¿Por qué crece la preocupación por la inseguridad? Un cóctel de propaganda, noticias y bulos ajeno a los datos

¿Existe una crisis de seguridad en ciudades como Barcelona? Las estadísticas de criminalidad no muestran un crecimiento de todos los delitos, pero la inseguridad se ha afianzado como el mayor problema para los barceloneses. La paradoja ha coincidido en el tiempo con la priorización de la delincuencia en la agenda mediática y política, ya sea para hacer bandera de la lucha contra ella como hace el Govern del PSC o para crear alarma, como hace la derecha y la extrema derecha.

Sensaciones contra datos

En los seis primeros meses del año, las cifras de los delitos más visibles en la calle, como los robos y hurtos, han sufrido un descenso en Barcelona, según los datos oficiales. Sin embargo, en el barómetro sobre actualidad del consistorio, hace cinco años que la inseguridad aparece como el principal problema entre los barceloneses. El porcentaje ha crecido cinco puntos en un año, hasta el 27,7% de barceloneses que creen que la inseguridad es el mayor problema de la ciudad, a mucha distancia de los otros principales problemas declarados, la vivienda (12%) y la limpieza (9%).

¿Si las cifras de delitos no crecen exponencialmente, por qué la inseguridad se mantiene, con diferencia, como el principal problema para los barceloneses? Hay que buscar otros factores. “Los estudios de criminología nos muestran que hay dos variables a tener en cuenta más que el delito en sí: el discurso político y los medios de comunicación”, expone el magistrado suplente de la Audiencia de Girona Daniel Varona, que también es catedrático en Derecho Penal y Criminología en la Universidad de la misma ciudad.

La profesora de Criminología de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Antònia Linde añade un tercer elemento: “Antes la percepción de seguridad estaba vinculada a las experiencias personales o a lo que le había pasado a un vecino, pero ahora un vídeo de lo que ha ocurrido en la otra punta del país se viraliza muy rápidamente y se magnifica el caso extraordinario”. De ahí la “gran responsabilidad” que, en opinión de esta experta, tienen los medios y los políticos a la hora de abordar un suceso o un acto delictivo, dar el contexto necesario y no alimentar los mensajes alarmistas o los bulos.

En conjunto, los datos de criminalidad están lejos de mostrar una escalada exponencial de la delincuencia. En los primeros seis meses del año en comparación con el mismo periodo de 2023, las estadísticas muestran un crecimiento del total de delitos tradicionales de un 2% en Catalunya y un 0,9% en España, y un descenso del 2% en Barcelona. Por contra, lo que más sube es la ciberdelincuencia, es decir, los delitos cometidos a través de Internet, con las estafas en cabeza.

El servicio estadístico del Ayuntamiento de Barcelona dispone desde hace tres décadas de una encuesta monográfica sobre victimización. Si se observan los datos, desde 1983 el delito ha sufrido altibajos en la capital catalana, pero, en cambio, la percepción de seguridad en esta encuesta (distinta a los barómetros semestrales, más influidos por la actualidad) se ha mantenido estable y siempre alrededor del aprobado en los últimos años. Esto implica que la realidad objetiva del delito no influye decisivamente en la percepción de seguridad, lo que para ambos expertos muestra la influencia en la configuración de las visiones sobre la seguridad de los medios y el discurso político.

Medios y políticos

Albert Batlle es uno de los responsables políticos más experimentados en materia de seguridad en Catalunya. En 2019, siendo el teniente de alcalde responsable de la Guàrdia Urbana de Barcelona, lanzó un mensaje que se suele escuchar más a la oposición que a un gobernante: Barcelona vivía una “crisis de seguridad”. Pasado un lustro, Batlle contextualiza esa advertencia en un momento puntual [verano de 2019] en el que los hechos delictivos habían aumentado un 9% y algunos de ellos “habían puesto el foco en la seguridad en Barcelona”. En paralelo, agrega el teniente de alcalde, a “algunos medios de comunicación les interesó iniciar una campaña de desprestigio hacia la ciudad tildándola de insegura”.

“Barcelona siempre ha sido y es una ciudad segura. En 2019 tuvimos una crisis de seguridad no tanto por los datos, sino porque se había generado un descrédito en las políticas públicas de seguridad”, reflexiona Batlle.

El teniente de alcalde y Linde coinciden en señalar que en la percepción de seguridad también influyen aspectos que no solo tienen que ver con el delito, como la iluminación en las calles, la suciedad o la edad. “La percepción de inseguridad siempre será más elevada que los datos objetivos, pero no la tenemos que minusvalorar porque nos da el pulso de cómo la ciudadanía vive lo que pasa en su entorno”, defiende Batlle.

La percepción de inseguridad siempre será más elevada que los datos objetivos, pero no la tenemos que minusvalorar porque nos da el pulso de cómo la ciudadanía vive lo que pasa en su entorno

Albert Batlle — Teniente alcalde de Seguridad en el Ayuntamiento de Barcelona

Para Varona, existe una “relación compleja, pero relación” entre la percepción de la seguridad, los medios de comunicación y los discursos políticos. El magistrado recomienda “estar en alerta” y “tener ojo crítico” ante un ‘boom’ inusual de noticias sobre seguridad y sucesos, ya sea por el interés de los medios o empresas en poner el tema sobre la agenda (como ha ocurrido con el negocio de las alarmas) o por el intento de algunos partidos para aprovecharlo.

“Robos se producen muchos cada día desde siempre, e informar sobre ellos es una noticia relativamente barata de producir, por lo que si vemos muchas noticias de este tipo podemos llegar a pensar que vivimos en el lejano oeste”, sostiene el magistrado.

En este sentido, Varona recuerda el precedente de casos como el del Gobierno de Aznar del PP, que emprendió una campaña contra la inseguridad justo después de la crisis del Prestige . “Usar la delincuencia como cortina de humo para tapar otros problemas sociales es un clásico”, destaca. A juicio de Varona, en España “se está creando una alarma injustificada alrededor de la seguridad”. “Todos los indicadores nos dicen que España es un país muy seguro. La realidad objetiva del delito es que tenemos poca delincuencia violenta”, agrega.

“Limitar la cobertura de casos graves es pedir un imposible, pero sí es necesario solicitar a la prensa un uso de los datos correcto y no exagerar los casos aislados y de violencia grave”, señala Linde, que también pone énfasis en la importancia de un discurso político que no genere alarma. “No se puede pedir a la ciudadanía que esté al día de las últimas estadísticas, pero sí echo en falta a políticos que digan que vivimos en un país con uno de los índices de delincuencia más bajos de Europa”, afirma la profesora.

Las razones detrás de la delincuencia 

Varona también recuerda una de los “grandes consensos” que tiene la criminología académica pero parece desaparecer en el relato de otros actores: la relación entre pobreza y pequeña delincuencia. Cuánto más énfasis se pone en la responsabilidad y el castigo individual, argumenta el magistrado, más se olvida la corresponsabilidad de la sociedad para proporcionar a todo el mundo unas condiciones de vida dignas que frenen la caída en la marginalidad y la pobreza.

“En ocasiones se presentan los robos de móviles o comida como si fueran por pura codicia cuando en realidad muchas veces tiene que ver con una cuestión de mera supervivencia económica”, argumenta el catedrático. “Las declaraciones constantes de los políticos o los discursos alarmistas puedan magnificar un problema y parece que, hoy en día, toda solución vaya destinada solo a castigar más, sin afrontar las razones de fondo”, ahonda Linde.

En línea con otros colectivos de juristas, Varona destaca que la solución para solventar el atasco en los juicios rápidos sobre hurtos que hay en algunas ciudades no pasa por endurecer el Código Penal, sino por dotar de más medios personales y tecnológicos a los juzgados. “La hoja histórico penal en España es más propia del siglo XIX que del XXI”, concluye el catedrático. Este retraso conlleva por ejemplo, que a la hora de consultar si un detenido tiene antecedentes, muchas veces no puedan consultarse online sino que se tenga que llamar al juzgado para pedir las sentencias de los anteriores casos y comprobar si el montante sustraído supera los 400 euros, el límite que marca el paso al delito agravado.

La respuesta política

“Detenido 65 VECES. ¿Qué más hay que esperar para actuar contra esta gentuza?”. Es solo uno de los mensajes que el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, suele publicar en redes sociales para afianzar su figura de ‘sheriff’ que le ha cosechado grandes éxitos electorales. A juzgar por los mensajes de Albiol y otros políticos, parece habitual que personas que acumulan decenas de detenciones sigan cometiendo delitos con impunidad.

Sin embargo, Varona recuerda que tal nivel de suma de detenciones es “excepcional” y propio de un inicio de carrera delictiva que más pronto que tarde terminará en una prisión provisional ordenada por un juez. “Los únicos antecedentes con valor son los penales, en los que tras un juicio con garantías se han obtenido pruebas fiables para enervar la presunción de inocencia”, explica.

“Las detenciones policiales no significan ni mucho menos que la persona tenga que ser condenada”, resalta Varona, que considera “discutible” el hecho de presentar las detenciones como un elemento “relevante y definitivo en contra de alguien”, ya que el arrestado todavía no ha sido juzgado.

En cambio, Batlle defiende poner sobre la mesa la cuestión de la multirreincidencia por ser “uno de los aspectos más difíciles de entender en una sociedad de derecho y un elemento que genera impotencia y sensación de impunidad a las víctimas y a los cuerpos de seguridad”. Y pone datos como ejemplo: las cinco personas más detenidas en Barcelona los seis primeros del año suman en conjunto 274 antecedentes, esto es, más de cincuenta cada uno.

“De la sospecha y la detención a la condena hay un trecho, afortunadamente, porque en nuestro sistema penal rige la presunción de inocencia”, recuerda Varona. Es más, para Varona cabe preguntarse si “algo se ha hecho mal” a nivel policial (por ejemplo, la confección de atestados) en estos pocos casos de detenciones múltiples que no se traducen en antecedentes penales.

De la sospecha y la detención a la condena hay un trecho, afortunadamente, porque en nuestro sistema penal rige la presunción de inocencia

Daniel Varona — Juez y catedrático en Derecho Penal y Criminología

El teniente de alcalde hace hincapié en la importancia de todas las administraciones en “ser muy transparente” con los datos y, al mismo tiempo, llevar a cabo políticas que “de forma indirecta afecten a la mejora de la percepción de seguridad”, como el aumento de presencia policial uniformada en la calle o, en el caso barcelonés, el Pla Endreça de limpieza. “Hay que dar una respuesta integral, trasversal y coordinada para conseguir la excelencia del espacio público”, agrega.

Por su lado, Linde advierte de que la respuesta a la sensación de inseguridad no pasa únicamente por incrementar la presencia policial en las calles: “La investigación nos muestra que el factor policial no basta: más policía en un barrio o una zona puede aumentar la sensación de seguridad, pero al mismo tiempo puede generar el efecto contrario en otras personas, porque hay gente que pensará 'si aquí hay hay más agentes es porque hay mucha delincuencia'”.