Álvaro García Ortiz: el fiscal general del Estado de las diez polémicas
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha decidido por unanimidad abrir una investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y contra la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, por el presunto delito de revelación de secretos del que les acusa Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Así lo ha decidido la Sala Segunda del alto tribunal después de que el pasado 14 de febrero González Amador presentase ante la Fiscalía de Madrid un informe en el que se revelaba el cruce de correos electrónicos entre su abogado y el fiscal del caso, Julián Salto, por el supuesto fraude fiscal por el que se le investiga, un comunicado del que el fiscal García Ortiz asumió la responsabilidad.
Tras conocerse la noticia esta misma mañana, numerosos representantes políticos, como ha sido el caso de la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, han pedido la dimisión de García Ortiz como fiscal general del Estado, alegando que su imputación se trata de una medida inédita, ya que es la primera vez que se investiga al jefe del Ministerio Público. No obstante, a esta exigencia se han sumado dos asociaciones fiscales, la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), quienes han asegurado que, si García Ortiz no renuncia, contribuye a deteriorar "gravemente" el Estado de Derecho.
Por su parte, el Gobierno, a través de la figura del ministro de la Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, ha mostrado su "total respaldo" al fiscal García Ortiz, así como un "total respeto" hacia la resolución del Supremo, preguntnándose si "de verdad puede ser un delito desmentir un bulo".
El fiscal de las diez polémicas
Álvaro García Ortiz lleva poco más de dos años como fiscal general del Estado, desde que jurase su cargo el pasado 2 de agosto de 2022. Sin embargo, no le ha faltado tiempo para acumular polémicas por sus choques con el Tribunal Supremo, con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y con diversos partidos políticos, así como con parte de la carrera fiscal. Entre sus polémicas destacan aquellas acusaciones por ser notablemente cercano con la política del Gobierno de Pedro Sánchez, por sus nombramientos y, una de las más recientes, por su postura respecto a la Ley de Amnistía.
García Ortiz, cercano a su antecesora Dolores Delgado, exministra socialista, fue criticado antes de su nombramiento como fiscal general y, aunque inicialmente recibió el aval del CGPJ para ocupar el puesto, posteriormente fue rechazado por un voto, acusando al Órgano de actuar como "un tribunal de honor", protagonizando así su primera polémica.
La política de nombramientos de García Ortiz ha sido muy cuestionada, con varias revocaciones por el Tribunal Supremo, incluyendo el ascenso de Dolores Delgado a la categoría de fiscal de Sala, lo que generó acusaciones de "desviación de poder" y tensiones con el Consejo Fiscal, órgano que vive un clima de tensión con García Ortiz, al que se le acusa de favorecer a la Unión Progresista de Fiscales y de impedir que el propio Consejo Fiscal se pronunciase sobre la Amnistía.
Precisamente, uno de los choques más mediáticos de García Ortiz fue con los fiscales del 'Procés', quienes se opusieron a su orden de amnistiar todos los delitos de los líderes independentistas, lo que llevó a que se les apartara después de que la cúpula fiscal avalara por la mínima el criterio del fiscal general. Además, cuando la Amnistía todavía no se había materializado, la número 2 del Ministerio Público, desoyendo a la cúpula fiscal, pidió no investigar por terrorismo a Carles Puigdemont en el caso Tsunami Democràtic, generando críticas internas que muchos atribuyeron a García Ortiz, antes de que la causa fuera archivada.
"El ministro 23"
En el ámbito político, García Ortiz ha sido blanco recurrente de críticas hacia el Gobierno, siendo comúnmente referido como el "ministro número 23" y enfrentando repetidas solicitudes de dimisión, como ha ocurrido nuevamente hoy. Además, el pasado mes de mayo fue reprobado por el Senado, gracias a la mayoría absoluta del PP.
Justamente, en febrero, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) recurrió ante el Supremo el nombramiento de García Ortiz como fiscal general, alegando su "parcialidad" en favor del Gobierno, algo por lo que el tribunal todavía no se ha pronunciado.
Por otro lado, según Agencia EFE, 18 fiscales del Supremo arremetieron contra él por "ignorar deliberadamente" la demanda de amparo de los fiscales del 'Procés', por las alusiones al 'lawfare' (instrumentalización de la justicia) plasmadas en el acuerdo del PSOE con Junts per Catalunya. Así, el CGPJ advirtió de su inacción ante la campaña de "ataques mendaces" contra esos mismos fiscales, pero él siempre dijo que defendió el "trabajo diario de todos los fiscales" frente a las acusaciones de 'lawfare'.
A todo ello hay que sumarle la polémica derivada del caso de González Amador, por el que el Tribunal Supremo ha decidido abrir una investigación contra él por unanimidad. Algo por lo que García Ortiz se ha convirtido en el primer fiscal general imputado por el Supremo en democracia.