El Senado frena la entrada en vigor de la ley que libera a 44 etarras y la devuelve al Congreso tras rechazarla
La reforma de la Ley Orgánica sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, que acelera la salida de prisión de una cuarentena de etarras, no entrará en vigor de inmediato, tal y como se preveía. Finalmente, el presidente del Senado, Pedro Rollán, ha frenado la aprobación definitiva y ha anunciado que devuelve la norma al Congreso tras el rechazo de la Cámara Alta. En total, 148 senadores han votado en contra, mientras que 111 han votado a favor (dos abstenciones), por lo que Rollán, tras haber recibido un informe de los servicios jurídicos del Senado, ha interpretado que la iniciativa ha sido vetada y queda devuelta al Congreso para que vuelva a votar.
En este sentido, el Senado fuerza una nueva votación del Congreso, aunque eso no va a evitar que la ley salga adelante porque el PSOE ha dado ya suficientes muestras de reafirmarse en el apoyo a la iniciativa. También es cierto que está por ver qué interpreta la Mesa del Congreso, controlada por el PSOE y Sumar y presidida por Francina Armengol: si realmente vuelve a debatirla y votarla o la remite directamente a Jefatura del Estado para la sanción regia y posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado y entrada en vigor.
Había muchas dudas jurídicas en torno a cuál era el procedimiento a seguir con esta ley ya que no se había dado una situación como la actual: de hecho, el informe de los letrados que ha guiado la decisión de Rollán recalca que no hay ningún "leading case", es decir, el Senado se encuentra ante una situación inédita porque nunca había rechazado por mayoría absoluta un texto sin haberse presentado ningún tipo de enmienda (veto o enmiendas parciales). Sin embargo, en el documento, los letrados concluyen que "un rechazo por mayoría absoluta del Pleno del Senado es un acto que ha de tener el efecto jurídico de un veto, por haberse acordado con carácter final y global, con la consiguiente devolución del texto al Congreso de los Diputados".
Para que una ley regrese del Senado al Congreso, generalmente se tiene que haber formalizado un veto (enmienda a la totalidad) o enmiendas parciales (cambios en el texto), pero ningún grupo parlamentario había registrado nada y, por tanto, no parecía haber opciones de devolver la iniciativa al Congreso porque eso solo pasa cuando se producen modificaciones. Ni PP ni Vox habían registrado veto o enmiendas porque no se habían dado cuenta del alcance que tenía la norma por "error", tal y como han asumido ambas formaciones. Sin embargo, los servicios jurídicos del Senado han avalado en un informe la posibilidad de devolver la ley al Congreso porque el rechazo del Pleno del Senado se puede interpretar como un veto pese a que formalmente no lo sea.
En este sentido, los letrados señalan que ni la sentencia de Ses Salines de 2002, que es el precedente más parecido, ni el Reglamento del Senado "prohíben la existencia del veto no presentado como tal formalmente". "Sería excesivamente formalista ignorar la voluntad real del Pleno de rechazo", añade el informe, en referencia a que la Cámara, por mayoría absoluta, se opone a la ley. Además, cabe recordar que el veto también se tiene que aprobar solo por mayoría absoluta: por tanto, ambos rechazos requieren la misma fuerza parlamentaria.
La reforma legislativa deroga la disposición adicional única de la Ley Orgánica y modifica el artículo 14, que impedía que los presos de ETA condenados antes de agosto de 2010 pudieran descontar sus penas cumplidas en Francia. Sin embargo, con los cambios legislativos introducidos en este proyecto de ley del Gobierno, impulsados por enmiendas de Sumar, se descuentan las penas que han cumplido en Francia y eso permite acelerar la salida de prisión de los presos etarras. El PP ha asumido su "error" aunque tampoco era determinante porque el Gobierno ha contado con los apoyos de sus socios para tramitar la ley.
Marimar Blanco se ha encargado de defender la postura del PP y ha arrancado su intervención pidiendo "perdón" a todos los españoles por el "error" cometido por su partido. En todo caso, ha recordado que la ley saldría igualmente adelante por el pacto del Gobierno y sus socios: "Hay una diferencia abismal entre cometer un error y elegir deliberadamente liberar a los asesinos de ETA, que es lo que han hecho ustedes". "Nosotros hemos pedido perdón y hemos intentado encontrar una solución retrasando este Pleno", ha agregado Blanco, quien ha acusado, con tono muy crítico, al Gobierno de "bulos" por acusar al PP de "tener nostalgía de ETA". "Les pido que me miren a los ojos a mí y me digan que tengo nostalgia de ETA", ha añadido.
Fuentes del PP han reseñado que ahora en el que Gobierno y en el PSOE "tienen una nueva oportunidad para defender a las víctimas del terrorismo", con la retirada o rechazo a la ley. "No hay ataque ni insulto del PSOE que tape la pregunta a la que tienen que responder ahora todos y cada uno de sus diputados: ¿Apoyarán el veto del Senado y se situarán cerca de las víctimas, o prefieren beneficiar a sus verdugos a cambio del apoyo de Bildu ?", añaden las mismas fuentes, que señalan que "el apoyo de los senadores del PSOE a la ley y las críticas a la decisión de rollan demuestran" que los socialistas y Sánchez "defienden a bildu por encima de las víctimas".
La senadora del PSOE Elena Diego ha contestado al PP con una pregunta, recordando a Alfredo Pérez Rubalcaba: "¿Creen que el señor Rubalcaba traicionó a nuestra democracia?". Tras el Pleno, el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha acusado a Rollán de estar "al dictado del PP y al margen de la Constitución" ya que considera que con este movimiento "fuerza un conflicto jurídico con el Congreso". "Este proyecto de ley no puede considerarse vetado y debería ser publicado en el BOE una vez pasado el debate en el Senado", ha defendido Espadas.
El senador de Bildu Gorka Elejabarrieta ha hecho una defensa cerrada de la ley porque va a permitir acelerar la liberación de los presos de ETA. Según el senador de la izquierda abertzale, el "tiempo de la excepción debe terminar", así como el tiempo de "la política basada en el rencor" y las "leyes ad hoc para endurecer las penas". "Los presos vascos tienen los mismos derechos que el resto de reclusos", ha señalado, en referencia a los etarras encarcelados.