Gobierno pidió completar aguinaldos en MEP con dinero de intereses de deuda
El gobierno presentó una moción de última hora para cubrir el pago de aguinaldos del Ministerio de Educación Pública (MEP), en el sexto presupuesto extraordinario del 2024, tomando recursos de la partida destinada al pago de intereses de la deuda pública.
La moción agregó ¢18.743 millones, los cuales se suman a otros ¢20.222 millones que el Ministerio de Hacienda había incluido en el texto base enviado a la Asamblea Legislativa.
La moción de última hora generó fricciones entre la diputada oficialista Pilar Cisneros y los legisladores de la oposición, entre ellos Paulina Ramírez y Gilbert Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN); Carlos Felipe García y Alejandro Pacheco, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); y José Pablo Sibaja, del Partido Nueva República (PNR).
Los opositores reprocharon a Cisneros porque, en el pasado, el gobierno criticó a los legisladores por redirigir recursos a diversas necesidades rebajando el dinero de los intereses de la deuda, tal como está proponiendo hacer el PLN ahora para agregar ¢11.500 millones al Fondo Especial para la Educación (FEES) del 2025.
PLN propone aumento del 2% para el FEES
En respuesta, la jefa de la bancada del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) argumentó que, en esas ocasiones, la oposición había realizado ajustes presupuestarios sin tener certeza de si habría ahorros en la partida de intereses de la deuda, mientras que los recursos de su moción provienen de ahorros ya verificados en el 2024.
Paulina Ramírez sostiene que el gobierno sobreestima los intereses y que, por eso, ha sido correcto redirigir recursos de ese rubro para inversión social y gastos en seguridad.
Luego de aprobar la moción, la Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios dictaminó afirmativamente, por unanimidad, el sexto presupuesto extraordinario de este año.
Los fondos se incorporaron en el sexto presupuesto extraordinario, que también contempla una asignación de ¢32.977 millones para el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), y ¢15.000 millones para la atención de la seguridad ciudadana.