Once presos se han quitado la vida en cárceles catalanas en lo que va de 2024. El último, la semana pasada, cuando un interno se suicidó en una celda de aislamiento de Puig de les Basses (Gerona). En septiembre, fue otro recluso de Lledoners el que se colgó. Los funcionarios lo encontraron muerto, también en una celda de aislamiento. Entre los once, dos tenían activado el plan de prevención y para otros dos ya se había desactivado. Ante esta situación, los Departamentos de Justicia y Salud han anunciado diez medidas para tratar de prevenir las conductas autolíticas en los penales del territorio . Entre ellas, instalar buzones de aviso a los que puedan recurrir los propios internos si detectan riesgo en algún compañero, así como retirar objetos potencialmente peligrosos de las celdas de régimen cerrado. Por ejemplo, cambiar sábanas y prendas por «ropa menos resistente», así como sustituir los barrotes por vidrios blindados , «para evitar la forma más habitual de suicidios en los penales , que son los ahorcamientos», según ha detallado este lunes la directora de Medidas Penales, Elena Pérez. También se incrementará el control médico y psiquiátrico de aquellos reclusos que estén en aislamiento de forma temporal, tras algún altercado. De hecho, según ha detallado la directora de Planificación y Salud, Aina Plaza, si un psiquiatra determina que el interno en cuestión se encuentra en riesgo alto, se tendrá que aplicar otra medida correctora, para evitar que se autolesione y se impedirá su ingreso en régimen cerrado . «El aislamiento como tal, de forma provisional, está regulado, es obligatorio que reciban la visita de un médico. Es un requisito. Igual que notificarlo al juez de vigilancia [penitenciaria]. Ahora la medida de choque será que, antes de aplicarlo, deberá existir una valoración previa, no sólo centrada en condiciones de salud de la persona, sino del riesgo de suicidio », ha precisado Pérez. Cuestionados sobre el número de profesionales de salud mental en los penales catalanes , Plaza ha indicado que mientras que la media española es de 0,2 por cada 1.000 reclusos, en Cataluña la cifra se eleva hasta los 1,5 profesionales. Eso sí, no ha precisado si contratarán a más especialistas para cubrir las medidas anunciadas en el plan de choque. En la actualidad, con el protocolo de prevención suicidio vigente desde 2019, tras una primera evaluación a cada recluso tras su ingreso, en caso de no detectar riesgo alguno, se analizaba su estado pasados dos años. En caso de sí haberse identificado alguna conducta o pensamiento autolítico, las revisiones eran periódicas. Durante este año se ha activado el plan de riesgo en 649 ocasiones -algunas pueden referirse al mismo interno-. Es decir, un 4,5 por ciento del total de 14.000 personas que han pasado por prisión -10.000 de ellos conforman la población reclusa de Cataluña, los restantes, han ingresado en algún momento en los centros-. Aunque sus historias clínicas son de carácter reservado, otra de las medidas del plan de choque pasa por « mejorar la conectividad » entre todos los trabajadores de prisiones. Desde los propios médicos, pasando por los funcionarios y entidades que allí desempeñan su labor para que, «salvaguardando la confidencialidad», pueda aumentar la monitorización de aquellos susceptibles de presentar conductas suicidas . A este respecto, una vez al mes se reunirá una mesa en cada penal , que integrarán todos los agentes implicados -servicio interior, atención primaria y salud mental- para revisar los datos de activación del protocolo antisuicidios , y su labor será elevar recomendaciones al equipo directivo. La intención es que estas se constituyan «en 15 días, para que en cada centro puedan comenzar a trabajar», ha detallado esta mañana el titular de Justicia, Ramon Espadaler, durante la rueda de prensa. En el caso de la retirada de objetos peligrosos, como el cambio de sábanas por otras «menos resistentes», para evitar los ahorcamientos, el plazo de aplicación se amplía hasta los dos meses.
