El Gobierno pone en marcha un Registro de Alquileres y una Ventanilla Única Digital para controlar a todos los arrendamientos turísticos y de temporada. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la articulación de un Real Decreto por el que los propietarios tendrán que obtener un código de identificación si quieren colgar sus viviendas en plataformas de reservas como Airbnb o Booking . De forma que, sin estas matrículas, las comercializadoras no podrán ofrecer los inmuebles a los usuarios, según ha explicado la ministra del ramo, Isabel Rodríguez , en la rueda de prensa posterior al encuentro ministerial. «Será imposible comercializar sin un certificado que diga que la vivienda cumple con las normas autonómicas, las ordenanzas municipales y los estatutos vecinales», ha desgranado. El código de identificación tendrá que ser pedido tanto para alquileres turísticos, temporales e incluso habitaciones que se ofrezcan en esos portales. Según ha explicado Rodríguez, será el Registro de la Propiedad el organismo expedidor de esos permisos y el que tramite toda la información a la Ventanilla Única Digital. «Será una ventanilla única, que posteriormente se conectará con la que prepara la Unión Europea, que estará lista en 2026», ha desgranado. La ministra dice que esta es una medida con la que se da apoyo a las comunidades autónomas y ayuntamientos que son los que tienen las competencias en esta materia. «Va a facilitartales el trabajo, al inspección, persecución y la aplicación de las sanciones», ha asegurado. La aprobación de la medida sirve para cumplir con la nueva normativa europea sobre recogida e intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración. Rodríguez ha asegurado que esperan tener el Real Decreto aprobado a final de año y que España se convertirá en el primer país de la UE en tenerlo en marcha. El Registro certificará que la vivienda cumple con las normas autonómicas de licencias de vivienda para uso turístico, con las ordenanzas municipales y con los estatutos vecinales en el caso de que estos incluyan la prohibición de los pisos turísticos en el edificio. Según ha explicado la exalcaldesa de Puertollano, serán los propietarios los que tengan que acudir al Registro de la Propiedad para pedir el número de identificación y este organismo tendrá un plazo de 15 días para analizar que la vivienda cumple con todas las normativas. En el caso de que se retire o suspenda el número de registro por el registrador, la Ventanilla Única Digital trasladará orden a las plataformas para que eliminen posibles anuncios asociados a ese número. La ministra ha defendido que esta es una medida que busca perseguir el fraude de ley y la ilegalidad en alojamientos turísticos, de temporada y de habitaciones con el fin de «priorizar ante todo los alquileres de vivienda habitual», en plena revuelta ciudadana por los altos precios de la vivienda. El nuevo reglamento además incorpora la «causalidad» para distinguir los arrendamientos de temporada y los de corta duración —donde también se incluyen los de habitaciones, turísticos, embarcaciones u otras propiedades que sirva para este fin— de los ordinarios de vivienda. En este sentido, se considerarán servicios de carácter temporal cuando se ofrezcan por razones vacacionales o turísticas, laborales, de estudios, de tratamiento médico «o cualquier otra que no suponga una necesidad de vivienda de carácter permanente». Las viviendas que se ofrezcan para esos fines deberán contar con equipamiento, mobiliario y enseres adecuados «para atender el uso de la unidad de carácter temporal de acuerdo con el reglamento». Según Vivienda, la nueva norma trata de «clarificar» la figura de estos arrendamientos contenidos en el artículo 3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. El Consejo de Ministros también ha aprobado este martes la nueva edición del Bono Alquiler Joven, que volverá a contar con una dotación de 200 millones de euros, e irá destinado a jóvenes menores de 35 años. Durante su comparecencia, la ministra Rodríguez ha pedido a las comunidades autónomas «mejorar» su tramitación , tras los perjuicios sufridos por los inquilinos en algunas regiones por los graves retrasos en la entrega del dinero. «Queremos que los pagos se realicen de manera inmediata, resolver el tiempo de resolución y que no exista discriminación entre unos jóvenes u otros dependiendo del territorio en el que vivan», ha dicho la titular del ramo.
