Súbito paso de funcionarios a salario global costará ¢300.000 millones, advierte Nogui Acosta
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, advirtió este miércoles de que un súbito traslado de miles de funcionarios públicos al esquema de salario global demandará ¢300.000 millones que el gobierno no tiene cómo financiar.
Así reaccionó el jerarca después de que, este 16 de octubre, los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminaron positivamente un proyecto de ley para que los empleados públicos con salario compuesto, que quedaron por debajo del salario global de su respectivo puesto, puedan trasladarse de inmediato a la nueva modalidad. El cambio implicaría un incremento salarial.
El plan, presentado por el diputado Gilbert Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN), fue avalado con cinco votos a favor y dos en contra. Se trata de un transitorio que se agregaría a la Ley Marco de Empleo Público (LMEP).
Sala IV avala salario global para funcionarios actuales y futuros
El ministro de Hacienda expresó preocupación por el avance del proyecto. “Los cálculos preliminares indican que este traslado podría generar un aumento en el gasto público de alrededor de ¢300.000 millones”, dijo.
El proyecto del liberacionista, quien intentó frenar la entrada en vigencia de la Ley de Empleo Público a principios del 2023, carece de datos sobre cuántos empleados se verían beneficiados y el costo real para el Estado.
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Durante la discusión de la LMEP, hace casi cuatro años, el Ministerio de Planificación y Política Económica (LMEP) indicó que 28.800 funcionarios públicos quedarían con salarios inferiores al global. En ese momento, se estimó que el traslado inmediato costaría alrededor de ¢32.000 millones anuales al Estado.
Por ello, se aprobó un transitorio avalado por la Sala IV para habilitar un traslado gradual, bajo el argumento de que era necesario proteger las finanzas públicas. Se estableció que estos funcionarios seguirían con su salario con pluses, como las anualidades, hasta alcanzar el salario global.
Este miércoles, a favor del proyecto de Gilbert Jiménez, votaron los diputados Danny Vargas, Alejandra Larios y Francisco Nicolás, del PLN; Daniela Rojas, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Rocío Alfaro, del Frente Amplio (FA).
Mientras tanto, Jorge Rojas y Daniel Vargas, del gobernante Partido Progreso Social Democrático (PPSD), votaron en contra. Ambos recordaron que tanto la reforma tributaria del 2018 como la Ley de Empleo Público ayudaron a contener el gasto en remuneraciones del Gobierno y, en consecuencia, a evitar un mayor crecimiento de la deuda pública.
Rojas señaló que la propuesta carece de estudios que justifiquen el aumento en el gasto público.
Por su parte, Rocío Alfaro defendió la iniciativa señalando que actualmente existe una desigualdad salarial entre empleados nuevos y antiguos. Calificó de injusto que quienes tienen más años en la institución ganen menos que los de nuevo ingreso.
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