Indemnizaciones: cómo es el plan de CABA para reducirlas y ajustar la fórmula de cálculo
El Gobierno porteño sigue adelante con su plan para crear un fuero laboral local que tenga entre sus objetivos agilizar los juicios laborales y reducir el cálculo de las indemnizaciones que, en la actualidad, se encuentran en manos de la Justicia nacional.
Este lunes, el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, se presentó para informar los lineamientos generales del proyecto ante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación Laboral y Justicia de la Legislatura porteña.
Allí, el abogado especialista en derecho laboral indicó que la iniciativa contempla la creación de diez juzgados laborales y dos Cámaras de Apelaciones con jueces designados en la jurisdicción porteña.
Según estiman en el oficialismo, la propuesta obtendría luz verde en el recinto, pero podría encontrar resistencias en otros ámbitos como el sindical o de la Justicia Nacional. Por ese motivo, calculan que su implementación dependerá de lo que la larga que decida la Corte Suprema de Justicia.
Indemnizaciones: el plan de CABA para reducirlas y ajustar una nueva fórmula de cálculo
"A 30 años de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, aún sigue pendiente el traspaso de muchas competencias para el ejercicio pleno de esa autonomía" afirmó Tapia. Y sostuvo que "el objetivo es lograr el mejor proyecto que se pueda para retomar la transferencia de la competencia en el fuero laboral".
Cómo ejemplo de lo que plantea resolver el proyecto, sostuvo que "ante la resolución de un conflicto laboral, en la justicia nacional conlleva entre 5 y 8 años de duración. Es un montón de tiempo. Por lo que, desde el rol que me toca ocupar y desde el rol que a los legisladores les toca, tenemos que dar una herramienta al trabajador, la posibilidad de tener una resolución en un corto plazo". En ese sentido, desde CABA creen que se podrían llegar dictar sentencias firmes en aproximadamente un año y medio.
También explicó que están "conversando con los gremios, con los representantes de los trabajadores en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires" y anticipó la realización de mesas de diálogo social.
Según su explicación este proyecto apunta a los sectores de gastronómicos, comercio, carga y descarga, tecnologías, entre otros. La propuesta contempla la puesta en funcionamiento y creación de 10 juzgados del trabajo y 2 salas, y el concurso de 16 cargos.
Entre los puntos más destacados, el ministro afirmó que "vamos a conjugar un sistema procesal ágil, que se adapte a los vínculos laborales de estos tiempos; incorporar la tecnología en los distintos fueros. Le vamos a dar valor probatorio a la prueba digital. Avanzar en la aplicación del expediente judicial electrónico, la realización de las audiencias virtuales y las notificaciones electrónicas".
Además, y tal como se desprende del texto presentado, el plan incluye avanzar con un nuevo esquema de cálculo para indemnizaciones más fijo que el que se utiliza en la actualidad para evitar "fallos desproporcionados".
Resistencia sindical y de la Justicia nacional
Pese a tener los votos para conseguir el visto bueno de la Legislatura, el oficialismo tiene dos frentes de resistencia a la medida: el sindical y el de la Justicia Nacional.
Julio Piumato, secretario general del gremio de los Judiciales, afirmó que la creación del nuevo fuero es "un intento por reducir derechos laborales a través de modificaciones en los fallos judiciales".
Desde el gremio rechazan rotundamente la medida y señalan que "la justicia laboral debería federalizarse, no ser local"
Además, la ley 24.588, conocida también como "Ley Cafiero", impide el traspaso de algunos fueros nacionales a la Ciudad.
"La Nación conserva todo el poder no atribuido por la Constitución al gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires, y es titular de todos aquellos bienes, derechos, poderes y atribuciones necesarios para el ejercicio de sus funciones", señala el artículo 2° de la ley sancionada en 1995.
La Nación ya traspasó la Policía Federal (hoy Policía de la Ciudad) y parte de la Justicia nacional. Lo hizo a través de un acuerdo entre ambos gobiernos, que luego fueron refrendados por el Congreso y la Legislatura.