La agenda del entorno proetarra sigue avanzando con la connivencia del Gobierno liderado por Pedro Sánchez, pero las entidades afines a los presos de la banda terrorista no ralentizan su actividad . Sare, el colectivo que organiza la mayoría de las concentraciones para pedir un trato favorable a quienes cumplen condenas por su vinculación y actividad terrorista, prepara para finales de octubre una serie de conferencias por «la paz, resolución y convivencia» con las que trasladar a la esfera internacional sus demandas. Para ello, en las jornadas que se celebrarán el próximo 26 de octubre en el Kursaal de San Sebastián (Guipúzcoa) destacan dos de los ponentes. Brian Currin y Cristina Anderson. El primero es un abogado surafricano, cuya carrera ha estado dedicada a la mediación y que la propia organización explica que ha estado «involucrado en la búsqueda de soluciones democráticas al conflicto vasco» . Ya en 2010, un año antes de que ETA pusiera fin a la actividad armada, presentó un documento con una «hoja de ruta» para «agilizar, facilitar y posibilitar el logro de la normalización política en el País Vasco». Este derivó en la creación del Grupo Internacional de Contacto (GIC), el organismo dedicado a tal fin dirigido por Currin y que acabó por disolverse en 2018, justo después de que lo hiciese la banda terrorista. En cuanto a Cristina Anderson, se trata de una política vinculada al republicanismo irlandés, ocupando puestos de responsabilidad también en las instituciones europeas como el cargo de eurodiputada, en representación del Sinn Féin, el brazo político del IRA (Ejército Republicano Irlandés). Sin embargo, Sare resalta de su trayectoria el haber sido primero condenada a cadena perpetua y después puesta en libertad tras los Acuerdos del Viernes Santo en 1998. El evento, bajo los títulos 'Una visión internacional del País Vasco' y 'Hora de seguir adelante', contará con la participación de varias personas especializadas en derecho penal y criminalística, como es el caso del juez Jaime Tapia, antiguo responsable de la gestión de las prisiones en el País Vasco. Unos perfiles que coinciden con la estrategia del entorno de la banda terrorista que, tras un verano repleto de movilizaciones, ha visto como sus exigencias han seguido materializándose y presiona, al igual que EH Bildu, para seguir avanzando en las excarcelaciones. Primero, se produjo el fin de la dispersión, con el acercamiento de los reos a las cárceles del País Vasco de la mano del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y, después, el impulso de los beneficios penitenciarios. Unos que Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu, exigió ya a finales del mes de agosto , justo después de que Sare hiciera público un comunicado en el que reclamaba, en la misma línea, una «solución integral». Dos han sido los hechos que se han producido tras estas declaraciones, que no son novedosas en el espacio de la izquierda independentista vasca. La concesión de los dos primeros terceros grados a etarras por parte del PSE (Partido Socialista de Euskadi), que asumió la competencia sobre prisiones antes de este verano, y la introducción por parte del Gobierno de dos enmiendas en un proyecto de ley sobre el intercambio de información sobre antecedentes penales en el seno de la Unión Europea que beneficiará a los presos etarras.
