El Gobierno de Meloni aprueba un decreto para salvar su proyecto migratorio en Albania
El Gobierno de Giorgia Meloni aprobó un decreto ley que blinda la lista de países considerados seguros para sortear las lagunas legislativas que han permitido a los jueces tumbar los centros construidos en Albania la misma semana de su inauguración. La reforma, aprobada en un consejo de ministros extraordinario tras el revés judicial de la semana pasada al modelo migratorio impulsado por la primera ministra, permitirá agilizar las repatriaciones de los inmigrantes.
En mayo, el Gobierno, con un decreto emanado por el Ministerio de Exteriores, amplió hasta 22 la lista de países considerados seguros para los que reconocía excepciones, como por ejemplo, determinadas categorías de personas o disidentes políticos. Sin embargo, con la reforma aprobada este lunes, el Ejecutivo reduce hasta 19 el elenco (desaparecen Colombia, Nigeria y Camerún) y dificulta la capacidad de interpretación de los jueces al tratarse de un decreto ley.
El Tribunal de Roma rechazó la semana pasada convalidar el procedimiento de repatriación de las 12 personas procedentes de Egipto y Bangladés recluidas en el centro construido por Italia en Albania -a las que se había denegado la solicitud de asilo en un tiempo récord-, y ordenó su retorno inmediato a Italia. Los magistrados basaron su decisión en una reciente sentencia del Tribunal de Justicia europeo, que considera que un país no se puede considerar seguro si no lo es en todo su territorio y para todas las personas. De ahí, la decisión de cancelar de la lista Colombia, Nigeria y Camerún.
Italia es uno de los estados de la Unión Europea con mayor número de migrantes procedentes de países considerados seguros, después de que el Gobierno de Meloni aumentase hace en mayo de 16 a 22 la cifra de estas naciones. Una de las nuevas incorporaciones fue Bangladés, a pesar de la crisis política en la que está sumido el país y de la discriminación que sufre la comunidad LGTBI, que se enfrenta a la cadena perpetua por su condición.
Esto permite rechazar automáticamente las peticiones de asilo de los inmigrantes bengalíes, que sólo en los primeros seis meses del año fueron más del 27% del total de los que desembarcaron en las costas italianas. Algo parecido ocurre con Túnez, de donde procede el 13% de los irregulares y que el país transalpino también incluye en la lista de naciones seguras, pero donde la homosexualidad está penada con hasta tres años de cárcel.
En cualquier caso, en el nuevo pacto migratorio de la UE, aprobado la pasada primavera y que entrará en vigor en 2026, el concepto de país seguro deberá ser armonizado entre todos los Veintisiete.
La decisión del Tribunal de Roma ha abierto una guerra entre el Gobierno y la magistratura. “El poder judicial debe aplicar las leyes, no modificarlas ni impedir que el ejecutivo pueda hacer su trabajo”, lanzó el vicepresidente y líder de Forza Italia, Antonio Tajani. La propia Meloni evocó una conspiración de los jueces y la oposición, que tendría como objetivo deslegitimar su acción política, mientras que el presidente del Senado, Ignazio La Russa, propuso reformar la Constitución para definir mejor las competencias de los magistrados. Una declaración que fue considerada extremadamente grave por el opositor Partido Democrático.
La Asociación Nacional de Magistrados, que representa a los jueces en Italia, argumentó que el Tribunal de Roma “se limitó a aplicar la legislación europea” y que lo hizo “respetando los derechos y garantías de las personas”. Sin embargo, para el ministro de la Justicia, Carlo Nordio “la sentencia del Tribunal Europeo no fue bien entendida por los jueces”, aseguró este lunes tras el consejo de ministros.
En un intento de justificar el presunto 'complot', la primera ministra italiana compartió en sus redes sociales el mensaje de un juez enviado a varios colegas de la Asociación Nacional de Magistrados en el que advertía sobre el peligro que representaba la líder de Hermanos de Italia, que a diferencia de Silvio Berlusconi --que solía referirse a los jueces de Milán como “togas rojas”-- no ataca a la magistratura por intereses personales, sino “por visiones políticas”. “Y esto hace mucho más peligrosa su acción”, escribió el fiscal adjunto del Tribunal Supremo, Marco Patarnello.
En el realidad, en el mismo mensaje -que Meloni y el diario que lo publicó se encargaron de cortar omitiendo esta segunda parte-, Patarnello deja claro que no es trabajo de los jueces “hacer oposición política, sino defender la jurisdicción y el derecho de los ciudadanos a tener un juez independiente”.