El fiscal general del Estado: "Ni yo ni mi entorno filtramos ningún correo, por eso no debo dimitir"

“Ni yo ni mi entorno filtramos ningún correo. Esa es la razón por la que no he dimitido”. Con estas palabras se ha expresado este miércoles a última hora el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En una entrevista en La Noche en 24 horas (Canal 24 horas de RTVE) García Ortiz ha pronunciado las primeras en público después de que en la mañana de este miércoles se conociera que el Tribunal Supremo abría una causa penal contra él por la querella de la pareja de Isabel Díaz Ayuso por revelación de secretos. Se trata de la primera causa penal que el Tribunal Supremo abre contra un fiscal general en ejercicio.

“No estoy investigado ni estoy imputado”, ha querido matizar el fiscal nada más comenzar la entrevista con Xabier Fortes, a quien ha confesado que la decisión del Supremo le ha provocado “mucha preocupación” y le ha hecho “reflexionar”. “Asumo en primera persona todas las decisiones que tomo”, ha insistido. “Yo asumo que hice o que hicimos una nota de prensa de la que soy el único responsable para desmentir un bulo”, ha remarcado. Es más, García Ortiz ha asegurado que “volvería a hacer esa nota de prensa”.

García Ortiz se refiere al comunicado del pasado mes de marzo con el que la Fiscalía de Madrid intentó desmentir varias informaciones falsas sobre el caso de doble fraude fiscal de la pareja de Díaz Ayuso y por el que ahora le investiga el Supremo por supuesta de revelación de secretos. En concreto, la nota de prensa desmintió los mensajes que se enviaron desde el entorno de Díaz Ayuso a varios medios asegurando que fue la Fiscalía quien ofreció un acuerdo de conformidad a Alberto González Amador cuando en realidad fue este quien lo planteó.

Respecto a su decisión de no dimitir pese a la causa del Supremo García Ortiz ha asegurado que ha sido “la reflexión más importante” que ha tenido que hacer este miércoles “pensando en los compañeros” y que finalmente ha decidido quedarse “con absoluta convicción, pensando que es lo mejor a corto y largo plazo para la Fiscalía”. 

Preguntado sobre si siente ser víctima de una suerte de “cacería” política, García Ortiz ha reconocido que aunque “cualquier fiscal general del Estado es puesto en entredicho por haber sido designado por un Gobierno” también en otras ocasiones, en su caso “no se respetaron ni los 50, ni los 100, ni los 500 días”. “La responsabilidad del cargo debe soportar esas persecuciones”, ha concluido.

En su auto de este miércoles el Supremo ha explicado que el comunicado que emitió la Fiscalía sobre el caso de Alberto González Amador contenía información ya revelada por medios de comunicación, pero pone el foco sobre la filtración de los correos en los que su abogado reconocía los dos delitos fiscales y se ofrecía a pactar. La investigación se centrará, por tanto, en si fue el fiscal general quien filtró esos correos a medios de comunicación de forma previa. 

Pero García Ortiz ha negado la mayor. Según ha insistido, él no ha filtrado ningún correo. “Como usted comprenderá, el fiscal general del Estado no se dedica a filtrar unos correos por la noche”, le ha dicho al entrevistador. También ha resaltado que él no tuvo “conocimiento” de esos correos “hasta que un medio habla de esos correos”.

El caso que ahora ha asumido la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo arrancó cuando Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso e imputado por un doble fraude fiscal confeso, acusó a la Fiscalía de haber filtrado datos confidenciales de su caso en un comunicado público.

En realidad, en ese comunicado la Fiscalía de Madrid explicaba cómo se habían sucedido los contactos entre el abogado del empresario y el fiscal que le investigaba para alcanzar un posible pacto en un futuro juicio. En las horas anteriores, tanto Miguel Ángel Rodríguez como diversos medios de comunicación habían difundido que había sido el Ministerio Público el que había ofrecido el pacto. Pero fue la defensa del propio González Amador la que se dirigió por escrito al Ministerio Público para reconocer sus delitos fiscales y ofrecer un pacto.