Pastores con opiniones divididas sobre impuestos a las iglesias en la reforma fiscal
Santo Domingo.- El Pastor Ezequiel Molina Rosario se muestra de acuerdo en que las iglesias paguen impuestos, como lo estipula el proyecto de modernización fiscal. Sin embargo, exige al gobierno que combata la evasión.
Dijo que todos los dominicanos deben pagar impuestos “siempre y cuando sean justos”.
El religioso habló de la corrupción, que, según él, se lleva una gran tajada cada año, “pero eso se queda tapado”.
Por su parte, Feliciano Lacen, presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), aseguró este jueves que las iglesias no católicas no pagarán impuestos con la reforma fiscal.
El proyecto de Modernización Fiscal que el Gobierno depositó en el Congreso Nacional plantea la modificación de la Ley No. 122-05, que actualmente exonera de impuestos y de toda clase de tributo a las asociaciones sin fines de lucro, entre ellas las iglesias.
Este proyecto de reforma fiscal elimina el texto que establece: «Gozarán de una exención general de todos los tributos, impuestos, tasas, contribuciones especiales, de carácter nacional o municipal, vigentes o futuros» contenido en la referida ley.
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El líder religioso reconoció la necesidad de la reforma, ya que esta está contemplada en la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo (END); sin embargo, expresó su desacuerdo con la forma en que se está llevando a cabo.
Al ser abordado por la prensa a su salida de las vistas públicas en el Congreso Nacional, el pastor Lacen señaló que apelan al artículo 39 de la Constitución de la República para garantizar la igualdad de condiciones en cuanto a la fe con las iglesias no católicas.
«Las iglesias evangélicas pueden estar tranquilas; todas las dependencias eclesiásticas no serán tocadas», afirmó el pastor.
El presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) hizo un llamado al país para que entienda que es necesario continuar con el desarrollo, abogando por una mayor inversión en salud y carreteras.
Reiteró el compromiso de las iglesias no solo con la inversión social, sino también en salud e infraestructura para los dominicanos y los más desfavorecidos.
Explicó que el artículo 35 del borrador del proyecto de Modernización Fiscal implica impuestos, por lo que apelaron al artículo 39 de la Constitución.
Ayer, la Mesa de Diálogo y Representación Cristiana, junto con los concilios y organizaciones que la conforman, rechazó el proyecto de Modernización Fiscal presentado por el Gobierno, dado que este plantea la modificación de la Ley No. 122-05, que actualmente exonera de impuestos y tributos a las asociaciones sin fines de lucro, incluidas las iglesias.
El proyecto de reforma fiscal también elimina el texto que establece: «Gozarán de una exención general de todos los tributos, impuestos, tasas, contribuciones especiales, de carácter nacional o municipal, vigentes o futuros» contenido en la referida ley.
Mientras se mantiene la exención del impuesto sobre la renta (ISR) a las iglesias y de cualquier gravamen a donaciones y legados, plantea que aquellas ONGs dedicadas a actividades educativas estarán exentas del ISR sobre los ingresos generados «siempre y cuando no distribuyan en todo o en parte los ingresos o ganancias netas generadas por la entidad a personas físicas o jurídicas».
El Obispo Reynaldo Franco Aquino manifestó: “Rechazamos rotundamente la pretensión de imponer estas cargas impositivas que afectarían nuestra capacidad de seguir operando en beneficio de la nación. Lejos de ser gravadas, las iglesias deberían recibir un reconocimiento por su invaluable contribución al bienestar social, lo que debería traducirse en una contrapartida presupuestaria seria y una exención total de impuestos. El rol transformador que desempeñamos en áreas como la educación, la salud y la acción social es reconocido y debe ser apoyado, no penalizado fiscalmente”, puntualizó.
Sostuvo que las implicaciones de gravar a las iglesias evangélicas con impuestos son devastadoras y que el único amparo que han tenido como iglesias ha sido la Ley 122-05, que regula las ONG y establece las exenciones para las organizaciones sin fines de lucro, permitiendo a las iglesias realizar su trabajo con autonomía y eficiencia, apoyando a las comunidades más vulnerables.
Aclaró que eliminar estas exenciones afectaría directamente la capacidad de las iglesias para continuar su misión de transformación social, debilitando no solo su impacto en el país, sino también su estructura organizativa y financiera.
Argumentó que el ataque fiscal a las iglesias evangélicas resalta la urgencia de establecer un marco legal sólido que garantice la libertad religiosa y proteja el trabajo que las organizaciones religiosas desempeñan en la sociedad.
Por ello, la Mesa de Diálogo anuncia que todas las organizaciones protestantes están dando los toques finales a un proyecto de ley que será sometido al Congreso Nacional para garantizar los derechos y libertades de las iglesias, con un marco normativo que reconozca y respalde su rol transformador.
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