La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir por segunda vez la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en las oposiciones de inspector e intendente de la Policía Municipal de Madrid. Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press y ha adelantado 'El Mundo', en el que los magistrados estiman un recurso de apelación presentado por la Asociación de Policía Unificada de Madrid (APMU), y por el sindicato Unión de Policía Municipal (UPM), contra el auto por el que el juez de Instrucción número 31 de Madrid archivó el procedimiento. El pasado mayo, el magistrado interrogó en calidad de investigados a dos altos mandos , quienes atribuyeron la acusación a un «montaje» y denunciaron que la oposición usó el caso como «ariete político» para dañar la imagen de la Alcaldía de Madrid. En la causa hay un total de doce investigados , entre ellos el entonces director general de la Policía Municipal, Pablo Enrique Rodríguez, y el intendente José Rodríguez Vacas. Ahora, los magistrados de la Audiencia afirman que «deben declarar en calidad de investigados el resto de denunciados y que debe pronunciarse el Juzgado a quo sobre todas y cada una de las diligencias de investigación que se han ido reiterando sin haberse dado respuesta motivada sobre su admisión o no». «Y lo debe hacer de modo individual, pues en caso de no admitir su práctica se debe razonar por qué no resultan útiles, sin que baste una desestimación genérica, sobre todo teniendo en cuenta que, de entre las muchas diligencias que se instan, se solicita información tributaria sobre la repetida academia, pudiendo comparar fruto de esa información la situación patrimonial de la misma antes y después del proceso selectivo tratado», señala el auto. Según las defensas, las oposiciones para ascender a sendos cargos policiales son «un proceso reglado del que nadie puede salirse». «Lo correcto hubiera sido impugnar la prueba y no atacar directamente a estas personas», afirman. Frente a ello, APMU mantiene que «hay indicios suficientes» para seguir investigando, recalcando que «no hay motivos espurios» detrás de la denuncia. Las citaciones tenían lugar después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenara al magistrado reabrir la investigación al estimar un recurso de la Asociación de Policía Unificada de Madrid (APMU), al que se adhirió el sindicato unión de policía municipal (UPM). La Sala ordenó revocar el archivo y que se prosiguiera la causa «a fin de un mayor esclarecimiento de los hechos y las circunstancias que puedan incidir en su correcta calificación en los términos expuestos». Al respecto, la vicealcaldesa de Madrid y portavoz del Gobierno municipal, Inmaculada Sanz, ha mostrado su «total y absoluto» respeto a las actuaciones judiciales, además de incidir en que s e trata de un procedimiento que está en curso . «Si hubiera cualquier tipo de responsabilidad por alguien que hubiera hecho algo no bien en la Policía Municipal de Madrid, por supuesto, se tomarían las decisiones adecuadas. Eso es lo único que puedo decir, respetar el procedimiento judicial en curso», ha expresado en declaraciones a los periodistas. Las diligencias se incoaron en 2022 para investigar la presunta comisión por parte de cinco altos mandos de delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias . El denunciante consideraba que había «notables indicios de irregularidades en varios procesos selectivos relacionados con el Cuerpo de Policía Municipal». El magistrado abrió la causa al entender que los hechos expuestos contra la cúpula de la Policía Municipal presentaban «características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal». Tras practicar las diligencia, el juez acordó el archivo al considerar que no se había acreditado la existencia de indicios de suficiente entidad como para continuar la instrucción de esta causa.
