Presidente de la Primera Sala Constitucional de Lima: "Se está criminalizando la función jurisdiccional"
El presidente de la Primera Sala Constitucional de Lima del Poder Judicial, Oswaldo Ordóñez, reprochó la decisión del Congreso de aprobar ahora último el proyecto de ley que busca sancionar a jueces y fiscales, así como la no derogación de la Ley 32108 que favorece al crimen organizado respecto a las nuevas características para definir la tipicidad de una organización criminal y el procedimiento para llevar a cabo los allanamientos hechos por la Fiscalía. En ese sentido, el magistrado alertó el ataque a las labores que llevan a cabo desde el Poder Judicial.
"Los jueces de Lima hicimos una manifestación pública y después tuvimos una sala plena en la que invocamos a los señores congresistas que respeten fundamentalmente el principio de separación de poderes porque este proyecto de ley indudablemente atenta contra la independencia del Poder Judicial, Ministerio Público y especialmente contra la independencia de los jueces porque a través de este proyecto de ley se está criminalizando la función jurisdiccional y fiscal al general como un hecho delictivo la diferencia de criterio y de opinión", dijo para Canal N.
En ese sentido, el magistrado explicó que hay diferentes instancias dentro del Poder Judicial para que un acusado apele a la decisión que un juez podría tener respecto a su investigación. Ordóñez ejemplifica que si un magistrado dictan sentencia tiene derecho a acudir a una instancia superior para solicitar la revocación de esta.
"La Sala Penal Superior condenó al señor Aurelio Pastor a 4 años y 6 meses porque consideró que ese hecho era delictivo; sin embargo, la Sala Suprema consideró que no y lo absolvió. Entonces, con ese criterio, a los jueces superiores que condenaron se tendría que procesarlos penalmente como si hubiesen cometido un delito. Hay diferentes criterios y por eso no se puede sancionar ni mucho menos penalizar", agregó.
Oswaldo Ordóñez: "En los mejores sistemas judiciales del mundo hay errores"
Ante la propuesta de esta ley que intensifica las sanciones a jueces y fiscales por malas prácticas, Oswaldo Ordóñez ha advertido sobre la necesidad de evaluar las acusaciones de manera individualizada. Resalta la existencia de situaciones excepcionales en las que se manipulan evidencias, poniendo en riesgo la justicia al forzar decisiones basadas en pruebas falsas.
"Eso hay que verlo caso por caso porque excepcionalmente hay casos en los que a veces se siembran hechos y pruebas falsas y en algunos casos eso se prueba en el proceso y si no ha cometido el delito, el juez tiene la obligación de absolver y si no hay las pruebas suficientes de acuerdo a este principio tendría que absolverlo, pero son casos concretos, en la mayor cantidad de casos no se produce eso. En los mejores sistemas judiciales del mundo hay errores, en esos países tan adelantados incluso hay pena de muerto, se mata e incluso se comprueba que ha habido un error".
Corte Superior de Justicia de Lima pide al Congreso respetar la división de poderes y la independencia judicial
Días antes que el Pleno debatiera estas leyes antidemocráticas, la Corte Superior de Justicia de Lima había expresa su preocupación mediante un comunicado respecto a varios proyectos de ley que fueron debatidos por el Congreso de la República a partir del 11 de octubre. Entre las propuestas destacó el dictamen aprobado en primera votación que buscaba imponer sanciones disciplinarias y penales a jueces y fiscales cuyas decisiones, como detenciones preliminares o sentencias, sean revocadas.
Esto, según la Corte, podría afectar la independencia judicial y comprometer el ejercicio adecuado de la justicia. Asimismo, la Sala Plena rechazó cualquier vinculación con actos indebidos por parte de sus miembros, en referencia a la jueza María Vidal la Rosa Sánchez y su relación con Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolín'. A pesar de ello, el Congreso decidió hacer oídos sordos a ello.