De manera sorpresiva, a dos semanas de las elecciones municipales, el gobierno de Gabriel Boric se ve inmerso en una de sus crisis más graves ante la caída del «hombre fuerte» en materia de seguridad, el subsecretario del Interior, quien ha renunciado a su cargo para enfrentar una acusación de violación y abuso sexual. El socialista Manuel Monsalve (59 años) fue denunciado por una colaboradora de su gabinete, de 32 años, que fue víctima de los abusos tras una cena de trabajo el domingo 22 de septiembre, cuando los chilenos ponían fin a sus celebraciones de Fiestas Patrias. El presidente Gabriel Boric fue informado de esto por su ministra del Interior, Carolina Tohá, el martes después de que el director de la Policía de Investigaciones (PDI) le comunicara que sus detectives debían ejecutar órdenes emanadas de la fiscalía que encabeza Xavier Armendáriz. Solo 48 horas después y cuando la denuncia se filtró al vespertino 'La Segunda', el mandatario resolvió remover a Monsalve de su cargo debido a su mando directo sobre las policías y designar en su reemplazo al ministro de Justicia, Luis Cordero. El escándalo golpea al corazón de un Gobierno feminista que, además, ha centrado su gestión en el control de la delincuencia y crimen organizado, rol en el que Monsalve se había convertido en el hombre fuerte y de paso le había valido el apoyo de los partidos de la oposición. Este viernes, el mandatario se enfrentó a las preguntas de la prensa durante más de 50 minutos, su conferencia de prensa más larga desde que asumió el poder, y al explicar el conocimiento que tenía del caso, llevó la crisis al centro del Palacio de La Moneda. Entre sus múltiples declaraciones, develó que durante la conversación que sostuvo con Monsalve el martes en la noche, éste le señaló que había revisado las imágenes de las cámaras del hotel donde reside, dejando así al descubierto que había tomado acciones antes de que la denuncia se formalizará. Este acto implicó que el fiscal Armendáriz abriera otro proceso en su contra por eventual obstrucción a la justicia y ley de inteligencia. El exsubsecretario, oriundo de Concepción, ciudad puerto al sur de la capital, reside en Santiago en un hotel céntrico, y según los hechos relatados por la denunciante, durante una cena y después de haber consumido dos pisco sour (un cóctel chileno), perdió la noción de los hechos y se despertó el lunes 23 en la cama del acusado. Los cercanos a Monsalve, en las últimas horas, han dejado entrever que pudieron haber sido drogados y que por ello pidió a policías de la PDI que revisaran las cámaras del hotel para saber en qué estado llegaron. Boric, visiblemente afectado por los hechos, quiso dar una señal de transparencia respondiendo a la prensa, pese a que sus asesores intentaron en varias oportunidades que diera por terminado el encuentro porque sus declaraciones estaban ahondado la crisis. Solo minutos después dirigentes de la oposición demandaron que la justicia cite al presidente en calidad de testigo por su eventual «omisión de denuncias» al conocer que Monsalve se había adelantado al fiscal. Los mismos lo criticaron por no haber destituido al exsubsecretario tras imponerse de la denuncia. «Yo solamente sé la versión, no corresponde que dé detalles. Respecto de sí hubo alteración de pruebas, obstrucción a la justicia, no tengo ningún conocimiento de aquello. Esto es lo que se tiene que investigar», dijo Boric. Dirigentes del Frente Amplio (FA) también han mostrado su preocupación por la forma cómo se han desarrollado los hechos, entre otros, por haber permitido que Monsalve comunicara su renuncia en La Moneda, dando a entender que contaba con el respaldo del Gobierno. En la oportunidad el exsubsecretario dijo «no haber cometido ningún acto constitutivo de delito». La directiva del partido FA no sólo pidió el esclarecimiento de los hechos, sino que afirmó que los actos de Monsalve «atentan seriamente contra los principios que sustentan nuestro proyecto político, encabezado por el presidente Boric. Un Gobierno con perspectiva feminista, como el nuestro, exige coherencia y proactividad para eliminar todo tipo abuso y avanzar en la igualdad de género». En tanto, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, miembro del comité político, lamentó no haber sido informada de lo que ocurría el mismo martes y enterarse por la prensa el jueves, cuando aterrizó en el país procedente de Ginebra. El Partido Socialista (PS). Inmediatamente conocidos los hechos, suspendió la militancia de Monsalve y demandó una investigación sin «privilegios procesales». Además, dirigentes oficialistas cuestionan duramente el manejo de esta situación por haberla convertido en una crisis política. La fiscalía, en sus primeras diligencias, además de entrevistar a trabajadores del restorán y del hotel, requisó los celulares de Monsalve y su jefe de gabinete Gabriel de la Fuente, y tomó declaraciones a tres testigos de oídas que aconsejaron a la víctima interponer la denuncia, cosa que ocurrió el lunes 14 de octubre. El reemplazante de Monsalve, Luis Cordero, un destacado abogado que ha delineado las «salidas» del Gobierno en distintas crisis, cuenta con la simpatía de la oposición y, podría, en el futuro próximo ser designado el primer ministro de Seguridad Pública cuando esta cartera entre en funciones. El Congreso está próximo a despachar una ley que separará las materias de seguridad de las funciones administrativas y políticas que también lleva el Ministerio de Interior a cargo de Carolina Tohá. Entre sus primeras medidas Cordero solicitó la renuncia de Gabriel de la Fuente. Mientras, la PDI inició un sumario administrativo contra los guardaespaldas de Monsalve, quien el día de los hechos oficiaba de ministro del Interior subrogante, por haber abandonado la custodia de la autoridad el domingo 22 en la madrugada y retomarla en lunes 23 en la tarde a petición del exsubsecretario. Otra polémica se abrió al conocerse que el denunciado utilizó un avión de Carabineros para viajar el miércoles a Concepción a adelantar a su familia la tormenta que se desataría en las siguientes horas, cuestión que podría ser objeto de amonestación al utilizar una aeronave fiscal para un asunto personal. Estos hechos se suceden en momentos en que la delincuencia encabeza la lista de demandas de la ciudadanía y a dos semanas de las elecciones municipales, acto en el que el subsecretario del Interior tiene la responsabilidad de asegurar su normal desarrollo.
