Más de veinte nuevas normativas y regulaciones a las que se han tenido que adaptar las empresas constructoras en las últimas dos décadas han incrementado sus gastos generales en un 50% , presionando aún más el margen de beneficios y haciendo cada vez más compleja la contratación con la Administración Pública que tiene topado el porcentaje que se puede repercutir por este concepto en las licitaciones. Y estos gastos sólo «por levantar la persiana» se suman a la escalada de precios de los últimos años que han disparado el coste de los materiales y de producción de estas compañías. Tal y como señalan desde la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), la principal patronal del sector que da empleo a 1,4 millones de trabajadores, este problema se ha agravado en los últimos años con la incorporación de regulación procedente del ámbito de la Unión Europea. Y señala, entre el pliego de nuevas exigencias, el efecto que ha tenido el incremento exponencial del salario mínimo interprofesional (SMI) que si bien no afecta directamente a los contratos de la construcción si que lo hace sobre los servicios que se externalizan, los cuales se han encarecido de forma sustancial por esta circunstancia. Cabe recordar que en las últimas dos décadas el SMI se han incrementado un 79% (pasando de los 490 euros a 1.135 euros mensuales en 2024) y que sólo en los últimos cinco años la subida acumulada es del 54%. Este punto, al margen de la presión ya advertida por la patronal por el aumento de precios no repercutible en los contratos de larga duración a causa de la ley de desindexación (que impide revisiones de contratación pública ante escenarios inflacionistas como en este último trienio), este aumento de los costes generales también tiene un efecto directo sobre la contratación con el Estado y los diversos entes administrativos. Sobre el primer aspecto, la CNC recuerda que la subida de los gastos generales se suma al incremento de los costes asociado a las tensiones inflacionistas de los últimos años que han llevado los precios de los materiales y de la energía hasta máximos históricos, sin haberse aprobado un mecanismo para revisar los contratos públicos, alertando de las posible consecuencias si no hay una contraprestación paralela por parte de la Administración. Mientras que sobre los costes regulatorios, la organización dirigida por Pedro Fernández Alén recuerda que el volumen de costes que pueden repercutir las constructoras a los órganos de contratación es actualmente del 13% , «a todas luces insuficiente». Así, para evitar un posible parón de la contratación pública, CNC también propone modificar el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y recuperar la horquilla del porcentaje entre el 16% y el 20% de gastos generales que pueden repercutir las constructoras sobre el presupuesto de ejecución material -que ya estuvo recogido en la normativa reglamentaria hasta 1987-. Señalan dese la patronal que de los once contratos que han sido objeto de estudio para realizar la composición de estos gastos generales cuyo incremento está asociado a las nuevas normativas, se han observado que de media oscilan entre el 14,6% y el 21,9% van los gastos totales del contrato licitados. Sensiblemente superior al volumen legalmente repercutible. Según el presidente de CNC, Pedro Fernández Alén , «las constructoras llevan años soportando incrementos de gastos, tanto directos e indirectos como generales, sin recibir ninguna compensación» y asegura que «el Gobierno puede fácilmente, sin necesidad de modificación normativa, elevar al 17% los gastos que pueden repercutir las empresas a todos los órganos de contratación, lo que no terminaría de solucionar los problemas, pero al menos aliviaría la situación». Sobre estos mimbres de incremento de costes que cada vez estrechan más el margen de beneficios de las constructoras se eleva una problemática creciente de falta de mano de obra que parece sólo puede agravarse de cumplirse la hoja de ruta del Gobierno por diferentes frentes. De entrada, la patronal recuerda que mientras que antes de la Gran Recesión el sector empleaba a 2,7 millones de trabajadores, la fuerza laboral se han reducido en este momento al entorno de los 1,4 millones de empleados. Pero más allá, el impacto de medidas como la reducción de jornada podrían ahondar en el problema de la mano de obra. De hecho, Pedro Fernández Alén apunta sobre esta caso en dos direcciones: por un lado, llevar la materia al entorno de la negociación colectiva y si el Gobierno lleva a cabo la reducción legal obligatoria, observar las particularidades de cada sector. Aseguraba que en todo caso reducir esa jornada de manera forzosa debería ir necesariamente acompañado de flexibilizar la jornada voluntaria . Recordaba el presidente de la patronal de la construcción que, de media, el sector pasaría de 1.736 horas anuales pactadas en convenio a 1.712 horas. Por otro lado, recordaban desde la CNC que si antes del anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el sector contaba con una falta de mano de obra de unos 700.000 trabajadores , poner en marcha la construcción de 184.000 viviendas como plantea el Ejecutivo demandaría la incorporación de cerca de otros 700.000 empelados en el sector. Y recuerdan que si el ritmo óptimo de producción para cumplir con los parámetros tanto de la oferta pública como la propia del sector privado está en el levantamiento de unas 150.000 viviendas anuales, el volumen actual al que se puede hacer frente está entorno a las 85.000 viviendas. En este sentido, Alén incidió en el problema creciente de las licitaciones públicas que quedan desiertas y atribuyó este hecho a que la contratación pública está «totalmente enferma». Como causas, la patronal llama la atención acerca de la mencionada escasez de trabajadores, la falta de un mecanismo para revisar los precios de los contratos, del abuso de los medios propios por parte de la Administración o de los problemas que genera el actual sistema de clasificación. En concreto, y según los últimos datos disponibles, en el primer trimestre de 2023 quedaron desiertas 318 licitaciones , de manera que no se pudieron ejecutar obras por valor de 189 millones de euros . En el conjunto de 2022, casi el 10% de las obras tampoco tuvieron empresas licitantes. Se trata de una situación que afecta a la ejecución de las ayudas comunitarias asignadas en el Plan de Recuperación , pero también a la construcción de viviendas, que urge acelerar frente al actual desajuste que sufre con respecto a la creación de hogares, lo que en opinión de CNC podría desatar una «crisis inédita en España».
