Dos asociaciones fiscales exigen la dimisión de García Ortiz tras ser imputado por el Supremo
Dos de las tres asociaciones de la carrera fiscal reclaman a Álvaro García Ortiz que dimita tras ser imputado por el Tribunal Supremo por revelación de secretos por la difusión de los pormenores de la investigación por delito fiscal al empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. La mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) asegura que "no puede mantenerse en el cargo" si está siendo investigado por el alto tribunal, mientras que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) coincide en que si no renuncia contribuye a deteriorar "gravemente" el Estado de derecho. García Ortiz ya ha comunicado que no tiene intención de dimitir porque considera que mantenerse en su puesto "es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo" y, además, "refuerza la independencia de la Fiscalía española".
La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, asegura en un comunicado que "nunca hubiésemos imaginado que la institución podría encontrarse en una situación tan crítica y lamentable en la que quien la dirige se encuentra investigado en una causa penal". De ahí que, "sin perjuicio de defender el principio de presunción de inocencia" de García Ortiz, la AF defiende que "no puede mantenerse en el cargo si valora la dignidad de la carrera fiscal, de la fiscalía, de la institución garante de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos".
"Los fiscales tenemos una serie de incompatibilidades específicas así como un código ético propio que nos exige un plus de imparcialidad y de probidad", recuerda Dexeus, quien señala que el Reglamento de la carrera aprobado en 2022 "prevé la posibilidad de que el fiscal ordinario sea separado del cargo en el caso de que se le incoe una causa penal, en beneficio de la apariencia de imparcialidad y de honradez de la institución".
"¿Qué apariencia de imparcialidad podrá tener el fiscal que emita informes en las actuaciones referidas al fiscal general del Estado si este es su superior jerárquico y sigue dependiendo del mismo?", se pregunta la decana de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Barcelona. "Lo que se va a valorar en los tribunales es la actuación concreta del fiscal general y si se ha excedido en las funciones que representa". Para Dexeus, "que el fiscal general se ampare detrás de la institución es inadmisible".
La Comisión Ejecutiva de la AF denuncia respecto a este asunto que "la condición de investigado de quien dirige el Ministerio Fiscal genera una tensión sin precedentes en la institución y erosiona la credibilidad de la actuación de quienes la representamos diariamente, cerca de 3.000 hombres y mujeres con vocación". Y denuncia que "revertir esta anomalía, recuperar el respeto a nuestro trabajo, requiere la dimisión como paso inevitable e imprescindible".
En esa misma línea, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) también reclama la dimisión de García Ortiz pues considera que con su imputación ha perdido "la consideración de jurista de reconocido prestigio" que exige el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para poder ejercer el cargo. "Mantener un fiscal general del Estado con la condición de investigado como posible responsable de un delito es deteriorar gravemente nuestro Estado de derecho", denuncia.
En un comunicado, la comisión ejecutiva de APIF asegura que "es absolutamente incompatible ser jurista de reconocido prestigio y, al mismo tiempo, ser imputado por el Tribunal Supremo como posible autor de un delito".
Una vez el alto tribunal ha decidido investigarle por revelación de secretos -hace hincapié la asociación- "ha perdido completamente la autoridad que debe tener el máximo responsable del Ministerio Público".
Para APIF, "no es posible que pueda continuar ni un minuto más en este puesto, dirigiendo la institución en toda España, pudiendo dar órdenes de forma expresa a cualquier fiscal y en cualquier asunto".
En su opinión, no es de recibo que la situación en la se encontraría cualquier fiscal de España tras ser imputado "sea, de hecho, peor que la que tiene el fiscal
general del Estado". Y es que, recuerda, el artículo 145 del Reglamento del Ministerio Fiscal faculta al fiscal general a suspender cautelarmente a cualquier fiscal "contra el que se siga un procedimiento penal". "Es decir, cualquier fiscal en España podría ser suspendido en el ejercicio de su función si se sigue un procedimiento penal contra él, salvo que sea fiscal general del Estado", señala. Para APIF, esta situación "no tiene ningún sentido".
Dado que ni siquiera está previsto en el Estatuto Orgánico que el fiscal general sea imputado, la asociación propone modificarlo para incluir entre las causas de cese "cuando se siga un procedimiento penal contra él"