Indultos encapuchados a ETA

El Gobierno está en deuda con EH Bildu y cumple puntualmente con las exigencias de Arnaldo Otegi, que se resumen en dos: legitimar políticamente a la izquierda batasuna y poner en la calle a los etarras aún en prisión. Ambos objetivos van quemando etapas, con la cordialidad y el entendimiento que solo dos buenos socios saben conservar. Sánchez tiene en Otegi a su aliado más fiable y discreto, aunque se le escapara aquello de «presos por Presupuestos». Los hechos son irrefutables: competencias penitenciarias al Gobierno vasco, excarcelaciones de presos etarras no recurridas, alcaldía de Pamplona al candidato bildutarra, seguridad ciudadana al dictado de la izquierda batasuna y, finalmente, reforma legislativa para restar retroactivamente las penas impuestas por los tribunales franceses a terroristas condenados en España. Esto último forma parte de la agenda dura de desmantelamiento del Estado de derecho contra el terrorismo. EH Bildu vienen reclamando desde hace años la derogación del cumplimiento íntegro de las condenas –pactado por el PP y el PSOE en el acuerdo antiterrorista de 2000– y la modificación de la Ley Orgánica 7/2014, que solo permite beneficiar a terroristas con las condenas impuestas por Francia a partir del 15 de agosto de 2010, tal y como refrendaron el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Inconcebiblemente, el Gobierno consiguió el pasado septiembre que el Congreso aprobara por unanimidad una reforma que elimina ese límite temporal, de manera que las condenas impuestas por tribunales franceses a etarras antes de esa fecha podrán ser descontadas de las impuestas por los tribunales españoles. La consecuencia práctica, por ejemplo, es que Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote', sería puesto inmediatamente en libertad. Y lo mismo sucedería con otra decena de terroristas. El Gobierno de Pedro Sánchez continúa la senda abierta por Rodríguez Zapatero para que ETA deje de ser memoria viva –y criminal– de nuestra democracia y se convierta en un actor político en la dirección del Estado. Un socio como Otegi merece no tener escrúpulos con los casi novecientos asesinados por ETA y Sánchez no tiene reparo moral ninguno en demostrarlo. Estamos ante un proceso de indultos encubiertos a los peores asesinos de ETA, sin que haya mediado petición de perdón, arrepentimiento público ni colaboración activa y generalizada en el esclarecimiento de los casi trescientos asesinatos pendientes de aclarar. Cuando ABC alertó en enero de 2022 sobre esta iniciativa del Gobierno, guardada hasta ahora en un cajón, La Moncloa no tardó en negar la mayor a través de cartas de desmentido dirigidas a las víctimas. Estamos ante otro cambio de opinión. Resulta incomprensible que el PP diera su apoyo a esta reforma en la creencia de que se trataba solo de una mera trasposición de la normativa europea. Parece mentira que el PP trate con este candoroso rasero leguleyo la trasposición de una directiva, como si la experiencia no demostrara la importancia que tal operación legislativa tiene en aspectos esenciales de la vida pública española, como la lucha contra el terrorismo. Pero aún más inverosímil es que nadie en el Grupo Popular reparara en la trascendencia de la eliminación de ese límite del 15 de agosto de 2010 en el cumplimiento de condenas a presos de ETA. El PP debe someter este error a una seria autocrítica de procedimientos, personas y organización, sin que esto desvíe la responsabilidad del Gobierno por sus pactos con EH Bildu y sus argucias para alterar la ley por la puerta de atrás. Nada de lo que propone este Ejecutivo en relación con los tribunales o la ley penal es inocente.