Al borde del banquillo cuatro trabajadores de una funeraria por una trama para lucrarse con cadáveres donados falsamente a la ciencia

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia ha encausado a las cuatro personas a las que investigaba por urdir presuntamente una trama desde una empresa funeraria para lucrarse a costa de una suerte de tráfico de cadáveres falsamente donados a la ciencia . El magistrado considera que, de las diligencias practicadas, existen suficientes indicios de la comisión de delitos de estafa y de falsedad de documentos tanto públicos como privados. El instructor ha dictado sendos autos de procedimiento abreviado contra los mismos implicados - dos empleados y dos responsables de la mercantil - en el marco de las dos causas que seguía por estos hechos , una por las supuestas irregularidades detectadas en relación a un cadáver y otra por las relacionadas con los cuerpos de otros siete difuntos. En el primero de estos procedimientos hay indicios que apuntan a que los investigados se confabularon para falsificar un documento donde se hacía constar erróneamente que un ciudadano francés fallecido, cuyo cadáver habían recogido dos de ellos en diciembre de 2002 del mortuorio del Hospital La Fe de Valencia y llevado después a una universidad privada de Valencia, había donado su cuerpo a la ciencia. Igualmente, según se recoge en el auto judicial fechado el pasado 22 de septiembre, en otro documento figuraba un nombre falso para ocultar la identidad real del empleado -uno de los investigados- de la funeraria que había acudido a la recogida de los restos mortales. Esa documentación fue entregada tanto al Hospital La Fe como al Registro Civil de Valencia «con la intención de lograr un posterior beneficio económico por la gestión de servicios funerarios», añade el magistrado, pues la empresa elaboró una factura de 1.331 euros en enero de 2023 que, sin embargo, fue anulada en mayo de ese mismo año. La segunda de las causas instruida por el mismo juzgado afectaba a los trámites realizados por la misma funeraria con respecto a los cadáveres de otras siete personas fallecidas entre octubre de 2020 y diciembre de 2022. En este caso, el juez entiende que existen «serias dudas» sobre «la realidad de los documentos de donación» de los cuerpos a la ciencia e indicios que apuntan a que fueron incinerados de forma fraudulenta, pues se introducían supuestamente varios de ellos en un mismo féretro pese a que después se facturaban por separado. Constan de hecho en la causa nueve facturas por incineración de cadáveres por importes que oscilan entre los 1.331 y los 1.784 euros girados a una universidad privada entre enero de 2018 y 2023 sin que conste que «fuera llevada a cabo en ningún crematorio de valencia, siendo los restos mortales incinerados junto a otros distintos», apunta el instructor. También constan otras dos facturas emitidas en 2021 a la Facultad de Medicina de una universidad pública de Valencia por los trámites funerarios de otros dos casos en los que tampoco consta la incineración. «En esta trama de enriquecimiento injusto a costa de la Universidad CEU y la Facultad de Medicina de Valencia, de una manera un tanto penosa, al tratarse de actividades sobre cadáveres» -prosigue el juez en su resolución-, que pese a tener la consideración de «objeto» en derecho no puede olvidarse que son «restos humanos, de personas que han fallecido, a los cuales se les debe tener cierto respeto y consideración». En esta línea, el magistrado concluye que la «trama urdida» por los cuatro investigados simuló presuntamente, inventó o falseó la donación de cuerpos a la ciencia «con el fin de emitir un gasto por los servicios funerarios que de otra manera no hubieran conseguido». Los dos autos de transformación de diligencias previas a procedimiento abreviado concluyen la fase de instrucción y emplazan a la Fiscalía y las acusaciones personadas para que soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación, el sobreseimiento o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias. Ambas resoluciones pueden ser recurridas en reforma (ante el propio Juzgado de Instrucción 1 de Valencia) y/o en apelación, ante la Audiencia Provincial.