Las asociaciones de juristas se revuelven contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras su imputación por el Tribunal Supremo (TS) por un posible delito de revelación de secretos. La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha pedido este miércoles, solo unos minutos después de la decisión del Alto Tribunal, la dimisión del fiscal general porque «es absolutamente incompatible ser jurista de reconocido prestigio y, al mismo tiempo, ser imputado». En una primera reacción tras conocerse la decisión del Supremo de abrir una causa contra García Ortiz por revelar, presuntamente, datos de carácter reservado sobre el procedimiento fiscal abierto a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; la APIF ha señalado con rotundidad que el fiscal general « no puede continuar ni un minuto más en este puesto , dirigiendo la institución en toda España, pudiendo dar órdenes de forma expresa a cualquier fiscal y en cualquier asunto». En un comunicado, la asociación de fiscales ha recordado la gravedad y lo inédito de la imputación de García Ortiz, que se ha convertido en el primer fiscal general del Estado investigado por el Supremo. Así, ha advertido que mantener un fiscal general con la condición de investigado como posible responsable de un delito «es deteriorar gravemente nuestro Estado de Derecho ». La APIF considera que García Ortiz debe dimitir «al haber perdido la condición de jurista de reconocido prestigio ». En su razonamiento, la asociación profesional ha recordado que esa es una condición que exige el apartado 1 del artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y que ahora ha perdido tras su imputación. «A partir de ahora, tras conferirle el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado el estatuto de investigado, a nuestro juicio, ha perdido completamente la autoridad que debe tener el máximo responsable del Ministerio Público». Ha incidido, además, en que cualquier fiscal en España podría ser suspendido en el ejercicio de su función si se sigue un procedimiento penal contra él, salvo que sea fiscal general del Estado, algo que «no tiene ningún sentido», en opinión de la APIF. «Teniendo en cuenta esta situación parece urgente y necesario modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para incluir una nueva causa de cese del Fiscal General del Estado», han subrayado desde la asociación.
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