El Parlamento de Cataluña se ha pronunciado este jueves a favor del concierto económico para la Generalitat en la línea de lo pactado por PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa. Es la primera vez que la Cámara autonómica manifiesta su apoyo a la iniciativa, a pesar de que los partidos que la promueven fueron incapaces de presentar un texto conjunto. Junts, por su parte, no votó a favor de ninguno y registró uno propio –que no se aprobó– sin la cuota de solidaridad que incluían los textos del tripartito de facto. Los 68 diputados que suman el tripartito de Illa, la mayoría absoluta del Parlament, han sido suficientes para reivindicar, en el marco del debate de política general celebrado esta semana, el eje central de lo que será la legislatura que arrancó en mayo. Aunque los textos aprobados no tienen valor legislativo sí marcarán el rumbo del Govern en su relación con ERC y el del Gobierno de España, en manos de los de Carles Puigdemont. Así, a propuesta de los comunes, el PSC ha dado por bueno que el nuevo acuerdo de financiación, que cuenta con el recelo de una parte del PSOE y afectará a la autonomía de otras regiones, «se base en los principios de suficiencia, ordinalidad, solidaridad, corresponsabilidad y eficiencia» y ponga «límites» claros «a la competencia fiscal a la baja, erradicando el dúmping fiscal», en referencia a las políticas fiscales que lleva a cabo el PP en las comunidades que gobierna. En el texto de ERC, aprobado también con el visto bueno del PSC, se defiende que «Cataluña sufre una infrafinanciación sostenida en el tiempo» por culpa de «un modelo de financiación de régimen común caducado» y, por lo tanto, la Generalitat necesita una financiación «propia y singular» que permita a Cataluña «ganar la soberanía fiscal y económica», al recaudar todos los impuestos y aportando luego una cuota de solidaridad con algunas condiciones. Es en la propuesta del PSC, aprobada igualmente, donde se concreta esta solidaridad con las otras regiones. Esta quedará limitada a que los gobiernos homólogos al catalán lleven a cabo «un esfuerzo fiscal también similar». Es decir, se reducirá parte del cupo catalán –gastos del Estado más solidaridad– a como ejerzan las regiones receptoras su margen autonómico marcando así sus políticas. Por otro lado, las votaciones sobre las resoluciones presentadas por los grupos políticos tras el debate de política general han puesto de manifiesto la minoría de los independentistas en la Cámara catalana. Así, una iniciativa de Aliança Catalana que pedía «restituir formalmente el Estado catalán como un Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social», como consecuencia de la declaración de independencia aprobada en el Parlament en octubre de 2017 ha sido rechazada, entre críticas de los portavoces de Junts, ERC y la CUP. El partido de Sílvia Orriols, además, requería que se implementara una de las leyes aprobadas en 2017 que suponía el inicio del hipotético nuevo Estado catalán. Una iniciativa que solo ha contado con tres votos a favor. Junts se ha abstenido y el resto de grupos, incluido ERC, han votado en contra. Marta Vilalta (ERC) ha señalado que su voto en contra ha sido, por un lado, porque su formación no apoya ni apoyará ninguna propuesta de esta formación, que consideran de extrema derecha, y para evitar lo que se ha visto: que los independentistas no tienen mayoría en el Parlament. Esta propuesta de resolución ha pasado el corte de la Mesa, que controlan Junts y ERC, a pesar de que tanto el PSC como Vox han solicitado que el texto no fuera admitido para su votación. Joan Garriga (Vox) ha anunciado que llevará la decisión al Tribunal Constitucional y presentarán una querella contra los miembros de la Mesa (dos de Junts y dos de ERC) que han permitido tramitarla. Juan Fernández (PP) ha lamentado la situación.
