Italia ha dado luz verde a criminalizar la gestación subrogada también cuando se realice en el extranjero. De esta manera se ha convertido en un «delito universal», y se perseguirá con cárcel de tres meses hasta dos años y con multas de 600.000 a un millón de euros. Sobre esta ley, que está suscitando un amplio debate por sus repercusiones e implicaciones éticas, ABC ha entrevistado a la jurista Filomena Gallo, Secretaria Nacional de la Asociación Luca Coscioni, organización activa a nivel internacional en la protección de las libertades civiles. Gallo es conocida en Italia por haber llevado a cabo campañas jurídicas capaces de sentar jurisprudencia tanto sobre el tema del 'fin de la vida' como sobre la procreación médicamente asistida , anulando las prohibiciones previstas por la ley original sobre el tema. Además, es especialista en Derecho de Menores, Derecho de Familia y Derecho Público, y consultora experta en la Agencia italiana del fármaco. En 1998 fue uno de los miembros fundadores de 'Amica cicogna', una asociación de parejas infértiles y personas que necesitan acceso a técnicas reproductivas. -¿Cuál es su valoración de la ley de gestación subrogada? La ley Varchi [recibe el nombre de la parlamentaria promotora de la Ley] representa un enorme retroceso para los derechos de la familia. Penaliza a quienes recurren a la gestación subrogada, incluso en países donde es legal, sin tener en cuenta las situaciones personales y médicas de muchas parejas. Es una ley punitiva, que no resuelve las necesidades de quienes no pueden tener hijos y afecta también a quienes se ven obligados a buscar soluciones en el extranjero . -La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, siguiendo la campaña del Papa Francisco sobre esta cuestión, afirma que la gestación subrogada es «inhumana» y que no está justificada desde un punto de vista ético. Calificar de «inhumano» a la GPA [gestación por otros, en sus siglas en italiano]es una posición altamente ideológica. Cada caso debe ser evaluado en su contexto. Muchas personas que utilizan la GPA lo hacen por motivos profundamente humanos y personales, como superar una enfermedad o la infertilidad. Reducir la cuestión a un juicio ético sin considerar la vida y los deseos de estas personas es injusto y poco realista. -¿Por qué muchos ya dicen que será inaplicable e incluso inconstitucional? La ley será difícil de aplicar porque el embarazo ajeno está regulado en 66 países y no será fácil obtener cooperación internacional para reunir pruebas contra quienes la utilicen en el extranjero. Además, plantea dudas de constitucionalidad, ya que podría violar el derecho a la familia, consagrado en los convenios internacionales y en la Constitución italiana. -¿Es justo prohibir la gestación subrogada en todos los casos, incluso cuando existe un acuerdo altruista entre la madre subrogada y los futuros padres? No, eso no es justo. Cuando hay un acuerdo altruista entre la madre subrogada y los padres, se trata de una elección consciente y de apoyo, no de una mercantilización. Pero, en cualquier caso, no es justo ni siquiera cuando se basa en leyes que prevén una compensación, pero que siempre se respeta la libre elección de la mujer. Una prohibición total no tiene en cuenta la realidad de estos acuerdos que se basan en normas precisas, en leyes, que puedan ser éticas y respetuosas. -¿La prohibición viola el derecho a formar una familia? Sí, la prohibición del la GPA puede violar el derecho fundamental a formar una familia, reconocido por la Constitución y las convenciones de derechos humanos. Impedir que las parejas que por su salud o condición requieran técnicas de fecundación asistida, puedan ser padres es una infracción de este derecho. -El declarar como 'delito universal' la gestación subrogada penalizando incluso a los padres que recurren a ese sistema en el extranjero, ¿Qué conflicto legal puede haber con otros países? Penalizar a los padres que actúan de acuerdo con las leyes de otros países no tiene sentido y crea un conflicto legal entre sistemas. La ley debería centrarse en proteger a las personas, no en criminalizar a quienes intentan formar una familia conforme a leyes legítimas de otras naciones. -Con esta ley, ¿Qué derechos tienen los niños nacidos por gestación subrogada? ¿Se ha tenido en cuenta la situación? Los derechos de los niños nacidos a través de GPA no se han considerado adecuadamente. La ley plantea muchas dudas sobre su protección y corre el riesgo de dejar a estos niños en una situación jurídica incierta, sin reconocimiento ni protección adecuados. -¿Está justificado equiparar la gestación subrogada con la «mercantilización» del cuerpo femenino? No en todos los casos. Comparar la GPA altruista con la «mercantilización» es engañoso. En situaciones en las que las mujeres eligen libremente ayudar a otras parejas por elección propia, y quizás sin ninguna compensación, esto es un acto de generosidad, no de explotación. La generalización no está justificada. -Dado que Italia no permite la adopción a parejas del mismo sexo, ¿Cómo afecta la prohibición a las parejas homosexuales? Esta prohibición golpea duramente a las parejas homosexuales, especialmente a las formadas por parejas masculinas, que en Italia no tienen acceso a la adopción. Para ellos, el GPA era a menudo el único camino para convertirse en padres. La prohibición agrava la discriminación ya existente y les niega el derecho a una familia. -¿Existen alternativas a esta prohibición total? Sí, hay alternativas. La solidaridad y una regulación controlada del GPA son una opción viable. En lugar de prohibirla por completo, se podrían establecer criterios claros que garanticen la transparencia y la protección de todas las partes involucradas, incluidas las madres subrogadas y los niños. -¿En qué situación jurídica se encuentran quienes han iniciado el proceso de gestación subrogada? Quienes ya han iniciado el viaje del GPA al extranjero se encuentran en una situación de gran incertidumbre. Muchas parejas ya están esperando el nacimiento o han completado etapas cruciales del proceso, y pueden verse obligadas a enfrentar largas batallas legales para el reconocimiento de los derechos de sus hijos.
