Más de 40 mil tortillerías se beneficiarían en el país
La resolución preliminar de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) contra Gruma, líder en la producción de harina de maíz en México, en la que se le ordena vender cinco plantas, podría marcar un punto de inflexión en la industria de la harina del maíz y beneficiar al 40 por ciento de los pequeños y medianos negocios que venden tortillas, según Blanca Estela Mejía Castillo, presidenta y fundadora de la Red de Maíz.
“Gruma controla el 40 por ciento del mercado de la harina de maíz en México. Esto significa que, de los 110 mil negocios que existen, más de 40 mil se verán beneficiados con esta medida, siempre y cuando se impulse la nixtamalización”, comentó Mejía en entrevista.
De acuerdo con la presidenta del organismo, esta medida llega tras décadas de quejas por el dominio de Gruma en el mercado. Añadió que los industriales de la masa y la tortilla han manifestado gran emoción, ya que con las posibles acciones para eliminar las prácticas monopólicas de Gruma, los pequeños productores tradicionales y negocios podrían finalmente ser beneficiados.
Sin embargo, Mejía también señaló que existe incertidumbre dentro del gremio de productores y empresarios, quienes temen que otra harinera ocupe el espacio preponderante que Gruma dejaría.
“Si se elimina del mercado la preponderancia de Gruma, sin duda llegará otra harinera a ocupar ese espacio. Lo que se requiere es una política del gobierno para incentivar nuevamente la industria de la masa nixtamalizada”, añadió.
Un factor crucial en la reactivación de la industria de la tortilla es el impulso de la nixtamalización, un proceso tradicional que ha sido desplazado por la producción industrial de harina. Este método no solo tiene beneficios nutricionales y de sabor, sino que además fortalece la economía local, de acuerdo con la fundadora de la Red de Maíz.
Mejía destacó que la industria de la masa nixtamalizada ha sufrido un gran retroceso debido al predominio de las harinas industrializadas, de ahí que se requieran políticas públicas que incentiven la producción a pequeña escala.