¿Quién ordenó el desacato?
A dieciocho días de haber protestado guardar y hacer guardar la Constitución, Claudia Sheinbaum anunció que desacataría la orden de una jueza federal porque “una jueza no está por encima del Pueblo de México” y, por lo visto, Sheinbaum es la encarnación del Pueblo.
Cuando ella dice “el Pueblo” quiere decir la mayoría, pero la inmensa mayoría no votó por ella. Votaron por Sheinbaum 36 de 100 millones de posibles votantes. El Pueblo (la mayoría de los mexicanos) no le otorgó el mandato de reformar el Poder Judicial para volverlo tan abyecto como el Poder Legislativo. Entonces, si no fue “el Pueblo” quien le ordenó que siguiera con el plan de inutilizar al Poder Judicial Federal y con él a la Suprema Corte de Justicia, ¿de quién fue la orden?
(Apenas unas horas después de que Sheinbaum anunció que desacataría la ley, subió el gobierno un video en el que la muestra saludando a la guardia militar. Una veintena de tomas repitiendo el mismo gesto de cuadrarse frente a los militares. ¿Qué necesidad había de mostrar ese respaldo castrense luego de anunciar su decisión de dejar de cumplir la ley?)
López Obrador no dio la orden de lanzar una brutal ofensiva en contra del Poder Judicial luego de que la ministra Norma Piña decidió no ponerse de pie en una ceremonia oficial. Según refiere el ministro González Alcántara en una reciente entrevista, la tomó luego de que la Suprema Corte invalidó el traslado administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena.
Al afectar la Suprema Corte a las Fuerzas Armadas, se decidió remover ese obstáculo. No solo eso: se decidió humillar, desde el púlpito presidencial, a los jueces y ministros. Se dispuso de toda la fuerza de propaganda del gobierno para denostarlos. La Suprema Corte no podía estar por encima de las Fuerzas Armadas.
Cuando aprehendieron al General Cienfuegos en Estados Unidos, la reacción al día siguiente de López Obrador no fue de apoyo al militar detenido. Fue la cúpula militar la que le pidió (¿le exigió?) que modificara su actitud e hiciera todo lo posible por traer de regreso al general. Así lo hizo López Obrador. Utilizando a los migrantes como elemento de extorsión, forzó el regreso del general comprometiéndose a que se le juzgaría en México. Ocurrió lo contrario, López Obrador lo exoneró e inc luso lo condecoró. La imagen del presidente con la cabeza gacha frente al general condecorado fue más que elocuente.
Hace unos días, el General Miguel Ángel López Martínez, en un discurso a su tropa, les decía: “Hasta la pinche Suprema Corte va a mamar ahora con el nuevo gobierno”. Y remataba: “ni modo, eso quiso el pueblo y ya”. Según el militar, el pueblo quiso que “mamara” la Suprema Corte, esto es, que se acabara, que dejara de funcionar. ¿Cómo? Volviéndola inútil con la reforma judicial.
¿El Ejército es Pueblo? Según Fernando Escalante (México: el peso del pasado, Cal y arena, 2024) se afirma que el Ejército es pueblo por el origen popular de la tropa, pero esto ocurre en todo el mundo. El Ejército tiene privilegios con los que no cuenta el pueblo: sueldo, casa, seguridad social y legal. Aunque el ascenso de los militares viene de décadas atrás, con López Obrador se consolidó el militarismo. Controlan puertos, aeropuertos, carreteras y aduanas. Vigilan las instalaciones petroleras y de electricidad. Se hacen cargo de la seguridad. Les faltaba supeditar al Poder Judicial. Ningún juez podrá estar por encima del pueblo y “el Ejército es pueblo”.
De acuerdo a Fernando Escalante, el equilibrio entre civiles y militares se rompió a favor de estos últimos cuando el Ejército se negó a informar, en abril de 2014, acerca del número de civiles que habían perdido la vida a manos de las fuerzas armadas. En ese momento se cerró el paréntesis civilista que duró poco más de 60 años.
El ascenso de los militares al poder vino de la mano de la guerra contra las drogas ordenada por Estados Unidos en los años setenta. Se llevaron a cabo entonces vastas ocupaciones militares en Sinaloa y Guerrero (no es casual que esas dos entidades presenten hoy un avanzado estado de descomposición social). La ocupación de las instituciones es la continuación de esa lógica por otros medios.
La lógica es la siguiente. Al gobierno de Morena no le interesa acabar con los pobres porque perderían con ellos su clientela electoral. Del mismo modo, a las Fuerzas Armadas no les interesa acabar con la inseguridad, porque a mayor inseguridad, mayor presencia militar. Así como Morena administra la pobreza, los militares administran la inseguridad. Por eso no la enfrentan. Por eso los abrazos, no balazos. Por eso en seis años no pudieron, ni quisieron, aprehender al Mayo Zambada.
Al desacatar las disposiciones de una jueza federal, Sheinbaum declara con sus actos que su presidencia renuncia a la legalidad constitucional. No gobernará amparada en las leyes sino en la fuerza. Encerrada en un Palacio (¿un búnker?) custodiado por militares. Detrás de grandes vallas de hierro. Dictadora se escribe con A.