Dina Boluarte oficializa ley que transfiere la investigación preliminar de delitos a la PNP
Mediante una publicación en el diario El Peruano, se dio a conocer que la Ley 32130 que transfiere a la Policía Nacional del Perú (PNP) la facultad para investigar delitos fue aprobada y oficializada. El objetivo principal sería delimitar y detallar mejor las funciones y responsabilidades de la Policía y del Ministerio Público en las investigaciones penales.
Según lo mencionado, la ley modifica artículos claves, como el que define que el Ministerio Público tiene la responsabilidad de liderar la investigación penal, garantizando el respeto a los derechos de los imputados. Además, se establecen criterios más claros sobre las atribuciones y funciones de la Policía en la recopilación de pruebas y la conducción de diligencias, que ahora deberán realizarse con la presencia obligatoria de un abogado defensor.
Las modificaciones también introducen regulaciones sobre la detención preliminar, los requisitos para la recusación de jueces, y el control de identidad por parte de la policía.
La propuesta fue impulsada desde la Comisión de Justicia y la Comisión de Defensa contó con 72 votos a favor. Sin embargo, varios juristas argumentan que esto podría ser considerado un atentado contra la Constitución, ya que restringiría las facultades de la Fiscalía y la PNP no estaría adecuadamente preparada ni capacitada para llevar a cabo este tipo de diligencias.
Ministerio Público expresó su rechazo a esta contrarreforma
El pasado 11 de septiembre, los fiscales supremos, presidentes de las Juntas de Fiscales Superiores y de los Fiscales Provinciales, coordinadores nacionales de las Fiscalías Especializadas y de los Equipos Especiales del Ministerio Público, en representación de todos sus integrantes a nivel nacional, expresaron su preocupación por una contrarreforma que pretende modificar y restringir las funciones constitucionales de los fiscales. Esta medida, según señalaron, podría afectar el derecho a un debido proceso y el respeto de los derechos fundamentales de las personas que acuden al sistema de justicia.
Por ello, solicitaron a la presidenta Boluarte que revise la norma, pese a ello, fue aprobada de todas maneras.