Fiscalía amplía allanamientos en Desyfin a bodegas en Escazú y Heredia
La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual informó este viernes de que amplió los allanamientos relacionados con la Financiera Desyfin a dos bodegas, ubicadas en Escazú y Heredia.
La primera de ellas es el almacén de una administradora de fideicomisos, ubicada en Escazú. El Ministerio Público indicó a La Nación que este inmueble pertenece a un tercero. El otro depósito pertenece a la financiera y está en Heredia.
Los procedimientos en la bodega de la administradora de fideicomisos y en la de Desyfin corresponden a una ampliación de las diligencias de allanamiento solicitadas por el despacho, indicó el Ministerio Público. Además de estos dos puntos, se mantienen activos los operativos en las oficinas centrales de Desyfin, en Escazú, iniciados el jueves.
A las 5:00 p. m. del viernes, el Departamento de Prensa del Ministerio Público no logró confirmar si los operativos relacionados con la financiera habían finalizado.
En los allanamientos decomisan prueba documental y digital, la cual será incorporada al expediente 24-000074-621-PE. De momento, no hay personas que figuren como imputadas.
Fiscalía allana sucursales de Desyfin y viviendas de los socios
Los allanamientos en Desyfin se iniciaron pasadas las 8 a. m. del jueves 17 de octubre. Este mismo día finalizaron siete de los nueve allanamientos solicitados en primera instancia y se mantiene tres activos este viernes.
En total el operativo abarca 10 puntos. Entre ellos se incluyeron cinco viviendas, de las cuales cuatro pertenecen a la familia Lacayo, quienes fungen como miembros de las sociedades propietarias del grupo.
Este caso se investiga desde el 13 de agosto pasado cuando se recibió una denuncia de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), a la que se sumó otra denuncia de la Interventoría de Financiera Desyfin, el 23 de setiembre.
Los posibles delitos que investiga la Fiscalía son administración fraudulenta y reducción de la pena. Esta última es una infracción a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (BCCR), estipulada en el artículo 158.
El delito de reducción de la pena se relaciona con la alteración de registros para ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones realizadas en las entidades financieras. También, con la entrega a la superintendencia y a los órganos supervisores auxiliares de datos o de informes falsos o inexactos para ocultar los riesgos o el estado de la entidad.
La Financiera Desyfin fue intervenida por orden del Conassif el 13 de agosto pasado. La entidad fue declarada inviable debido a que acumuló pérdidas por ¢21.968 millones en agosto, que consumieron todo el patrimonio.