El Boletín Oficial del Estado ( BOE ) ha publicado este sábado la ley sobre intercambio de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales en la Unión Europea. La norma beneficiará a una cuarentena de presos de ETA , que podrán salir antes de lo previsto de prisión al contabilizarse las condenas que han cumplido en otros países. Aunque el Partido Popular utilizó su mayoría en el Senado para rechazar la reforma legal , el pasado martes, PSOE y Sumar dieron por definitivamente aprobada la ley gracias a su mayoría en la Mesa del Congreso. Una vez dado este paso, el texto fue remitido directamente al BOE sin tener que someterlo de nuevo a votación en el Congreso, como pretendía el Senado tras esgrimir un informe de los letrados de la Cámara Alta. Y es que el presidente del Senado, Pedro Rollán, interpreta que el rechazo implica un veto a la ley , por lo que devolvió el texto al Congreso para ser aprobado definitivamente. No obstante, se trata de una conclusión inusual ya que se tiene que haber presentado previamente un veto, algo que nadie registró en la Cámara Alta, informa EP. «Un rechazo del texto en el Senado por mayoría absoluta, sin haberse presentado veto ni enmiendas, es un caso inédito», reconoce el texto de la secretaria general del Senado, que apunta que «ante la falta de precedentes y a la vista de lo señalado por la sentencia del Tribunal Constitucional 97/2002, puede considerarse de conformidad con el artículo 106.1 del Reglamento del Senado, como un veto, dando lugar por consiguiente a la vuelta del texto al Congreso». La norma contó con el voto en contra en el Pleno del Senado de los 144 senadores del PP, así como de Vox y UPN, mientras que el PSOE, ERC, EH Bildu, PNV, Junts y el resto de sus socios parlamentarios votaron a favor. Según esta interpretación de la Presidencia del Senado, la reforma legal no debería publicarse en el BOE directamente pese a no haberse modificado el texto durante su tramitación ni haberse registrado un veto formalmente durante su tramitación en la Cámara Alta. Por ello, devolvieron el texto al Congreso para que levantara el «veto». Esta ha sido la principal polémica, ya que la unanimidad del Congreso aprobó esta reforma legal, tanto en el Pleno como en Comisión, y PP y Vox no reaccionaron en el Senado hasta que trascendió la semana pasada que podría beneficiar a hasta 44 presos de ETA. Este viernes la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, avanzó que su formación planteará la presentación de un conflicto de atribuciones con el Congreso ante el Tribunal Constitucional si la norma se publicaba en el BOE. «Nos parece inadmisible el acuerdo de la Mesa del Congreso, que ha despachado este asunto sin ningún informe jurídico que lo avale y usurpando la capacidad de interpretar el Reglamento del Senado, que no le compete», ha indicado Alicia García.
