El fiscal general no dimite porque seguir en el cargo tras ser imputado "refuerza la independencia de la Fiscalía"
Álvaro García Ortiz, primer fiscal general del Estado imputado en la historia de la democracia, no dimitirá tras la decisión del Tribunal Supremo de investigarle por revelación de secretos por la difusión de los datos fiscales del empresario Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. En un comunicado, asegura que mantenerse en el cargo "es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo". Su continuidad al frente del Ministerio Público, asegura, "refuerza la independencia de la Fiscalía española".
"Soy consciente de la repercusión pública de la noticia y no desconozco la afectación que supondrá en el trabajo de las y los fiscales de nuestro país", afirma. Pero añade que "es, precisamente, la ponderación de estas circunstancias lo que me persuade para seguir ejerciendo plenamente mis atribuciones legales. Como hasta ahora he venido haciendo: con pleno respeto a la Ley y al Estado de derecho".
El fiscal general del Estado ha convocado mañana mismo a la Junta de Fiscales de Sala y al Consejo Fiscal para "hacerles partícipes de esta decisión, proporcionar las explicaciones oportunas y escuchar cuanto tengan a bien manifestar" los integrantes de la cúpula de la carrera.
García Ortiz -que asume que "la atribución de la condición de investigado al fiscal general del Estado es inédita en nuestro país"- asegura que la decisión del Tribunal Supremo le permitirá "ejercitar plenamente mi derecho de defensa, toda vez que la investigación judicial se ha desarrollado hasta la fecha sin que haya podido hacerlo".
Aunque el fiscal general afirma que la apertura del procedimiento penal contra él le obliga a imponerse la "máxima prudencia" para evitar así que sus manifestaciones se interpreten "como una interferencia en el proceso" o un intento de influir en el Supremo, García Ortiz defiende que su imputación obliga a realizar "una profunda reflexión sobre los hechos que la motivan, las circunstancias que la rodean y las consecuencias que puede generar no solo en la futura actuación del Ministerio Fiscal, sino en toda la Justicia española". Con ese convencimiento, insiste en que este asunto ""no es particular del fiscal general del Estado, sino que se encuadra en el ámbito de las competencias que la Constitución española y la Ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal encomiendan a este órgano de relevancia constitucional".
Y reitera que el ordenamiento jurídico atribuye a la Fiscalía "la función de informar de los asuntos relevantes de que conozca para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, más aún en un caso como este en el que con bulos o falsedades se comprometía la imagen de la institución y de varios de sus integrantes".