"Armas fantasma" y derechos de transgéneros en la agenda de la Corte Suprema de EEUU
La Corte Suprema de Estados Unidos regresa el lunes de su receso estival con la regulación de las armas de fuego fabricadas a partir de kits y la atención médica a los jóvenes transgénero en el orden del día.
Se trata de discusiones que, según expertos, corren el riesgo de colapsarse en caso de que las elecciones presidenciales del 5 de noviembre sean disputadas.
David Cole, director jurídico de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que suele llevar casos ante el máximo tribunal, dijo que espera "un mandato mucho más tranquilo que el que hemos tenido en los últimos dos años".
"Pero ya sabes, eso podría cambiar si las elecciones presidenciales son reñidas y disputadas", añadió Cole en una referencia a posibles demandas derivadas de la contienda por la Casa Blanca entre el republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris.
En una decisión histórica el pasado mandato en un caso presentado por Trump, que está acusado de conspirar para anular los resultados de las elecciones de 2020, el tribunal de mayoría conservadora dictaminó por 6-3 que un expresidente tiene amplia inmunidad frente a procesos penales.
Los magistrados también desestimaron un fallo de un tribunal de Colorado que habría excluido a Trump de las votaciones de noviembre por su papel en el asalto al Capitolio estadounidense por parte de sus partidarios el 6 de enero de 2021.
Uno de los primeros casos que verán los jueces, el martes, se refiere a las llamadas "armas fantasma": armas de fuego que se venden por Internet o en tiendas como kits de "compra, construye y dispara" que pueden armarse fácilmente en casa.
La corte estudiará la impugnación por parte de fabricantes y propietarios de armas de una norma de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) que exige que las armas fantasma, al igual que las demás armas de fuego, lleven un número de serie y que sus compradores se sometan a un control de antecedentes.
Según cifras de la ATF, en 2021 se recuperaron unas 20.000 armas fantasma en escenarios de crímenes en Estados Unidos, un incremento por diez de las registradas en 2016.
- LGBT, pornografía, armas -
Otro caso de gran repercusión, descrito por Chase Strangio, abogado de la ACLU, como uno de los "casos LGBT más significativos" que jamás hayan llegado a la Corte Suprema, tiene que ver con la cuestión profundamente divisiva de la atención de afirmación de género para jóvenes transgénero.
El Departamento de Justicia está impugnando una prohibición de Tennessee sobre tratamientos para menores transgénero, como bloqueadores de pubertad o terapia hormonal. Tennessee es uno de las dos docenas de estados dirigidos por republicanos que aplican este tipo de restricciones.
En abril, el tribunal permitió que entrara en vigor una prohibición similar, en Idaho, mientras prosiguen los recursos judiciales. Según la ley de Idaho, los profesionales médicos que proporcionen tratamientos a menores pueden enfrentarse a penas de hasta 10 años de cárcel.
La Corte Suprema conocerá también de la impugnación de una ley de Texas que obliga a los sitios web pornográficos a verificar la edad de los visitantes para limitar el acceso de los menores a contenidos sexuales en línea.
Asimismo, ha aceptado decidir si puede seguir adelante una demanda de 10.000 millones de dólares presentada por México, que acusa a los fabricantes de armas estadounidenses de alimentar el narcotráfico y la violencia.
Smith & Wesson y el distribuidor de armas Interstate Arms pretenden que se desestime la demanda del Gobierno mexicano, que lleva desde 2021 dando vueltas por los tribunales estadounidenses.
Las sentencias políticamente cargadas, los escándalos éticos y la decisión de hace dos años de anular el derecho al aborto en todo el país han contribuido a que los índices de aprobación de la Corte Suprema sean casi mínimos, especialmente entre los demócratas.
El presidente Joe Biden propuso en julio reformas en el máximo tribunal estadounidense, entre ellas limitar el actual nombramiento vitalicio de un juez a un mandato de 18 años. Sin embargo, hay pocas o ninguna posibilidad de que se aprueben en un Congreso profundamente dividido.
cl/bbk/atm/dga