El primer juicio por muertes en una residencia durante la pandemia de Covid-19 en España ha quedado este jueves visto para sentencia en Alcoy (Alicante) con las dos posturas antagónicas iniciales de los familiares de las víctimas y los responsables del centro. « Se confiaron «, ha resumido la abogada de los 46 denunciantes –allegados de 18 víctimas– mientras que la defensa ha achacado a otras patologías estas muertes y ha negado cualquier negligencia. Los primeros incidieron a lo largo de las sesiones en la falta de personal suficiente para atender a los residentes y en las condiciones infrahumanas, atestiguadas por el doctor Manuel Pérez Bosch, responsable de la Unidad de Hospitalización a Domicilio del Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy, quien llegó a intervenir con un equipo médico y de enfermeros la residencia, y relató cómo encontraron a enfermos por el suelo suplicando que los «sacaran de allí». También se aseguró que habían conviviendo en la misma habitación ancianos vivos con otros fallecidos . Sin embargo, los responsables del centro han negado credibilidad a estas circunstancias y han asegurado que se realizó la «sectorización» cuando se ordenó por las autoridades sanitarias y en todo momento se cumplieron los protocolos , además hacer énfasis en el contexto «catastrófico» mundial. El presidente de la Asociación de Familiares Afectados en las Residencias Domus Vi de Alcoy y Cocentaina, José Luis García , ha incidido en la última sesión del juicio al centro alcoyano –donde fallecieron 74 residentes , la mitad del total–, en la «fuerza de los hechos». Entre otros detalles, han puesto el foco en que en las instalaciones radicadas en el otro municipio vecino, propiedad de la misma empresa, no se produjeron muertes. «No se lo tomaron en serio y cuando quisieron ya era demasiado tarde», ha abundado la letrada de la acusación. «Nunca vamos a pensar que nuestros familiares fueron objeto de mala suerte o del azar. Lo que buscamos en un centro residencial es apoyo, protección y cuidados, y evidentemente algo en ese proceso falló para que 74 personas fallecieran en un mes y medio», ha destacado García al término de este juicio concluido tras ocho sesiones con una petición de indemnización de 2,3 millones de euros . García ha lamentado que la defensa haya mantenido su intento de «descalificar» a cualquiera de los testimonios, tanto el del doctor Manuel Pérez como de los otros familiares y trabajadores. «Esta residencia ya llevaba tiempo anteponiendo el acopio de beneficio económico a la atención y cuidado de los usuarios. Cuando quisieron implementar las medidas pertinentes, habían llegado tarde y ya no hubo manera de parar el reguero de muertes «, ha subrayado García. El juicio se tuvo que suspender en febrero ante la falta de documentación por parte de la residencia denunciada y ha concluido ahora con la presentación de conclusiones por todas las partes, tanto los familiares, la empresa gestora de la residencia y la compañía aseguradora, después de dos semanas en las que han desfilado ante el tribunal más de una treintena de personas entre testigos y peritos. En la línea de defensa, se ha indicado que la medida de aislamiento entre residentes para evitar contagios –denominada «sectorizar»– resultaba « ineficaz porque seguían entrando familiares y empleados, que no tenían restricciones fuera«. Tanto la abogada de la residencia como la representantes de la compañía aseguradora (Mapfre), han coincidido en afear la conducta de algunos familiares de los fallecidos que se han sumado a esta demanda –en la que no están los de todas las víctimas, por limitaciones económicas– después de no haber « visitado en años « a sus parientes. También han restado credibilidad a algunas quejas anteriores a la pandemia, expuestas en el juicio para hacer ver que la mala gestión venía de lejos, ya que según aseguraron, se trataba de gastroenteritis y problemas menores de valoración subjetiva. En cuanto a la cuantía de la indemnización exigida, la han considerado «escandalosa y ofensiva».
