La primera ministra italiana, Giorgia Meloni , ha conseguido que la Unión Europea rompa todos los tabúes en materia de control de la inmigración. La reunión del jueves del Consejo Europeo no ha llegado a ningún acuerdo concreto ni ha aprobado ninguna fórmula mágica . Ni siquiera todos los países estaban de acuerdo en prácticamente nada. La principal novedad que ha emergido de esta reunión es que ya no hay líneas rojas o aspectos inaceptables, ni siquiera para la Comisión Europea, para tratar de poner orden en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos de la UE. Antes de que comenzase la reunión propiamente dicha, un grupo de países se había reunido aparte a invitación precisamente de la primera ministra italiana, para hablar del centro de custodia de inmigrantes que ha puesto en marcha en territorio albanés. Entre ellos había algunos como Holanda, en cuya coalición de gobierno figura el partido antiinmigración de Geert Wilders, o la Polonia del popular Donald Tusk, aunque lo más significativo de todo fue la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo que podía interpretarse como una aprobación tácita de este modelo que hace unos años habría sido considerado como anatema en la política europea. Es muy raro que la presidenta se sume de esta forma a una iniciativa que no incluye a todos los países. La realidad es que en los últimos años también ha cambiado mucho el ambiente político en la UE y el jueves se puso de manifiesto con la celebración de una reunión política de los líderes europeos de partidos de derecha radical , al menos los que están en la órbita del primer ministro húngaro Viktor Orbán, a la imagen de las que organizan tradicionalmente cada uno de los partidos de la corriente europea, los populares, los socialistas y los liberales, lo que también expresaba su determinación de intervenir con fuerza en las decisiones políticas. En efecto, después de la reunión de líderes del grupo de Patriotas por Europa, el vencedor de las últimas elecciones en Holanda, Geert Wilders, reconoció que ahora « soplan nuevos vientos en Europa », refiriéndose a que se han abierto de par en par las puertas para una discusión sobre una política migratoria más rigurosa. La líder de extrema derecha francesa Marine Le Pen llegó a decir que no cree que la UE pueda detener la inmigración masiva. «Creo que los líderes de diferentes países se están dando cuenta de que ya no podemos continuar así. Tuvieron que pasar ocho millones de inmigrantes llegando a la Unión Europea durante más de diez años para que finalmente se dieran cuenta de que esto no puede durar». Hasta el canciller socialdemócrata alemán, Olaf Scholz ha llegado a admitir que no rechaza discutir sobre la utilización de esas instalaciones para gestionar las demandas de asilo fuera del territorio europeo, conocidas como 'hubs', a pesar de que piensa que «no resolverán el problema» y que para él lo importante sería antes poner en marcha el pacto migratorio acordado por los veintisiete países después de ocho años (dieciséis presidencias) de discusiones. Para el canciller, «si todos seguimos las reglas que tenemos, ya estaríamos más avanzados». Sin embargo, este es el mismo Scholz que recientemente decidió restablecer los controles fronterizos con el resto del espacio Schengen, precisamente para mostrar su voluntad de afrontar el problema ante la perspectiva de un aumento significativo de los resultados de Alternativa para Alemania. En el caso de Francia, el nuevo primer ministro y antiguo comisario europeo, Michel Barnier, también ha asumido que «las reglas deben revisarse para que se puedan acelerar las deportaciones» de los que se considera que no tienen derecho a quedarse en Europa. Con Francia sumida en una crisis política de gran envergadura y Alemania pendiente de las elecciones federales del año que viene, la política comunitaria está falta de referentes fuertes, lo que explicaría que Tusk, el actual primer ministro polaco y ex presidente del Consejo Europeo, se alzase también como un referente con una rotunda propuesta de considerar a la inmigración irregular como parte de las «amenazas híbridas» que ponen en peligro la seguridad en la UE. Tusk, que sustituyó en el poder a los nacionalistas de extrema derecha que habían cerrado totalmente el país a la llegada de refugiados sirios, ha acabado decretando la suspensión de la legislación de acogida como respuesta a la presión incesante de personas que atraviesan Bielorrusia o que llegan desde Rusia, siempre con la anuencia de estos dos países gobernados por dictaduras. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se ha visto en cierto modo desplazado de esta discusión, porque es evidente que no está de acuerdo con la propuesta de construir 'hubs' fuera de la UE, pero tampoco se ha podido oponer a que el tema se discuta abiertamente en la reunión . Sánchez está en parte de acuerdo con su correligionario alemán por lo que respecta a la necesidad de que se apliquen los acuerdos del pacto migratorio que prevén primero un reforzamiento de la protección de las fronteras exteriores y también un aumento de las expulsiones de aquellos que no tengan derecho a quedarse en la UE. Sánchez ha preferido esta vez centrarse en la cuestión de Oriente Próximo, donde explota los resultados de su decisión de reconocer a Palestina junto a Irlanda, que en este campo le presiona también para mantener el mismo ímpetu, lo que le ha obligado a pactar con Alemania los matices de la declaración final.
