Feijóo redobla su ofensiva a tres bandas por el «caso Koldo»
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, está centrado en la ofensiva «jurídica, parlamentaria e internacional» del PP por el llamado «caso Koldo» y, tras las revelaciones del informe de la UCO, ya trabaja en «amplificar» el «desgaste» del Gobierno con más «líneas de ataque»: el «vínculo» que tuvo con Pedro Sánchez el empresario y conseguidor de la presunta trama corrupta, Víctor Aldama, o las «mentiras» del Gobierno en relación con la visita a España de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en enero de 2020.
Los populares seguirán pidiendo explicaciones sobre el papel clave del «comisionista Aldama» en la trama y su relación con Sánchez. «Aldama estaba en nómina de Air Europa», recalcan fuentes de la dirección del PP, en alusión a su labor como asesor de Globalia.
El PP también pondrá el foco en las incógnitas e incongruencias que, según este partido, sigue rodeando la visita de Delcy Rodríguez a España. Así, el informe de la UCO apunta a que el exministro José Luis Ábalos informó a Sánchez del viaje de la número dos de Nicolás Maduro y que el presidente no puso «pegas».
Ante esas relevaciones del «caso Koldo» recogidas en el informe de la UCO, que concede a Ábalos un «papel relevante» en la presunta trama y se refiere a Sánchez como «el 1», la dirección del PP ha reactivado el grupo de trabajo y seguimiento que creó cuando estalló este caso el pasado febrero. Componen ese grupo el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, Elías Bendodo; el responsable de Cultura y portavoz del partido, Borja Sémper; la vicesecretaria de Educación y Sanidad, Ester Muñoz, y los portavoces en el Congreso y en el Senado, Miguel Tellado y Alicia García, entre otros.
En Génova aseguran que «esto no ha hecho más que empezar» porque queda por conocer «volcados de móviles, testificales y nuevas imputaciones», algo que puede hacer que esta causa se prolongue «durante años». «Es la muerte a pellizcos», sostienen fuentes de la cúpula del PP, que auguran un viacrucis judicial para el entorno de Sánchez y el PSOE, pero también una «mayor desafección» de sus propios votantes.
El PP proseguirá su ofensiva política la próxima semana en el Parlamento para «amplificar el desgaste» del Gobierno, según fuentes del partido, si bien Feijóo no podrá interpelar el día 23 a Pedro Sánchez en el Pleno del Congreso por la XXXV Cumbre Hispano-Lusa que se celebrará en la ciudad portuguesa de Faro, a la que el jefe del Ejecutivo acudirá acompañado por un buen número de ministros. Pese a esas ausencias, el PP quiere convertir el Pleno de control al Gobierno en un debate monográfico sobre corrupción y ha preparado una batería de preguntas a la vicepresidenta María Jesús Montero y al ministro de Justicia, Félix Bolaños, así como a los titulares de Igualdad, Ana Redondo, y de Transformación Digital, Óscar López. Además, el PP reactivará la próxima semana la comisión de investigación del Senado sobre el «caso Koldo», con la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que seguirán después más cargos de la cúpula del ministerio.
En el plano internacional, Feijóo seguirá trasladando en sus visitas fuera de España la situación judicial que afecta al Gobierno de Sánchez como hizo esta semana en sus viajes a Bruselas con su familia política del Partido Popular Europeo (PPE) o el presidente de la CDU, Friedrich Merz. «Los colegas europeos han mostrado su preocupación por la situación judicial del Gobierno de España y también del entorno del presidente», dijo Feijóo tras la cumbre del PPE.
Paralelamente, el PP buscará poner a los socios de Sánchez "frente al espejo" y les reclamará ser "coherentes" con sus decisiones pasadas, tras su apoyo a la moción de censura que impulsó Pedro Sánchez en 2018 esgrimiendo el 'caso Gürtel' y la supuesta corrupción que afectaba al Partido Popular de Mariano Rajoy.
Este jueves desde Bruselas, el líder del PP pidió a PNV y Junts que "revisen su posición" porque el cambio político en España es "inevitable". Sin embargo, los 'populares' también ponen el foco en Podemos o el partido de Yolanda Díaz. "Sumar está siendo condescendiente con la corrupción que afecta al Gobierno", aseguran a Europa Press fuentes del equipo de Feijóo.
En el plano internacional, Feijóo seguirá trasladando en sus visitas fuera de España la situación judicial que afecta al Gobierno de Sánchez como hizo esta semana en sus viajes a Bruselas con su familia política del Partido Popular Europeo (PPE) o el presidente de la CDU, Friedrich Merz.
"Los colegas europeos han mostrado su preocupación por la situación judicial del Gobierno de España y también del entorno del presidente del Gobierno", dijo Feijóo tras la cumbre del PPE, donde coincidió con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
El PP, que ya se personó en el 'caso Koldo', ha solicitado también personarse en la causa abierta por el supuesto fraude de hidrocarburos que investiga el juez Santiago Pedraz, un caso por el que ya ha ingresado en prisión Aldama, comisionista del 'caso Koldo'.
Los 'populares' han realizado esta petición de personación en la querella que presentaron ante el Juzgado Central de Instrucción Número 5 contra el PSOE por un presunto delito de financiación ilegal, en base al testimonio de un empresario que asegura que entregó 90.000 euros e la sede socialista de Ferraz.
Por lo pronto, la Fiscalía Anticorrupción ya ha pedido al juez Pedraz que inadmita esa querella del PP. Su posible archivo no preocupa en la dirección nacional del partido que cree que, aunque eso suceda, ya ha conseguido cumplir su objetivo.
Así, en 'Génova' relativizan el coste que podría suponer ese archivo por entender que su obligación es pedir que la Justicia investigue cualquier "indicio" de posible corrupción, dado que están ante un "escándalo de dimensiones desconocidas", según fuentes del partido.
En la dirección nacional del PP hacen hincapié en que en este momento "nadie del PSOE ha negado la entrada en Ferraz de una persona vinculada a la trama de hidrocarburos" sino que se ha limitado a asegurar que la ley de protección de datos les obliga a borrar cada 30 días los registros de visitas a su sede.