¿No pudo impedir los abusos del 18-O? Los argumentos de la defensa del exgeneral Rozas

Este martes en el VII Juzgado de Garantía de Santiago continuó la audiencia de formalización contra los ex generales de Carabineros, Mario Rozas, Ricardo Yáñez y Diego Olate, imputados por el delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio en el marco del estallido social.

En esta cuarta jornada, expusieron los últimos querellantes que se sumaron a la solicitud de prisión preventiva de la abogada de derechos humanos, Karinna Fernández, quien pidió la aplicación de la precautoria más gravosa para los tres exgenerales, ya que su libertad pondría el riesgo el proceso e investigación.

Posteriormente, fue el turno de las defensas de los ex altos mandos de Carabineros, quienes se refirieron a la necesidad de cautela de la prisión preventiva, pues llegaron a acuerdo con el Ministerio Público respecto a las medidas de arraigo nacional y firma mensual.

La primera en alegar fue la abogada defensora del ex general Mario Rozas, Susana Bortzutzky, quien señaló que su representado se sujeta a las precautorias con el fin de que el proceso se lleve a cabo y pueda esclarecer su inocencia respecto de los cargos comunicados.

De esta forma, Bortzutzky sostuvo que se oponen a la cautelar de prisión preventiva solicitada por los otros querellantes, en base a antecedentes de hecho y de derecho. Además, ahondó en el contexto de las imputaciones, un elemento que, según la jurista, la fiscal Ximena Chong “sólo esbozó” y que es importante para la causa.

“Al ex general director siempre le importaron los derechos humanos. Apenas ocurre el estallido social, Mario Rozas convocó a una plana mayor, a un consultivo de generales, conformado por generales y generales inspectores, quienes le informaban diariamente lo que sucedía en la nación. En estos consultivos Mario Rozas le solicitó a sus generales del nivel estratégico que impartieran a su vez las instrucciones hacia el nivel operativo y administrativo, para cautelar los protocolos de uno de la fuerza, es por eso que hay más de 687 DOE – Documentación Electrónica- , en relación a la materia. Todos tienen relación con resguardar los protocolos de uso de la fuerza”, argumentó.

Así, la abogada defensora señaló respecto de las condiciones bajo las que se le acusa del delito de omisión a Rozas que “no podemos olvidar que no existe ningún fallecido por agresión activa de Carabineros por el arma de fuego. Y es precisamente porque sí existió control, orden y supervisión. Se tuvo que pasar de mil 200 funcionarios operativos a 28 mil. Esto se debe a que la cantidad de manifestantes violentos superaban con creces a los funcionarios que intentaban resguardar el orden público. Carabineros jamás estuvo en la retaguardia, si hubiesen dejado de cumplir con sus funciones, estaríamos en otro delito, que es el incumplimiento del deber”.

“Lamentablemente sabemos que hubo excesos en el uso de la escopeta antidisturbios y de la carabina lanza gases, pero también sabemos que Mario Rozas no se encontraba en el lugar, él no tenía cómo impedir aquellos abusos“, añadió.

En ese sentido, la abogada se refirió a la formalización “injusta” que realizó el Ministerio Público. “Fue una imputación antojadiza, acomodada que habla de supuestos incumplimientos, los que se traducen en una suerte de responsabilidad objetiva. Lo que quiere hacer creer la Fiscalía es que en caso de que haya un lesionado, se puede imputar directamente al alto mando sin cumplir con ningún requisito de atribución normativa y jurídica”.

Siguiendo con la defensa de Rozas, el abogado Cedric Miranda, abordó los distintos tipos de mando dentro de Carabineros y explicó la relevancia de esta diferencia. De esta forma, aseguró que el exgeneral “tenía el mando policial de la institución, no así un mando operativo“.

“Creemos que existe un error de imputación hacia nuestro representado porque no es posible a Mario Rozas atribuirle omisión respecto de actos operativos que estaban ocurriendo en sitios determinados, el control en supervisión en terreno no estaba dentro de las facultades de Rozas en su rol de general director de Carabineros“, subrayó.

Cerró los alegatos en favor del exgeneral director, el abogado Felipe Barruel, quien aseveró sobre el delito de apremios ilegítimos que “no hay ningún antecedente, más allá de los casos de personas publicas que a consecuencia de las lesiones que sufrieron los funcionarios fueron condenados, no tenemos ningún elemento que demuestre que mi representado tenía la posición fáctica y objetiva para impedir esos apremios“.

El siguiente en exponer en esta cuarta jornada fue el abogado de Diego Olate, Sergio Contreras, quien declaró que las afirmaciones que hacen los querellantes respecto de las responsabilidades de mando de los generales no son coherentes, pues, a su juicio, no hay elementos para atribuirle delitos de apremios ilegítimos por omisión.

“Acá se partió de ciertas construcciones gramaticales que las han erigido como unas solidas construcciones fácticas.Y ¿Cuál es el argumento de mis contradictores querellantes? Es que habría un supuesto básico y que nos encontramos frente a 227 casos de apremios ilegítimos, sobre eso, se construye toda la argumentación de los querellantes que solicitan medidas cautelares más intensas (…) Esto es una falacia argumentativa , que no podemos dejar pasar por varios aspectos, es imposible construir un segundo piso, si es que no se levantan los cimientos del primero”, recalcó.

Cabe señalar que este miércoles se reanuda la audiencia, la que se espera que concluya el 17 de octubre, cuando el juez Cristián Sánchez decrete las medidas cautelares contra los tres imputados, un día antes de una nueva conmemoración del estallido social.