La realidad política de Pedro Sánchez, tras desvelarse el informe de la UCO sobre el caso Koldo , es una suma de debilidades cada día más insoportables y a las que hace frente con una táctica desesperada de provocaciones y falsedades. Su gobierno vive en la indigencia parlamentaria más absoluta, incapaz de garantizar al país una dinámica legislativa propia de un régimen parlamentario. Cada pacto del Ejecutivo es un ejercicio público de chantaje consentido con partidos minoritarios cuya voluntad declarada no es servir a la estabilidad de España, sino a la satisfacción de intereses contrarios a la más mínima lealtad constitucional. Además, estos «socios de progreso» no dudan en aprovechar cada ocasión que les brinda el Gobierno para humillarlo con exigencias impropias de un diálogo constructivo entre partidos, incluyendo la peregrinación clandestina a un país extranjero para deslocalizar de manera bien visible el eje de la democracia española. El Ejecutivo de Sánchez es un cadáver político maquillado por unas minorías oportunistas, que saben que la reacción del presidente del Gobierno y de sus ministros nunca se basará en la recuperación de la dignidad con la ruptura de esas alianzas, sino con ataques ridículos al PP por no ser cómplice de una coalición regresiva y reaccionaria. Personalmente, Sánchez está metabolizando esta situación crítica de su proyecto político y de su Gobierno con una exacerbación de sus más cuestionadas actitudes, como la de mentir de forma consciente, continuada y estructural. Ha pasado de usar la mentira como excusa, con aquella broma del «cambio de criterio», a usar la mentira como método de supervivencia. Ha conseguido, además, contaminar a sus ministros con un 'síndrome kamikaze' que los lleva a perpetrar ridículos públicos para darle cobertura (el último el de la portavoz Alegría). La inmolación voluntaria de ministros resulta cruel, por lo que implica de pérdida de autoestima, pero encaja con la adhesión que exige Sánchez para responder a una encrucijada de pura y simple supervivencia. En estas condiciones, mientras Sánchez sea la nodriza de las minorías separatistas, imponga el miedo en su partido, quiera eludir la marea de indicios en la investigación judicial contra su esposa y sus personas de confianza y garantice a los suyos una cuota de poder y de dinero público, su permanencia en La Moncloa está asegurada. Entre tanto, los españoles esperan que alguien les resuelva sus verdaderos problemas. Otra cosa es que se le abran frentes que escapan a su control. La revelación del informe de la UCO en el caso Koldo ha tenido como respuesta una declaración impostada de Sánchez, en la que añade ineptitud a la mentira. Malo era, de por sí, que autorizara la entrada en España de la vicepresidenta Delcy Rodríguez ; peor que lo negara en sede parlamentaria para disfrazar la actuación de Ábalos como un éxito diplomático; pero resulta inaceptable que el mismísimo presidente desconociera que la vicepresidenta venezolana estaba sancionada por la UE con el voto de su propio ministro de Exteriores, por entonces Borrell. La mentira, en el catecismo de la política, es una falta que sólo se perdona con la dimisión del mentiroso, sin esperar a que los jueces resuelvan lo que no les corresponde, o a que una mayoría parlamentaria cuajada por intereses espurios se debilite. Sánchez ha mentido y, además, no puede soslayar el circuito de presunta corrupción creado en su entorno, tanto personal como político. Su legado va a ser tóxico, salvo una reacción regeneracionista de la sociedad española, que se plante con firmeza ante el ejercicio tan burdo de la mentira como discurso político en lo que ya es el caso Sánchez
