvise Pérez el pasado 27 de mayo, días antes de las europeas en las que su agrupación Se Acabó la Fiesta (SALF) consiguió más de 800.000 votos.
La entrega se produjo en las oficinas de Sentinel BQ, una empresa del mismo dueño de Madeira Invest Club que dispone de 5.000 cajas de seguridad fortificadas en el centro de Madrid y que permite hacer intercambios de dinero bajo una promesa de total confidencialidad: a espaldas de Hacienda y sorteando las medidas antifraude a las que están obligadas las entidades financieras.
La AN investiga el hundimiento y cierre del criptochiringuito en paralelo a la denuncia de la Fiscalía General del Estado remitida a la representación del Ministerio Público en el Tribunal Supremo en la que veía indicios de financiación ilegal en el cobro de Alvise Pérez.