La electrificación del parque automovilístico en Europa se está realizando a distintas velocidades, pero en prácticamente todos los países de la UE la implantación del coche eléctrico va más lenta de lo esperado. Pesea ello la Comisión Europea mantiene su objetivo de prohibir las ventas de coches de combustión en el territorio comunitario a partir de 2035, a pesar de la oposición frontal del sector automovilístico. A día de hoy, el objetivo de Bruselas es reducir las emisiones contaminantes en hasta un 55% en 2030 y alcanzar las cero emisiones netas a mediados de siglo. Ante esta situación, la Asociación Europea de Concesionarios (Aecdr) a la que pertenece la patronal española Faconauto ha remitido una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, en la que solicitan una «revisión urgente» de las normativas de emisiones de dióxido de carbono para «ajustarlas a la realidad del mercado actual». Aecdr propone adelantar la revisión de la normativa de objetivos de emisiones contaminantes a 2025 --actualmente está prevista para entre 2026 y 2027-- con el ánimo de analizar las «condiciones necesarias» para establecer un calendario «acorde a la situación actual y las perspectivas futuras». De esta manera, dicen los concesionarios, se conseguiría asegurar la viabilidad del tejido empresarial europeo y una «transición ordenada» hace el coche eléctrico; hacia una movilidad, dicen, donde «nadie quede excluido». En su carta, los concesionarios exponen que los «ambiciosos objetivos de ventas» de vehículos eléctricos, impulsados tanto por los fabricantes como por la inminente normativa de la UE, están planteando importantes retos. En muchos países europeos, y en la mayoría de las redes, estos objetivos están resultando «extremadamente difíciles de cumplir, ya que las condiciones del mercado simplemente no están preparadas para un cambio tan rápido». Según sus cifras, esto ha provocado un fuerte descenso de las ventas de BEV, a pesar de la estabilidad general del mercado. La brecha entre los objetivos fijados para la adopción de VE y la realidad de la preparación del mercado es cada vez mayor, lo que deja claro que «la industria no está preparada para cumplir las próximas exigencias normativas». Si no se modifican los objetivos entienden que en 2025, las sanciones económicas asociadas a su incumplimiento, combinadas con los elevados costes de los BEV, están a punto de reducir drásticamente la producción. Esto «afectará gravemente al número de vehículos que nuestras redes pueden vender, amenazando miles de puestos de trabajo» y la sostenibilidad de las empresas en toda la cadena de suministro. Desde España, Faconauto, que representa a más de 2.000 concesionarios en España y emplea a más de 161.000 personas, apoya firmemente la transición hacia una movilidad más sostenible, pero insiste en la necesidad de un periodo de adaptación más amplio y realista. «La carta enviada hace eco de las barreras que enfrentan tanto los concesionarios como los consumidores: falta de infraestructura de recarga, costos elevados y dudas sobre la autonomía de los vehículos eléctricos», explican desde esta asociación. A su vez han enviado una carta a los europarlamentarios españoles y al Gobierno de España, solicitando su apoyo para defender los intereses de los concesionarios y asegurar un mercado más competitivo, preparado para los retos de la electrificación..
