La extorsión, el cáncer que golpea a empresarios de todos los rubros
“Paga cinco mil soles o te dejamos una granada en la bodega”, le advertía una voz anónima. María colgó sin dudar. Pero el alivio le duró poco. “¿Vas a pagar o prefieres gastar en tu funeral? Tienes 24 horas”, decía el mensaje que recibió al día siguiente en su teléfono, junto con un video en el que se veía a un hombre haciendo disparos. Ese fue el inicio de su peor pesadilla.
¿Qué debía hacer? ¿Llamar a la policía? ¿Responder? Optó por la última opción. “¿De dónde voy a sacar esa cantidad? No gano tanto”, contestó el mensaje, con la esperanza de que el extorsionador cediera. Sin embargo, la respuesta fue aún más cruel: “Si no pagas, tu hermana será la siguiente”. María solo tenía 24 horas para decidir si pagaba o enfrentaba las consecuencias. Eligió pagar.
No es la única. De enero a julio, 9.792 bodegueros han sido extorsionados por organizaciones criminales solo en Lima y Callao.
Pero, además de estos emprendedores, otros sectores se han visto gravemente afectados por la extorsión. Industrias claves como la construcción, farmacias y transporte, así como los comerciantes de Gamarra, son víctimas de estas redes criminales desde hace años.
Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú (ABP), señala a La República que los bodegueros, por miedo, no denuncian estas extorsiones y prefieren pagar cupos de entre 300 y 400 soles semanales para evitar represalias.
Asimismo, indica que las zonas más afectadas por la delincuencia son San Juan de Lurigancho, Chosica, Ate y Santa Anita, seguidas por Independencia, Los Olivos, Comas y Puente Piedra.
“Los criminales piden cupos con la farsa de brindar protección al negocio contra otras bandas. Cuando el dueño paga, le colocan un sticker supuestamente para que se sepa que ese negocio está protegido”, narra Choy.
Y ante el incremento de la delincuencia, menciona que sus asociados han decidido colocar un pañuelo blanco en sus negocios como símbolo de paz.
Esto se debe a que, cuando denuncian estos delitos en las comisarías, los criminales regresan con mayor agresividad y les aumentan el monto del cupo. Por ello han perdido la confianza en las autoridades, ya que no saben cómo los delincuentes se enteran cuando alguno presenta una denuncia.
“Solicitamos al Gobierno y a las instituciones correspondientes, como el Poder Judicial y el Ministerio Público, que se encarguen de sancionar a los criminales, porque cuando la policía los captura, luego los sueltan como si nada. Después, ellos vuelven contra nosotros. Por eso ya nadie quiere denunciar. Los bodegueros ni siquiera quieren salir de sus casas. Esto es grave,” agrega.
Van 24 dirigentes asesinados
En esa línea, César Soberón Estela, secretario de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), señala que hasta este mes son 24 los dirigentes asesinados por secuaces del crimen organizado.
Recuerda que la última víctima fue el secretario general del Sindicato de Lima y Balnearios, Arturo Cárdenas, quien fue atacado por un sicario frente a la sede de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú.
Soberón explica que las bandas criminales no solo extorsionan a los empresarios, sino también a los obreros, ya que les piden entre 500 y 1.000 soles por cada plaza.
“La modalidad de este grupo de criminales es, primero, registrarse como sindicato en el Ministerio de Trabajo y en las direcciones regionales de trabajo. Luego, estos seudosindicatos se contactan con los empresarios encargados de la obra para exigirles un monto elevado a cambio de dejarlos trabajar tranquilos”.
César Soberón resalta que estas organizaciones han tomado el control de casi todas las obras importantes en el país, como el megapuerto de Chancay. “Piden entre el 1 y 2% del costo total de la obra”.
Más de 6.000 boticas afectadas
Otros de los sectores afectados son las boticas y farmacias independientes, que también son blanco de la extorsión y robos a mano armada. Aly Villarroel, presidente de la Asociación Nacional de Boticas y Farmacias Independientes del Perú (Anabif), señaló que entre 6.000 y 7.000 negocios de este rubro están siendo extorsionadas a nivel nacional.
“Solo en el cono norte hay más de 2.000 boticas que están pagando cupos. Y debido a este grave problema, varios dueños están considerando cerrar sus negocios por miedo”.
Ante este panorama desolador, Villarroel exige al Congreso y al Ejecutivo medidas concretas y acciones inmediatas para combatir la ola de delincuencia que afecta a miles de peruanos emprendedores. “No basta con solo declarar el estado de emergencia,” añade.
Ante esta situación, la asociación decidió sumarse a la movilización que se realizará el 10 de octubre, que tendrá una duración de 72 horas.
Espacios lotizados en Gamarra
Susana Saldaña, presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Gamarra, indica que las bandas criminales que operan en ese emporio han lotizado espacios públicos para cobrar cupos a los comerciantes informales que llegan a esta zona para vender sus productos.
“Recibimos cartas, balas y mensajes exigiendo pagos que van desde 5.000 hasta 20.000 soles. Si no colaboramos, amenazan con dinamitar nuestros locales”, afirma.
Asimismo, explica que estas amenazas vienen desde años anteriores y, sin embargo, el Gobierno parece ignorarlo. “No está cumpliendo con su deber y por eso exigimos la derogación de la llamada ‘ley procrimen’ (n° 32108), que beneficia a los extorsionadores”.
Siguen las extorsiones
Martín Valeriano, presidente del gremio de transporte Anitra, dice que, a raíz del estado de emergencia, las extorsiones se han intensificado, al igual que los ataques de las organizaciones criminales. “Las amenazas y ataques contra nuestros transportistas continúan. Vamos a dar tiempo para evaluar las acciones del Ministerio del Interior. Esperamos soluciones”.
Por su parte, Mario Arce, presidente de la Confederación Nacional de Mototaxistas del Perú, indica que los conductores de vehículos menores pagan entre 8 y 10 soles diarios de cupo a las bandas criminales para poder trabajar tranquilos. Además, ante el aumento de la delincuencia, solicita que se modifique la ley del SOAT para ampliar la cobertura del seguro a muertos y heridos por actos delictivos.
Por ese motivo, el 28 de octubre realizarán una movilización por la seguridad ciudadana. ¿Servirá para acabar con las extorsiones?
Asociación de pymes en contra de extorsiones
La Asociación de Gremios de Pequeñas Empresas del Perú dará una conferencia hoy (12 m.) para expresar su posición respecto a la ola de extorsiones y asesinatos que afecta a sus asociados.
Al menos 33 organizaciones de la sociedad civil han manifestado su apoyo a la paralización del servicio de transporte urbano de pasajeros en Lima y Callao, convocada por Asotrani Perú para este jueves.
La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) anunció una movilización nacional para el 24 de octubre, en protesta por la falta de estrategias del Gobierno para enfrentar al crimen organizado.