¿Qué pasará con la investigación a Petro que encendió la política en Colombia?
Una investigación de la autoridad electoral de Colombia contra el presidente Gustavo Petro encendió la chispa de un gran incendio que enfrenta al Ejecutivo con otras instituciones, bajo denuncias del mandatario sobre el inicio de un «golpe de Estado».
La lupa del Consejo Nacional Electoral (CNE), un organismo administrativo, está puesta sobre los libros contables de la campaña que en 2022 llevó a Petro a ser el primer izquierdista en el poder del país. Según la investigación que se abrió el martes, él y sus aliados violaron los topes de gasto.
Este es el origen y posibles consecuencias del proceso que llevó a Petro a convocar a manifestaciones para «defender» la democracia.
Petro cuestiona la investigación
En febrero de 2023 llegaron al CNE denuncias anónimas sobre irregularidades en las finanzas de la campaña.
A mediados de ese año estallaron dos escándalos. En junio se filtraron conversaciones telefónicas entre la mano derecha de Petro, Laura Sarabia, y su entonces embajador en Venezuela, Armando Benedetti, en las que este amenazaba con contar la verdad de supuestas anomalías para conseguir votos en la costa Caribe.
Un mes después el hijo mayor del gobernante, Nicolás Petro, fue detenido en Barranquilla como parte de una investigación en su contra por lavado de activos. Dineros de un narcotraficante entraron a la campaña, según su propia confesión ante la Fiscalía.
Tras recopilar las pruebas, el magistrado del CNE César Lorduy resumió el martes las presuntas irregularidades que ahora se investigan formalmente:
La campaña habría decidido «omitir el reporte» de algunos gastos para propaganda electoral, no informó aportes de un sindicato de maestros ni de un grupo de trabajadores de la petrolera estatal Ecopetrol y no dejó registros de pagos a testigos electorales durante las votaciones.
Petro cuestiona esa investigación, pues algunos magistrados del CNE son cercanos a partidos de derecha.
¿Qué escenarios vienen?
Los implicados tendrán oportunidad de defenderse, aunque Petro no parece estar dispuesto a presentarse ante el CNE.
Por tratarse de una investigación administrativa, este organismo podría imponer multas económicas a la campaña u ordenar que devuelvan total o parcialmente el dinero que el Estado entrega a los movimientos políticos para las elecciones, explicó a la AFP el expresidente del CNE Carlos Ariel Sánchez.
La autoridad electoral no es competente para sancionar al mandatario. Empero, al finalizar sus pesquisas puede compulsar copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara Baja, facultada para investigar y presentar cargos contra presidentes de la República.
En ese eventual escenario hay dos caminos, dijo a la AFP el senador de derecha Hernán Cadavid: «Tramitarlo como un delito expreso del código penal» o un juicio político por «indignidad política», que podría desencadenar en la «separación del cargo» para Petro.
Sin embargo, Cadavid advierte que al tratarse de una situación sin precedentes, no está claro el procedimiento.
El CNE también puede remitirse a la Fiscalía para que se investigue penalmente a los dirigentes de la campaña, entre ellos el jefe de Ecopetrol, Ricardo Roa, aseguró Sánchez.
¿Es un golpe de Estado?
Citando un artículo de la Constitución según el cual únicamente la Comisión de Acusaciones puede investigar al presidente, la izquierda denuncia que las pesquisas del CNE son el inicio de un «golpe de Estado».
En una alocución, Petro aseguró que se había «roto el fuero integral» que protege a los gobernantes en Colombia.
Esto «es falso», dijo a la AFP Javier Rincón, profesor de derecho constitucional de la Universidad Javeriana. La indagación del CNE está «perfectamente ajustada» a la ley, agregó.
Ante ese debate, el Consejo de Estado, máximo juez de la administración pública, determinó en agosto que el CNE sí es competente para investigar a Petro, pero no para sancionarlo con la pérdida del cargo.
«¿Dónde está el golpe de Estado? Es una afirmación contraevidente que parece más una consigna política. Y el llamado a la movilización popular es un pésimo precedente», escribió en X el parlamentario de centro Humberto de La Calle.
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