El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este miércoles, con los votos del PP-A, una moción defendida por el Grupo Socialista por l a supuesta «corrupción» que dicha formación denuncia que se ha producido en la contratación en materia sanitaria de la Junta de Andalucía presidida por Juanma Moreno. La moción, relativa a política general en materia de contratación por el SAS, se ha votado en dos bloques de puntos, si bien ha quedado por completo rechazada con el voto en contra de la mayoría absoluta del PP-A, mientras que ha contado con el apoyo de los grupos de Por Andalucía y Adelante Andalucía, y parcialmente de Vox. Entre otras cuestiones, la moción planteaba instar al Gobierno andaluz a aprobar « la oportuna programación de los contratos a realizar en el ejercicio 2025 « por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS), »y a que se proceda a su publicación en el portal de transparencia de la Junta de Andalucía«. Además, la moción socialista planteaba que el Parlamento instase al Consejo de Gobierno «a dictar una instrucción sobre regulación de los contratos menores en el que se garantice, entre otros, los principios de publicidad y concurrencia«. Por otro lado, el PSOE-A quería que el Parlamento instase a la Junta a que «exija al Servicio Andaluz de Salud a que en los expedientes de contratación incluya la correspondiente acta de recepción positiva de la inversión, debidamente suscrita«, así como a que »inicie las prestaciones contratadas por la vía de la emergencia en un plazo no superior a un mes, y que obligue a que se inicie un procedimiento ordinario de contratación en caso de superarse ese plazo estipulado«. Otra propuesta de la moción era que el Parlamento instase al Gobierno andaluz a «dictar orden al Servicio Andaluz de Salud para que en la tramitación de cualquier expediente de contratación menor se exija la emisión de un informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato, y que no se está alterando su objeto, con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos para este tipo de contratos«. De igual modo, el grupo socialista quería que el Parlamento instase al Consejo de Gobierno a «dictar orden al Servicio Andaluz de Salud para el cumplimiento íntegro de la Instrucción 1/2021 de la Dirección General de Contratación en referencia al uso de la contratación de emergencia«, así como para que »en todos y cada uno de los contratos tramitados« por el SAS »se establezca de manera clara y precisa la persona responsable del contrato y el órgano que lo designa«. Por otro lado, el PSOE-A quería que el Parlamento instase al Gobierno andaluz a « que no prorrogue los contratos tramitados por el Servicio Andaluz de Salud por el procedimiento de negociado sin publicidad para la contratación del servicio de asistencia sanitaria complementaria para procedimientos quirúrgicos y diagnósticos a usuarios del SAS, con el objetivo de garantizar la concurrencia pública y minorar el coste en la prestación de estos servicios«. Por último, el grupo socialista quería que el Parlamento instase al Consejo de Gobierno «a que proceda al inicio de los correspondientes procedimientos de revisión de oficio de las prácticas contractuales nulas de pleno derecho detectadas por la Intervención General en el curso de actuaciones de control financiero y, en su caso, exigir cuantía del reintegro«. En defensa de la moción ha intervenido el diputado del PSOE-A Rafael Márquez, que ha sostenido que la «labor de fiscalización» del Grupo Socialista en materia de contratación sanitaria de la Junta «se ha centrado» en la etapa «post-Covid», es decir, « a partir del momento en el que todos sabían que la excepcionalidad creada en el año 2020 con la aparición de la pandemia no era la misma que en el 2021« ni en los años siguientes, y que »no se justificaba este tipo de contrataciones de emergencia en ese nuevo contexto«. En esa línea, ha justificado esta moción socialista con el objetivo de «parar» lo que ha definido como un «'modus operandi' fraudulento» por el que el PSOE-A ya ha presentado una denuncia que el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha admitido a trámite, según ha recordado antes de lamentar que el PP-A impidió con su mayoría absoluta que el Parlamento crease una comisión de investigación sobre la contratación de emergencia aprobada entre los años 2020 y 2023, como solicitó el Grupo Socialista. El representante del PSOE-A ha sostenido que «estamos ante un caso de una enorme gravedad», del que « sólo sabemos una mínima parte« por ahora , y «aún falta por conocer el alcance y la magnitud de las irregularidades», según ha insistido para subrayar que, «de los informes de Intervención» ya conocidos, «podemos deducir que seguramente estemos ante el mayor caso de corrupción de contratación sanitaria que hemos conocido en España». Rafael Márquez ha concluido señalando qu e «ya tenemos claro que todo el sistema de contratación del Servicio Andaluz de Salud está viciado» y «se encuentra al margen de la legalidad vigente», además de que «está dirigido a beneficiar a la sanidad privada en detrimento del sistema público de salud», y ahora «sólo nos falta por saber si, ante las evidencias», desde el Gobierno del PP-A «van a hacer algo para corregirlo, aunque vayan ya demasiado tarde», ha advertido para concluir. En el turno de posicionamiento de los grupos, el diputado del PP-A Pablo Venzal ha replicado al PSOE-A que «no hace falta» su moción porque «el gran grueso de los contratos tiene fiscalización previa», y los contratos de emergencia que se han realizado desde que en el año 2022 «se prohibió» hacer con la justificación de la pandemia, han sido «los habituales» y que «prevé» la ley, según ha remarcado. Dicho esto, ha instado a los socialistas a decir qué «caso concreto denuncian» en cada supuesto sobre los contratos, y les ha acusado de hacer «demagogia» y presentar denuncias «prospectivas». Por su parte, la parlamentaria de Vox Cristina Jiménez ha atribuido la iniciativa socialista a que «reciben instrucciones directas del señor Fangoneti» , mientras ha señalado que «la Faffe, los ERE y sus piezas separadas son un cáncer de la corrupción instalado en la columna vertebral de los gobiernos socialistas», por lo que ha inferido que «carecen de legitimidad para reclamar buena gestión y transparencia».
