El juez del "caso Koldo" rechaza de nuevo imputar al presidente de Puertos del Estado
El magistrado que investiga en la Audiencia Nacional el "caso Koldo", Ismael Moreno, ha vuelto a rechazar imputar al que era presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo Lobo, cuando este organismo dependiente de Transportes adjudicó el suministro de mascarillas a la supuesta trama de cobro de comisiones ilegales.
La Fiscalía insistió otra vez para mostrarse contraria a que Lobo pase a ser considerado investigado en que las "meras y eventuales contradicciones" en el testimonio que prestó en su declaración como testigo el pasado 13 de septiembre sean "indicios suficientes" para entender que Lobo "haya podido ser participe" de los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias que se investigan.
El letrado representante de esta acusación, Javier María Pérez-Roldán, justificó la petición de la imputación de este antiguo alto cargo del Ministerio que dirigía José Luis Ábalos al entender que de la declaración que prestó ante el juez instructor se extraen "claras y manifiestas contradicciones que deben ser analizadas".
Entre las contradicciones en las que habría incurrido Lobo como parte de las explicaciones que dio en sede judicial, esta acusación destacó las "serias dudas" que le genera que en ningún momento lograse aclarar por qué" se escogió a la empresa de la supuesta trama de "mordidas" cuando había sobre la mesa otra oferta para la adquisición del material sanitario, de cuantía mucho menor. Se las ofrecían por menos de 11 millones de euros.
Asimismo, señaló Hazte Oír el hecho que el expresidente de Puertos aseguró que había mantenido contactos con el equipo jurídico del ente cada vez que surgían problemas con la adjudicación.
Un extremo que dos miembros del departamento legal negaron en su testifical ante el juez afirmando que Lobo no les traslado en ningún momento consulta alguna. Dejando claro, además, una de estas empleadas que "el órgano de contratación es el presidente de Puertos del Estado".
Esta parte de la acusación defendió ante el juez para pedir su imputación que Lobo era como jefe de Puertos el "máximo responsable" de los contratos públicos que se hicieron, incluyendo, por tanto, el que se suscribió con la empresa de la supuesta trama de "mordidas", Soluciones de Gestión, por valor de 20 millones de dinero público para hacerse con ocho millones de mascarillas.
No se indagará en el pago anticipado
Rechaza también el titular del Juzgado de Instrucción número 2 proceder a ordenar como diligencia requerir a la oficina del Banco Sabadell en la que se realizó un ingreso para comprobar si se pagó por adelantado a Soluciones la mitad del montante total de la operación.
Así como reclamar a la entidad bancaria información sobre si en fechas próximas se realizó algún préstamo a la adjudicataria, la mercantil de la trama, en el que se utilizó como aval con los 10 millones que le habría pagado anticipadamente Puertos.
Hazte Oír subrayó en su escrito de petición de esta diligencia que ni Lobo ni ninguno de los altos cargos de Puertos que fueron interrogados el mismo día fueron capaces de explicar de manera clara cómo fue el sistema de pago que se siguió para abonar a la mercantil de la presunta trama, Soluciones de Gestión, el precio acordado por las mascarillas adquiridas. Y sobre las explicaciones que dieron, aseguró, "parecen quedar al margen de la legalidad".
El Ministerio Público también le trasladó al magistrado Moreno su posición de que "no procede acceder" a estas dos diligencias bajo la tesis de que durante las declaraciones como testigos de varios cargos de la entidad pública dedicada a la gestión de puertos de todo el país se demostró que "lo que se hizo fue consignar parte del precio de las mascarillas" al Banco Sabadell.
Para que, "según se iban recibiendo los envíos", ir desbloqueando la parte de los 20 millones correspondiente y abonar así progresivamente a Soluciones los servicios prestados. Una forma de proceder que, sin embargo, no descartan que pueda ser una irregularidad administrativa, pero sobre la que niega el fiscal que pueda tener "trascendencia penal" en este procedimiento.