Dignidad y Justicia también recurre el archivo de la investigación a "Anboto" por el asesinato de Miguel Ángel Blanco
Como ya hizo respecto a Ignacio Gracia Arregui, "Iñaki de Rentería", y Mikel Albisu, "Mikel Antza", Dignidad y Justicia (DyJ) ha formalizado en la Audiencia Nacional su intención de recurrir en casación ante el Tribunal Supremo (TS) el archivo de la investigación contra la también exdirigente de ETA Soledad Iparraguirre, "Anboto", por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, acordada recientemente por la Sala de lo Penal al considerar que su supuesta responsabilidad penal ya ha prescrito.
En el escrito remitido a la Sección Cuarta, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la letrada de la asociación de víctimas, Vanessa Santiago, asegura que esa resolución "no resulta ajustada a Derecho", por lo que recurrirá en casación por infracción de ley y por infracción de precepto constitucional.
Y es que la asociación que preside Daniel Portero defiende que cuando entró en vigor la Ley Orgánica 5/2010 que estableció el carácter imprescriptible de los crímenes de ETA la responsabilidad penal de los exjefes de ETA procesados por el asesinato del concejal del PP en Ermua no había prescrito. De ahí que entienda que la Audiencia Nacional "aplicó indebidamente" la ley "al no apreciar la concurrencia de actos procesales con capacidad y eficacia interruptiva de la prescripción".
DyJ sostiene que la decisión de archivar la causa respecto a los tres exjefes de ETA (un cuarto, José Javier Arizkuren Ruiz, "Kantauri", sigue procesado por estos hechos) vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva "por haber hecho una interpretación contraria a Derecho respecto" de la prescripción, "impidiendo la continuación de la investigación" que dirigió hasta su reciente jubilación el magistrado Manuel García Castellón.
Como ha hecho también el PP, otra de las acusaciones populares, la Fundación Villacisneros, ha anunciado asimismo su intención de llevar hasta el Supremo el archivo acordado por la Audiencia Nacional respecto a los tres exdirigentes de ETA
La Audiencia Nacional tomó la decisión tras constatar que "resulta indiscutido" que han transcurrido más de 20 años desde el 12 de Julio de 1997, cuando fue asesinado Miguel Ángel Blanco, y el 6 de febrero de 2022, cuando el juez Manuel García Castellón admitió a trámite la querella de Dignidad y Justicia (DyJ) contra varios exjefes de ETA que dio origen al procedimiento.
En todo ese tiempo, exponía la Sala, "no se dirigió ningún acto de imputación contra dichos procesados ni ninguna actuación procesal hábil para entender que el proceso se ha dirigido contra ellos", por lo que el plazo de prescripción de veinte años no se interrumpió.
Los magistrados estimaron por tanto los recursos interpuestos por la defensa de tres de los procesados al entender que de no hacerlo "vulneraría los principio de legalidad , de seguridad jurídica, de irretroactividad de las normas penales y sancionadoras no favorables y de prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos".
García Castellón procesó en marzo pasado a los cuatro exdirigentes de ETA como supuestos autores mediatos de la acción criminal, imputándoles delitos de secuestro y asesinato terrorista con agravante de alevosía. Según argumentaba, la posición de dominio que ostentaban en la organización terrorista les habría permitido impedir el asesinato. Al no hacerlo, argumentaba, pusieron de relieve "una voluntad inequívoca en la producción del resultado".
El entonces magistrado de la Audiencia Nacional señalaba que dada la disciplina y la organización que imperaba en ETA, las órdenes de atentar seguían "una cadena de mando" vertical y "militar" que iba desde el comité ejecutivo a los miembros de los "comandos" encargados de ejecutarlas. Por tanto, aseguraba, la cúpula etarra tuvo en sus manos la posibilidad de evitar el asesinato de Miguel Ángel Blanco al disponer de "suficiente capacidad de mando y de decisión sobre la actividad terrorista de la organización".
Según García Castellón, "Anboto" fue la principal responsable de los "comandos legales" y dirigió el "aparato militar" entre principios de 1993 y finales de 1998, cuando empezó a desarrollar otras funciones directivas relacionadas con la gestión de las finanzas de ETA y el control de los "zulos". Una posición predominante que le llevó a tener una "participación en la dirección de las acciones terroristas", llegando a fijar "los objetivos potenciales de las mismas".