29 diputados frenan plan para trasladar comunidad de San Vicente al cantón de Belén
Los diputados rechazaron este martes, en el plenario de la Asamblea Legislativa, una moción de dispensa de trámites para el proyecto de ley 24.625, que busca redefinir el límite entre los cantones de Alajuela y Belén, con el fin de que la comunidad de San Vicente sea reconocida como belemita y no alajuelense.
La dispensa de trámites habría permitido un proceso rápido del expediente directamente en el plenario. Tras el rechazo de la moción debido al voto de 29 diputados, la iniciativa del Poder Ejecutivo deberá ser estudiada por una comisión dictaminadora, siguiendo el trámite parlamentario habitual.
Desde hace más de dos décadas, la pertenencia del barrio San Vicente es motivo de polémica entre Heredia y Alajuela. Se trata de un sitio donde habitan 254 personas y, según el diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio, ya la Comisión de División Administrativa y Territorial, con participación del Instituto Geográfico Nacional (IGN), dio su dictamen: San Vicente es belemita y de la provincia de Heredia.
El legislador socialcristiano Horacio Alvarado aseguró que el Instituto Geográfico emitió su criterio técnico en el cual determinó que se trata de 0,34 kilómetros cuadrados, por lo que el distrito de San Rafael de Alajuela pasaría de tener 19,34 kilómetros cuadrados a solo 19 km cuadrados, mientras que el cantón de Belén pasaría de 12,38 km a 12,72 km.
En cuanto a la población que se anexaría a Belén, serían 254 personas que viven en esa franja entre la calle Potrerillos de Belén y el río Virilla, en el límite con el cantón de Santa Ana, provincia de San José.
“Esas 254 personas no son atendidas por autoridades del gobierno, porque alegan que no pertenecen ni a un cantón ni al otro. Cuando se trate de límites, solo el Ejecutivo puede convocar el proyecto y así se hizo en este caso”, indicó Alvarado.
Acuña, en tanto, afirmó que “la indefinición de límites afecta a esa comunidad, que se siente belemita, vive como belemita, está cerca de ese cantón y emprendió un complejo proceso”.
Agregó que la ley vigente indica que, ante una definición necesaria de límites entre provincias, el Poder Ejecutivo debe enviar, con sustento en un informe técnico, el proyecto de ley para estudio de la Asamblea Legislativa.
“Nos corresponde dar esta discusión con prontitud. Esta comunidad lleva años y años esperando esto, además de que es necesario definir esos límites antes del 31 de enero del 2025, para efectos de los siguientes procesos electorales y la gente de San Vicente tiene derecho a votar donde les corresponde, como belemitas”, dijo.
A favor de la dispensa de los trámites del plan de ley votaron 13 congresistas de cinco fracciones legislativas, específicamente una de Liberación Nacional (PLN), dos de Progreso Social Democrático (PPSD), tres del Frente Amplio (FA), dos del Liberal Progresista (PLP) y cuatro de la Unidad Social Cristiana (PUSC), además de la independiente María Marta Padilla.
En contra de que se tramite de forma acelerada el proyecto estuvieron 12 del PLN, 7 del PPSD, 6 de Nueva República (PNR), una del FA y 3 del PLP.
El jefe de Nueva República, el alajuelense José Pablo Sibaja, alegó que no está en contra de que se tramite la iniciativa, pero enfatizó que se debe hacer escuchando a las partes, pausadamente, lo que considera que no se habría podido con la dispensa de los trámites.
Sibaja indicó que hay vecinos de San Rafael de Alajuela y otros colectivos pidiendo ser escuchados.
El también alajuelense Luis Diego Vargas, jefe del PLP, dijo que se debe escuchar a las comunidades, tanto las autoridades municipales de Belén como Alajuela, y también hizo un llamado para que el proyecto no se envíe ni a la comisión investigadora de Heredia ni a la de Alajuela, sino más bien a un órgano legislativo neutral, como la de Gobierno y Administración, que tiene la potestad de ver este tipo de iniciativas.
En su estudio, la Comisión Nacional de División Territorial Administrativa explicó que el proyecto de ley pretende ordenar en el territorio gobernanza y planificación institucional para la provisión de servicios públicos para los habitantes de esa comunidad, por años abandonados tanto de las autoridades belemitas como alajuelenses.