Nueva denuncia de ejecución extrajudicial ‘salpica’ a la Guardia Nacional en Nuevo Laredo
Una organización local de derechos humanos y familiares de las víctimas responsabilizaron a elementos del Ejército y de la Guardia Nacional por la muerte de una enfermera y una niña de 8 años, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
La enfermera Yuricie Rivera, de 46 años, recibió un disparo en la cabeza, el pasado viernes, cuando se trasladaba junto a su esposo e hijo en una camioneta privada por una vía de la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo.
Yuricie Rivera fue herida por disparo de arma de fuego, supuestamente realizado por elementos del Ejército, en medio de una persecución a personas armadas, informó el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo,
“De acuerdo con testigos, los militares perseguían a civiles armados cuando comenzaron a dispararles sin importarles que su alrededor había decenas de familias”, dijo en un comunicado la organización humanitaria, que aseguró que los militares “decidieron huir del lugar” al darse cuenta del llamado de auxilio del esposo de la enfermera.
Víctor Carrillo Martínez, esposo de la enfermera, señaló a medios locales que durante un enfrentamiento armado los soldados “empezaron a disparar sin motivo”, y una de las balas perforó el parabrisas de la camioneta e hirió mortalmente a Yuricie en la cabeza con “balas de gran calibre utilizadas por los soldados”.
Carrillo Martínez y su hijo salieron ilesos e indicó que detuvo la camioneta y bajó para pedir auxilio a los uniformados, pero no lo atendieron. “Pedimos atención y pasaban y pasaban y no hacían nada”, agregó.
La otra muerte ocurrió el sábado, cuando Lidia Galván iba junto a su nieta, Lidia Iris Fuentes, de 8 años, en un vehículo particular por una calle del barrio Palmares hacia una papelería y quedó en medio de una persecución que realizaban elementos de la Guardia Nacional a presuntos delincuentes.
El automóvil de la mujer quedó entre dos camionetas y los guardias nacionales comenzaron a disparar, según aseguró Galván.
“Miré que el carro se me estaba bañando de sangre”, comentó la mujer al recordar el momento en que, desde el suelo de su auto, se percató que su nieta estaba herida.
“En lugar de prestarnos auxilio, uno de los militares de Guardia Nacional se acercó a mi carro y apuntándome con su arma me gritaba que me metiera …al vehículo hasta que llegó otro soldado y él si me hizo caso y pidió que dejaran de disparar”, relató Galván en un informe del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
En un hecho separado también murió el fin de semana Diego Alfredo, de 18 años, quien presuntamente había sido secuestrado. El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo informó que el joven quedó dentro de una camioneta que presuntamente perseguían los guardias nacionales y soldados del ejército. “La víctima presentaba huellas de tortura en diferentes partes de su cuerpo y no portaba armas ni equipo táctico, presumiendo que se encontraba en calidad secuestrado”, precisó la organización.
El ejército ha estado implicado en tiroteos anteriores en Nuevo Laredo. En 2023, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que 16 militares estaban siendo investigados por la muerte de cinco hombres en la ciudad. Tres de los elementos resultaron detenidos.
La matanza de los cinco hombres ocurrida el 18 de mayo de 2023 fue captada en imágenes de cámaras de seguridad tan gráficas que incluso el expresidente Andrés Manuel López Obrador la describió como un aparente “ajusticiamiento”.
Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, exigió el lunes a la Fiscalía y al gobierno un pronunciamiento sobre los nuevos casos y afirmó que hasta el momento ninguna autoridad se ha acercado a los familiares de las víctimas para ofrecerles apoyo.
“No hay una institución que quiera enfrentar este tipo de abusos que están cometiendo las fuerzas armadas en todo el país”, dijo Ramos al asegurar que las fuerzas armadas mexicanas “siguen teniendo un poder muy alto, muy fuerte por encima de la autoridad civil, entendiéndose desde la presidenta de la República, desde el Congreso, desde el Poder Judicial”.
El pasado 1 de octubre, seis migrantes, dos de ellos menores de edad, murieron en el poblado sureño de Villa Comaltitlán, en Chiapas, luego de que una patrulla militar disparó contra una camioneta, en la que iban decenas de extranjeros. Dos soldados fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía.
El incidente ocurrido en Chiapas alentó la controversia sobre la intervención de las fuerzas armados en labores de seguridad pública en México.
La cúpula de la Iglesia católica mexicana y organizaciones humanitarias locales afirmaron que el caso evidenció los riesgos de la militarización de la seguridad pública, que se inició hace décadas y se profundizó durante el sexenio de López Obrador, quien entregó al ejército el control de la Guardia Nacional.
Pese a las críticas, la presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado en los últimos días su respaldo a las fuerzas armadas, que acumularon durante la administración pasada numerosas tareas y presupuesto que anteriormente eran manejados por civiles.