Gobierno propone gastar ¢3.000 millones en referéndum para una ley que ya existe
El gobierno de Rodrigo Chaves presentó una tercera versión de la “ley jaguar” con la que insiste en efectuar un referéndum que costaría ¢3.000 millones, a pesar de que el nuevo texto incluye un solo artículo para establecer algo que ya existe: la imposibilidad de que la Contraloría General de la República (CGR) sustituya funciones que competen a la administración activa.
El Poder Ejecutivo presentó el plan a la Asamblea Legislativa, al tiempo que Édgar Espinoza, esposo de la diputada Pilar Cisneros, lo llevó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Laura Fernández, ministra de la Presidencia, se refirió a la iniciativa en Casa Presidencial, este miércoles.
El proyecto modificaría el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría, el cual establece que esta institución es el órgano rector del ordenamiento de control y fiscalización superiores.
Se agregaría un párrafo que diría lo siguiente: “De conformidad con los artículos 11, 183 y 184 de la Constitución Política, la Contraloría General de la República, en el ejercicio de cualquiera de sus funciones, decisiones y actuaciones, no podrá sustituir o abarcar asuntos que corresponden exclusivamente a las competencias propias de la administración pública activa en toda su extensión y en el ejercicio de sus modalidades de función decisora, ejecutiva, resolutora, directiva u operativa; tal y como lo precisa el inciso a) del artículo 2 de la Ley General de Control, Ley N°8292 de fecha 04 de setiembre del 2002″.
El proyecto aclara que el resto del artículo queda igual. Los siguientes párrafos dicen que las disposiciones, normas, políticas y directrices de la CGR son de acatamiento obligatorio para las instituciones públicas.
Este cambio propuesto por el gobierno es el único que sobrepasó los exámenes de constitucionalidad efectuados por la Sala IV a la primera y la segunda versión de la “ley jaguar”. Los otros fueron declarados inconstitucionales por suprimir herramientas de control de la CGR sobre los fondos públicos y por violar el principio de licitación para obras públicas. Lo relacionado con las obras fue presentado para desarrollar Ciudad Gobierno y una marina en Limón.
El 1.° de octubre, el Tribunal declaró que la reforma al artículo 12 no es inconstitucional, siempre que se interprete que se mantienen incólumes las potestades de control y fiscalización de la Contraloría General de la República y las competencias derivadas de los numerales 183 y 184 de la Constitución Política.
Existe jurisprudencia que aclara las funciones de la Contraloría, como el fallo 11856-2004, donde los magistrados constitucionales recordaron los límites que no pueden sobrepasar el ente contralor y sus potestades legales para realizar investigaciones así como fiscalizar.
Según afirmó el presidente Chaves este miércoles, nuevamente buscan la vía legislativa y la vía de iniciativa ciudadana para que se convoque al referendo. Solicitó a los diputados que convoquen el nuevo plan a consulta popular, alegando que se incluyó el único artículo avalado por la Sala IV.
Chaves llamó al TSE a autorizar de forma inmediata la recolección de firmas para la iniciativa popular y desistir de enviar a la Sala IV el nuevo texto.
Para pedir el referendo por iniciativa popular, se requiere recolectar la firma de al menos 180.000 personas, equivalentes al 5% del padrón electoral.
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