El Gobierno consiguió el permiso para auditar a las universidades en paralelo a la AGN

Tal y como lo quería el presidente Javier Milei, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) -el órgano de control interno que está bajo órbita del Poder Ejecutivo Nacional- podrá auditar las acciones de gestión y financieras de las universidades nacionales. Así lo dictaminó el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, a través de una resolución que se dio a conocer este martes.

De esta manera, tal y como lo había solicitado en público el PRO cuando decidió apoyar el veto al financiamiento universitario, el jefe de los abogados del Estado dio marcha atrás con una resolución firmada por el entonces procurador del Tesoro de Alberto Fernández que indicaba que las auditorías de la SIGEN sobre las casas de estudio eran una vulneración de la autonomía que estas tienen por mandato constitucional.

Se trata de una decisión que ya se venía cocinando desde hace varias semanas. Días atrás, El Cronista había adelantado que la SIGEN había elevado un pedido en forma conjunta con la Secretaría de Educación a la Procuración del Tesoro para que revierta el dictamen que les impedía auditar las universidades nacionales.

En la decisión publicada dos años atrás por Zannini se hizo mención de que la competencia específica para auditar la gestión administrativa y financiera de las universidades era la Auditoría General de la Nación (AGN) -que depende del Poder Legislativo-, tal y como lo marca expresamente el artículo 59 bis de la Ley de Educación Superior. Sin embargo, Barra interpretó que esto no impide a la SIGEN hacer un control interno.

Entre las fundamentaciones, el Procurador informó que el sistema de control interno previsto está incluido en la Ley de Administración Financiera y de los Sistema de Control del Sector Pública Nacional N°24.156 y de aplicación a las Universidades Nacionales sin contradecir ni vulnerar la autonomía funcional y la autarquía administrativa-financiera que les reconoce la Constitucional Nacional, reglamentada a través de la Ley de Educación Superior.

De esta forma, y a través del Dictamen, Barra emitió su opinión sobre el encuadre normativo del ejercicio de control de la SIGEN en el ámbito de las Universidades Nacionales y las incluye dentro de la Ley de Administración Financiera (LAF), sus normas reglamentarias y complementarias.

Desde que Zannini firmó la resolución en 2022 que solo la AGN, órgano dependiente del Congreso, quedaba investida con la capacidad auditora a las casas de estudios superiores. Con esa nueva decisión, el Gobierno salió a instalar con un comunicado que "las Universidades Nacionales serán auditadas por la SIGEN".

Aunque no se lo afirma explícitamente, el Gobierno no tiene entre sus prioridades en avanzar con la constitución de los miembros que le faltan a la AGN: hay tres de sus siete puestos directivos vacantes -correspondientes a representantes de la Cámara de Diputados- que aún no fueron electos.

La AGN es un órgano de control creado a nivel constitucional y que depende del Poder Legislativo: todos los años, la entidad le presenta un documento (llamado Programa de Acción Anual) en el que propone las auditorías de diferentes áreas del Estado que sería considerable realizar. Sin embargo, es la Comisión Especial Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, integrada por diputados y senadores, la que autoriza cuáles se harán.

Coincidiendo con el debate del control de los fondos universitarios, las autoridades de la AGN dieron a conocer este jueves su PAA para 2025. Este incluye un total de 296 proyectos de auditorías -128 nuevos y 168 que se corresponden con años anteriores-; de las cuales 14 abarcan a diferentes universidades públicas. Sin embargo, el oficialismo todavía no constituyó la Comisión Bicameral para que se puedan aprobar estas auditorías.

"Se verá cuál es la mejor forma o la manera más transparente y la manera más sencilla de que las auditorías cumplan el objetivo de transparencia, pero me parece que es un tema de segundo orden. Me parece que lo que hay que resaltar es que - entre todos - estamos comprendiendo que todo peso que sale del bolsillo del contribuyente - sea para pagar un hospital, una universidad o cualquier otra cosa - tiene que tener una contrapartida de transparencia y justificación", dijo este mediodía en conferencia de prensa el vocero presidencial, Manuel Adorni.