El Congreso se resiste a derogar la Ley 32108 y aprueba parches
El Congreso aprobó -exonerándola de la segunda votación- la norma que plantea modificaciones a la cuestionada Ley 32108, la cual distintos expertos y la sociedad civil han denunciado por beneficiar a la criminalidad organizada.
Se mantiene la obligatoriedad de que los allanamientos sean con la presencia de un abogado. Pero se establece que será de la defensa pública, “el mismo que deberá estar presente desde el inicio de la ejecución de la medida bajo responsabilidad funcional”.
Si en caso el investigado quisiera contar con su propio abogado, la diligencia seguirá desarrollándose hasta que este se haga presente.
Asimismo, se establece que para que los delitos sean considerados crimen organizado deben ser penados con una pena privativa de la libertad igual o mayor a cinco años.
La definición de organización criminal queda como sigue: “Todo grupo con compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa compuesto por tres o más personas con carácter permanente o por tiempo indefinido que, de manera concertada y coordinada, se reparten roles correlacionados entre sí, para la comisión de delitos de extorsión, secuestro, sicariato y otros delitos sancionados con pena privativa de la libertad igual o mayor a cinco años en su extremo mínimo, con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro de orden material”. Votaron a favor 82 congresistas.
“En resumen, son parches para cuidarse de acusaciones. No quisieron la derogatoria”, afirmó Ruth Luque (Bloque Democrático Popular).
Criminalidad sistemática
El debate empezó en la mañana. Inicialmente los cambios sugeridos desde la Comisión de Justicia no fueron aceptados por los legisladores quienes, desde diferentes bancadas, criticaron la propuesta alcanzada por el titular de ese grupo de trabajo, Isaac Mita (Perú Libre).
Desde la semana pasada en el Legislativo se venían planteando una serie de cambios a la Ley 32108, aunque la insistencia desde varios sectores -transportistas, gremios empresariales, abogados, funcionarios del sistema de justicia, entre otros- era que se proceda con su derogatoria. No fueron escuchados.
De hecho, se notó una evidente resistencia a la derogación. Ilich López (Acción Popular) acaso fue el más transparente en sus motivaciones: “¿Qué es lo que va a pasar ahora? La presión mediática, con los malos fiscales, prepárense colegas, van a mandar allanamientos a cualquiera de los colegas congresistas para que tuerzan sus voluntades”. Es decir, pareciera que el objetivo es básicamente protegerse entre ellos.
Asimismo, en primera votación, el Pleno incorporó el delito de “criminalidad sistemática”.
Luego de una serie de cambios y dictámenes descartados por confusos y contradictorios, la fórmula se redujo a un solo párrafo.
Se propone la pena de cadena perpetua para quien “mediante el uso de municiones, armamento de fuego militar o civil, artefactos explosivos u otros de similares características provoque o realice conductas tipificadas como delitos de secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado y robo agravado, creando zozobra o terror en la población o una parte de ella”.