El Gobierno pone en la mira dos empresas públicas y planea privatizarlas lo antes posible

A largo plazo, los libertarios puros que ocupan altos cargos jerárquicos del Gobierno sueñan con la posibilidad de que el Estado Nacional se deshaga de todas las empresas públicas que hoy en día tiene. Esta decisión actúa en tándem con la decisión de comenzar a disolver la mayor cantidad de organismos públicos posibles. Según justificó una altísima fuente de Casa Rosada a El Cronista: "Son una diagonal para hacer negocios y gastar guita".

Con esa particular definición es que la mesa chica presidencial arengaba la decisión de privatizar y disolver ciertas jurisdicciones estatales. Una primera medida se decidió esta semana, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el cierre del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento. "Vamos a cerrar el Enohsa, que es un antro de corrupción", anunció.

"Se creó en 1995 para, supuestamente, hacer una obra o dos. Pero claro, después le encontraron la vuelta. Existe una Subsecretaría de Recursos Hídricos, ¿para qué necesitás el Enohsa?", dijo al ser entrevistado en LN+.

Esa misma lógica es la que parece operar en la cúpula del Gobierno. Una fuente inobjetable consultada por este medio dio otros ejemplos de operaciones similares que están en cartera. "Hay cosas que no entendemos por qué siguen en pie. ¿Para qué necesitás a una empresa como Corredores Viales?", afirmó.

Privatizaciones: el caso de Corredores Viales

La compañía vial es una de las pocas compañías que quedaron sujetas a privatización en el Artículo 7 de la Ley de Bases junto a Intercargo SAU, Energía Argentina S.A. (Enarsa), Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA), Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y Belgrano Cargas y Logística S.A.

¿Es una posibilidad de que si ese proceso de privatización no avance con la rapidez que espera el Gobierno se puedan traspasar el manejo a alguna secretaría estatal? Parece altamente improbable, aunque las mismas personas de la compañía vial no descartan un giro del timón. De cualquier manera, la Ley 27742 habilita que Corredores Viales sea privatizada de manera total o que se concesionen los tramos de las autovías que maneja.

El principal esquema que rige hasta el momento es la concesión de los más de 6000 km de autovías que maneja la compañía, distribuidos en diez tramos que en total cruzan a 13 provincias distintas. Hay algunas más atractivas que otras: una de las más codiciadas es el Tramo IX -que consta de 50,30 km- y que comprende, principalmente, a la Autopista Ricchieri.

Para que a los ojos de los inversores ese tramo sea más atractivo, la nueva dirección -conducida por el exlegislador porteño y directivo de AUSA, José Luis Acevedo, quien además tiene amplísima confianza de Diego Santilli, un dirigente que está cada vez más alineado con la conducción libertaria- decidió implementar el Telepase en el 100% de los peajes de esa vía. La próxima sería el segmento de la autopista Ezeiza-Cañuelas y se trata de un proceso que buscan extender a nivel nacional.

La mira en la AGP y las flexibilizaciones para privatizar

Otro de los ejemplos aludidos por altos funcionarios de la Casa Rosada fue la Administración General de Puertos. "No necesitamos que haya una compañía que audite y que cumpla funciones que tranquilamente la puede hacer otra área como la Subsecretaría de Puertos", afirman.

La referencia tiene paragón con una disolución ocurrida meses atrás, cuando se disolvió el Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable Troncal y se trasladaron todas sus funciones a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.

A diferencia de Corredores Viales, la AGP no está encuadrada en el apartado de las privatizaciones de la Ley Bases.

Aun así, se trata de una revelación de que la compañía administradora de puertos está en las principales consideraciones de la mesa chica mileista. La semana pasada trascendió de que hay otras cinco compañías de que seguirían el caso de Casa de Moneda, que la semana pasada el vocero presidencial Manuel Adorni anunció su reestructuración y el cierre de la ex Ciccone: "Tiene poco sentido seguir con este absoluto despilfarro".

Corredores Viales y la AGP tienen una diferencia para nada menor: la primera es una Sociedad Anónima, mientras que la segunda es una Sociedad del Estado. Además, la empresa de puertos no puede ser enajenada del Estado Nacional sin autorización del Congreso.

Antes de hacerlo, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a cargo de Diego Chaher, está haciendo el proceso de limpieza de cada una de las S.E. para que puedan pasar a S.A., una forma jurídica que habilita a hacer el traspaso de su capital accionario o de su manejo a privados. La principal complicación de todo ese proceso es la confección de los balances, ya que muchos están desactualizados y es difícil hacer su registro.

Este lunes hubo una novedad al respecto. El titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, explicó durante un evento por la Semana Mundial del Inversor que se flexibilizarán las condiciones por las cuales las empresas a privatizarse deben rendir cuenta de sus balances.

"Hay sociedades por privatizarse y hay una idea de hacerlo vía mercado de capitales. Buscamos flexibilizar la parte de la presentación de balances, algo que les cuesta cumplir a sociedades en manos del Estado. (...) Sobre los balances buscamos igualar la vieja norma de los ‘90. Cuando una mira a las empresas públicas, no cumple balances como cualquier empresa privada", agregó.