En la ruta del cambio, por Sarah Laughton
* Por Sarah Laughton, representante del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en el Perú
La hoja de ruta para la transformación de los sistemas alimentarios del Ministerio de Agricultura y Riego (MIDAGRI) prevé un sistema alimentario en el que la población consuma alimentos saludables y nutritivos, la producción proteja los ecosistemas y los beneficios económicos de la cadena de valor de los alimentos se compartan equitativamente.
El Perú ve cada vez más a los pequeños agricultores como clave para reactivar la economía y garantizar alimentos asequibles y producidos de manera sostenible (incluso para los propios pequeños agricultores, que se encuentran entre las poblaciones económicamente más vulnerables del Perú). Dar prioridad a los pequeños agricultores significa que el gobierno debe invertir n su capacidad para producir alimentos y en su capacidad para venderlos. Según los datos más recientes, alrededor de 200 mil familias de agricultores en el Perú tienen actualmente la capacidad de producir excedentes de alimentos frescos para el mercado. Lograr esto significa superar las ineficiencias de la cadena de producción y suministro y otras barreras que impiden a los pequeños agricultores suministrar alimentos frescos y nutritivos a precios asequibles a los mercados. Si bien la asequibilidad de una dieta saludable es una preocupación central para la población en general, lo es especialmente para las poblaciones vulnerables a las que se dirigen los programas nacionales de asistencia social del Perú. Tres de estos programas se basan en alimentos: Qali Warma, el programa nacional de alimentación escolar; Cuna Más, el programa nacional de desarrollo de la primera infancia; y el Programa de Complementación Alimentaria, que brinda asistencia alimentaria a comedores sociales, albergues y pacientes con tuberculosis. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) invierte más de 700 millones de dólares al año en comprar alimentos para estos programas.
En este contexto, la implementación de la Ley Nº 31071 de Compras Estatales de Alimentos de Origen en la Agricultura Familiar, que exige que el 30 por ciento de los presupuestos gubernamentales para alimentos se gaste en alimentos provenientes de pequeños agricultores, es una oportunidad para hacer que los presupuestos gubernamentales funcionen para transformación positiva del sistema alimentario. Si los pequeños agricultores pudieran superar las barreras que les impiden competir en los mercados públicos, podrían vender en mercados privados haciendo que los alimentos frescos y las proteínas sean más accesibles para poblaciones enteras.
El PMA, FAO y FIDA trabajan juntos desde 2020 para apoyar primero el diseño y ahora la implementación de Ley de Compras Estatales. Comenzamos encargando un diagnóstico exhaustivo de las barreras e identificando las inversiones necesarias para superarlas.
Del lado de la oferta, las barreras incluyen cuestiones de productividad, como la ausencia de asistencia técnica, crédito, seguros y acceso limitado al agua; desafíos en la cadena de valor, como la falta de instalaciones para la agregación, el almacenamiento, el procesamiento y el transporte; y la disposición de los agricultores para interactuar con los mercados públicos de manera estructurada (organización, formalización y capacidad para cumplir con los estándares de calidad e inocuidad de los alimentos).
Por el lado de la demanda, los programas sociales aún no están preparados para comprar a escala. Lograr el objetivo del 30 por ciento implicará rediseñar los programas para incluir alimentos frescos, identificar opciones de abastecimiento viables y cambios institucionales y normativos. En 2021, el MIDAGRI estableció un grupo de trabajo técnico con las tres agencias para estudiar experiencias exitosas en otros lugares en materia de abastecimiento local de programas sociales basados en alimentos. Los intercambios con Honduras, Brasil y Ecuador fortalecieron la hoja de ruta común emergente.
Cada agencia ha contribuido al marco normativo a nivel nacional para la implementación de la ley. Por ejemplo, la FAO apoyó el desarrollo de la guía para acreditar a pequeños agricultores con el sello de “agricultura familiar” que certifica el uso de mejores prácticas agrícolas. El FIDA ayudó a elaborar la guía de compras del MIDAGRI. El PMA apoyó el desarrollo de lo que ahora es el plan de estudios nacional de capacitación del Ministerio para pequeños agricultores. Aún quedan grandes desafíos.
Es necesario apoyar a los gobiernos regionales y locales a conectar mejor las inversiones sectoriales en producción y protección social para que los agricultores no sólo puedan producir sino también vender, y los programas sociales basados en alimentos puedan comprar. El PMA ha lanzado un programa de asistencia técnica plurianual en Ayacucho, Cusco y Piura, con planes de expandirse a otras regiones en 2024. La FAO apoya las adquisiciones públicas en Junín y está ampliando su asistencia en Loreto y Ancash. El FIDA financiará inversiones adicionales en comercialización por parte de pequeños agricultores, a través de un nuevo proyecto que se ejecutará hasta 2030. A largo plazo, superar estos desafíos transformará la calidad de los programas sociales basados en alimentos y convertirá a los pequeños agricultores en protagonistas de un sistema alimentario más saludable, equitativo y funcional para todos los peruanos. De esta manera se trabaja en conjunto pensando en #AlimentarElFuturodelpaís