Reforma fiscal y constitucional: un cambio que debe empezar por los que más tienen

Por Rodolfo Báez

La República Dominicana se encuentra en medio de un proceso de discusión sobre una propuesta de reforma fiscal y constitucional que ha generado un debate intenso en la sociedad.

Desde el gobierno, se plantea que estas reformas buscan modernizar la estructura económica y política del país.

Sin embargo, cuando uno se detiene a analizar algunos de los puntos propuestos, se percibe una preocupación generalizada: ¿están estas reformas realmente enfocadas en mejorar la calidad de vida del pueblo o terminarán afectando a las clases más vulnerables?

Aumentar impuestos: ¿el camino correcto?

Una de las propuestas que más ha causado controversia es la intención de aumentar ciertos impuestos y reducir exenciones que tradicionalmente han beneficiado a sectores estratégicos de la economía.

Se habla, por ejemplo, de un posible incremento en el costo del “marbete” o placa vehicular, que podría duplicarse respecto a su valor actual .

Esto impactaría directamente a los propietarios de vehículos de todo el país, especialmente a aquellos con menos capacidad económica.

Al aumentar el marbete, no solo se incrementa el costo de tener un vehículo, sino que también se presiona a la clase media y baja, que dependen de sus automóviles para trabajar y desplazarse.

Una reforma que debe empezar por los de arriba

Si bien es cierto que el país necesita una reforma que permita una mejor distribución de los recursos y que mejore la eficiencia del gasto público, es importante preguntarse si la solución está en aumentar impuestos o en rediseñar la estructura del Estado.

República Dominicana cuenta con una cantidad desproporcionada de diputados y senadores en comparación con otros países.

Cada provincia tiene múltiples representantes, lo que conlleva a un gasto innecesario en salarios y otros beneficios que, en la práctica, podrían recortarse para generar ahorros significativos.

¿Por qué no empezar por ahí? Reducir la cantidad de legisladores a un diputado por provincia sería una medida contundente que no solo ahorraría millones de pesos al Estado, sino que también daría un mensaje de responsabilidad y austeridad desde las altas esferas del poder.

Eliminación de incentivos culturales: un golpe a la creatividad

Otro aspecto que ha encendido el debate es la eliminación de ciertos incentivos que han impulsado sectores culturales, como el cine. Es verdad que la Ley de Cine ha favorecido a un grupo pequeño de productores y empresas, creando un monopolio en torno a la producción audiovisual.

No obstante, eliminar estos incentivos afectaría el desarrollo de un sector que ha generado miles de empleos y que ha puesto a la República Dominicana en el mapa cinematográfico internacional .

En lugar de eliminar esta ley, se debería replicar el modelo en otras áreas culturales y educativas, como la creación de una Ley del Libro.

Una medida así podría implicar que el Estado adquiera ejemplares de obras de autores nacionales para distribuir en bibliotecas comunitarias y escuelas, promoviendo así la lectura y el acceso a la cultura en todos los rincones del país.

El verdadero objetivo de una reforma: beneficiar al pueblo

Es innegable que el país necesita un cambio en su estructura económica y fiscal. Sin embargo, ese cambio no debe realizarse a expensas de la población.

Una reforma fiscal que perjudique a las clases media y baja con incrementos en los impuestos solo logrará profundizar las desigualdades existentes.

En lugar de ello, se debería enfocar en eliminar privilegios fiscales a grandes empresas que históricamente han contribuido menos de lo que deberían, y en redirigir los recursos hacia sectores que generen un impacto real en la calidad de vida del pueblo dominicano .

Además, el gobierno debe ser transparente en sus intenciones. Los ejes de la reforma presentados incluyen la simplificación tributaria y la eliminación de distorsiones fiscales, pero en la práctica, estos cambios deben traducirse en una mayor equidad y justicia fiscal para todos.

El llamado a una reforma fiscal y constitucional debe estar alineado con los intereses de la mayoría, no de una élite. Para ello, es fundamental que las decisiones se tomen considerando el bienestar de quienes más lo necesitan.

Que esta reforma no sea recordada como aquella que hundió al pueblo, sino como la que realmente sentó las bases de una República Dominicana más justa, inclusiva y próspera para todos.